Las reivindicaciones sociales y democráticas se amontonan en la mesa del Consejo de Ministros

Sin romper con los privilegios heredados del franquismo, y con los intereses de la burguesía, es imposible gobernar para la mayoría social

Los desahucios en cadena se siguen produciendo sin alternativa habitacional de ningún tipo, y al mismo tiempo oímos el cántico oficial, el que repiten los ministros de Sánchez, con aquello de que “a nadie se va a dejar atrás”… Los datos de la realidad, de la política antisocial de vivienda, son contundentes, desmintiendo una vez más el marketing gubernamental que impone un relato contrario a la realidad. En el año 2020 se van a superar los 20.000 desalojos de familias trabajadoras de sus casas, entre procesos hipotecarios, resolución de alquileres y ocupaciones en precario: familias enteras que son tiradas a la mitad de la calle, ya sean enfermos, jubilados y/o niños; todos son desalojados en pleno invierno y en plena pandemia. 

La Plataforma de Afectados por Hipoteca se ha dirigido en numerosas ocasiones al Gobierno y a las Cortes exigiendo una solución social y democrática. Y logró establecer un compromiso con grupos políticos y parlamentarios suficientes para que las Cortes aprobaran un “DecretoStopDesahucios”, si el Gobierno “progresista” lo promulgara. El tema es de urgencia social y humanitaria y lleva tiempo en la mesa del Consejo de Ministros sin que se tenga conocimiento de una propuesta definitiva. La PAH entiende que “los bancos, fondos buitre, grandes propietarios y las energéticas de este país, aparte de ser rescatadas con dinero público, continúan dictando al supuesto gobierno progresista las leyes que han de aprobarse y las que no”. Y, entre unos y otros, gobernando todos al dictado de los mismos, desde 2008 se ha producido ya la vergüenza antisocial de 1 millón de desahucios.

El problema de los desahucios no es el único que preocupa y ocupa los intereses y movimientos de la mayoría social, que exige un cambio de verdad y no juegos de palabras para encubrir la realidad. La negativa del gobierno a defender las demandas sociales y democráticas viene de lejos. Desde que Sánchez es presidente de Gobierno, se ha comprometido en varias ocasiones, y de forma solemne ante las Cortes, a la derogación de las contrarreformas sociales vigentes, tanto provenientes del gobierno del PP de Rajoy, como del de Zapatero, del PSOE… La oposición de la patronal -con aquello de que “no es el momento”- ha bastado para que el gobierno se ponga a sus órdenes.

Las pensiones quedan congeladas en la práctica y sometidas a los planes de privatización de la Unión Europea, al dictado de los consensos con los franquistas en el famoso Pacto de Toledo. El salario mínimo incumple los objetivos señalados por la normativa europea. Las demandas del movimiento feminista son ahogadas por el mismo Ministerio de Igualdad… Así, las principales reivindicaciones sociales y democráticas, que forman parte de un paquete integral de medidas de urgencia, chocan, una y otra vez, con las maniobras de un Gobierno que, teniendo mayoría para aprobarlas, como ha hecho con otras propuestas de ley con la oposición de los franquistas, se niega siquiera a proponerlas a las Cortes, para que todo siga igual en beneficio exclusivo de franquistas, banqueros y especuladores. 

Y eso es también lo que sucede con propuestas de ley, como la de la supuesta “Memoria Democrática”, que se reitera en la negación de las demandas de las víctimas del franquismo y sus familiares; protegiendo, una vez más, a las instituciones franquistas y de la dictadura, y en particular sus herederos, entre los que se encuentran los principales responsables de crímenes contra la humanidad de la dictadura y del periodo posterior.

Las amenazas hechas públicas de una posible vuelta a España del emérito, por Navidad, parece ser un lío más del régimen, en el que unos y otros no se acaban de aclarar. Parece ser que entre la Moncloa y la Zarzuela se colabora para evitar la vuelta de J. Carlos de Borbón. Y prefieren tenerlo a miles de kilómetros mientras buscan salidas a la situación.

 Una cosa es el lavado de fondos y otra es el lavado de imagen. No querer resolver en lo político y en lo judicial el lavado reiterado de fondos opacos por la Casa Real, como hace el Gobierno, no ayuda lo más mínimo al lavado de imagen del emérito, ni del titular actual de la misma institución; y tampoco contribuye a la supuesta estabilidad del régimen político continuista en general.

Con el pago realizado por los abogados del emérito a Hacienda de 678.000€, por manejo de tarjetas negras, lo que se produce es el reconocimiento material de que se ha cometido un fraude. Pero, por lo visto, no es el único fraude ni el más importante. Por ello, la cuestión del abuso de poder político y de la corrupción económica sigue y seguirá en primer plano de la actualidad. Los tribunales, el Gobierno y las Cortes Generales siguen y siguen sin decir nada coherente: ni del problema en toda su extensión y, mucho menos, aún de cualquier viso de solución democrática.

Quien parece ir más lejos en sus reflexiones pro monárquicas es el titular del Ministerio de Justicia, el exjuez Juan Carlos Campo, que en la mesa del Consejo de Ministros del pasado martes se destacó en pedir “prudencia y tranquilidad” en torno a la monarquía y a la posibilidad de una reforma constitucional sobre el modelo de Estado, así como a las valoraciones en torno al comportamiento del rey emérito. Subrayando que “la monarquía es el arco de bóveda del modelo de Estado, y podemos quitar una pieza y que se derrumbe todo”. Debe ser por ese razonamiento arquitectónico, tendente a mantener sine die la herencia franquista,  que el Gobierno y Sánchez en particular acuden para tratar de salir al paso del grave problema que tiene sobre la mesa de un Consejo de Ministros divido entre los que hablan de monarquía para siempre o de un lejano y difuso horizonte republicano. El falso argumento de que hay que diferenciar la conducta de las personas de las instituciones, con el significado de la Constitución y el actual modelo de Estado, se traduce en la más absoluta impunidad para el abuso de poder y las corruptelas de las más altas magistraturas de Estado. 

Por todo ello, demandamos un giro político y social republicano y de libre determinación, de ruptura con las instituciones del régimen del 78, giro destinado al cumplimiento de las reivindicaciones y aspiraciones de trabajadores y pueblos.

La subida general de salarios y pensiones, la lucha contra los despidos y los desahucios, el fin de la impunidad y la anulación de los privilegios del Ejército y la Iglesia… deben formar parte de un verdadero programa social por el cambio político e institucional.

El programa por el cambio político debe poder reagrupar las principales demandas, de forma  clara y simple; profundizando en ellas para favorecer la unidad y la más amplia movilización.

Espacioindependiente nº 387, jueves 17 de diciembre, 2020