Reunión de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias con el Diputado del Común

Hemos solicitado su mediación ante las estancias competentes para que se levante el veto del Gobierno del Estado al proyecto de Ley sobre la Reforma de las Pensiones presentado en el Congreso de los Diputados con el que nos identificamos por su alto contenido social.

También solicitamos su intervención ante el Gobierno de Canarias para que se palíe, mediante los complementos necesarios, la precaria situación de las personas perceptoras de pensiones mínimas de jubilación y no contributivas.

Durante el encuentro expusimos al Diputado nuestra alarma por el estado y las perspectivas del Sistema Público de Pensiones y las alternativas que plantea la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones y que esta Asociación comparte.

El vicepresidente de la Asociación, con el Diputado del Común

Adjuntamos el documento registrado en la Oficina del Diputado del Común al final de la reunión.

DOCUMENTO REGISTRADO:

Sr. D. Jerónimo Saavedra Acevedo
Diputado del Común

Los gobiernos que se han sucedido en el Estado en los últimos años han achacado el creciente deterioro del sistema público de pensiones a la crisis económica. Pero lo cierto es que, basándose en ese pretexto, el PSOE y –en mayor medida– el PP han puesto en práctica una serie de políticas con el objetivo de cargar las consecuencias de esa crisis solamente sobre las clases subalternas de la sociedad (trabajadores de todo tipo y condición, pequeños y medianos empresarios, funcionarios, pensionistas…), en beneficio exclusivo de la banca y los grandes consorcios empresariales, los verdaderos responsables del crack económico. Hoy las rentas del capital en el Estado español crecen el doble que los salarios, los ricos se están haciendo inmensamente ricos, a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población.

EL FONDO DE RESERVA.-Son esas políticas, y no la crisis en sí, que se pudo haber combatido con otras medidas menos antisociales, las causantes de la ruina del sistema público de pensiones en España, que hoy arrastra un déficit superior a los 18.000 millones de euros, después del saqueo por los gobiernos de Rajoy del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en noviembre de 2011 llegó a tener 66.815 millones de euros y ahora está prácticamente agotado. En efecto, en noviembre de 2011, a finales de la última legislatura de Rodríguez Zapatero, ya con cuatro años de crisis y con una cifra de desempleo que llegaba a los cuatro millones y medio de personas, el sistema de pensiones no sólo carecía de déficit, sino que incluso tenía superávit suficiente para hacer aportaciones importantes al Fondo de Reserva. Con la llegada del PP al Gobierno un mes después, el sistema público empezó a tener déficit en los ingresos, disminuyeron las aportaciones al Fondo y se empezó a sacar dinero del mismo en grandes cantidades –muy por encima del 3% que permitía el Pacto de Toledo en momentos difíciles– hasta llegar a la situación actual.

RECORTES Y REFORMAS.- Los recortes sociales, avalados por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que prima el pago de la deuda sobre la inversión pública, y las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP), unidas a otras medidas antisociales como los copagos farmacéuticos, han sido factores que han abocado a millones de trabajadores activos al paro, la precariedad y la miseria. La misma situación que está afectando también a una gran mayoría de pensionistas; debido, aparte de estas políticas generales, a la reforma del sistema de pensiones realizada por el PSOE en 2011, que endureció las condiciones para acceder a una pensión digna y, especialmente, a la del PP en 2013, que desvinculó del IPC la subida de las pensiones. Así, desde hace seis años las pensiones sólo se revalorizan un 0,25% anual, lo que en la práctica ha significado la congelación de las mismas con una pérdida de más del 6% del poder de compra de las jubiladas y jubilados.
Ahora, que dicen que la crisis se ha superado y se ha llegado a niveles de empleo similares a los de 2008, resulta que debido al trabajo precario, las horas extra no pagadas y los bajos salarios, las aportaciones laborales a la Seguridad Social están dos puntos por debajo de los gastos. Y si a esto añadimos otras disposiciones, como las tarifas planas que bonifican a las empresas por contratación indefinida y que han supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de más de 21.000 millones de euros en los últimos años, las consecuencias para el equilibrio financiero del sistema, están siendo devastadoras.

PROYECTO DE LEY.- Para revertir esta situación, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea presentó a trámite el pasado mes de julio en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre Reforma de las Pensiones, que ha sido vetado por el Gobierno. Este Proyecto de Ley es apoyado por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, a la que pertenece nuestra Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, porque muchos de los aspectos que contempla coinciden con nuestra tabla reivindicativa y porque no se nos oculta que con su veto el Gobierno del PP pretende seguir aplicando sus políticas económicas en materia de pensiones, que conducen, según reciente informe de la OCDE, al paulatino e inexorable empobrecimiento de las y los pensionistas.

EN CANARIAS, PEOR.- En Canarias, debido a nuestro subdesarrollo económico, la situación es aún peor. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social referentes al pasado mes de octubre, los cerca de 300.000 pensionistas del Archipiélago perciben 311.830 prestaciones, con una media de 851 euros mensuales. Pero ya se sabe que en cuestión de prestaciones sociales los porcentajes medios son engañosos, pues constituyen el resultado de dividir el monto total de las mismas por el número de personas que acceden a ellas y, concretamente en el caso de los y las pensionistas, están desde la exigua minoría que cobra la pensión contributiva máxima de 2.573 euros al mes (que descontando el IRPF se quedan en poco más de 2.100) y las que tienen una pensión no contributiva mínima que, según la normativa vigente, no podrá ser inferior a la fastuosa cantidad de 92,23 euros mensuales. La prestación no contributiva íntegra oscila entre los 360 y los 550 euros al mes. En Canarias hay 43.700 jubiladas/os con esta modalidad de pensión, una de las cifras más altas del Estado.

Considerando las pensiones no contributivas y las contributivas, vemos que más de la mitad de las y los pensionistas canarios (en torno a 155.000) cobra menos del salario mínimo, fijado para 2017 en 707,6 euros. De estos, unos 60.000 están en la franja de los que perciben entre 600 y 650 euros y alrededor de 30.000 en las franjas inferiores, de 360 euros para abajo. De los más de nueve millones de pensionistas que existen en el Estado español los canarios y canarias se encuentran entre los que menos cobran.

Es también en Canarias donde más se nota la brecha de género en las pensiones. La mayor parte de las personas que reciben una pensión no contributiva –las más míseras– son mujeres y éstas en general vienen a cobrar por término medio un 35%-37% menos que los varones, muy por encima de la media nacional.

No es aventurado suponer que la gran mayoría de las y los pensionistas canarios se encuentran encuadrados en ese 46,6% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que nos achaca el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN, en sus siglas en inglés), la cifra más alta de España y 16,7 puntos por encima de la media nacional.

En varias ocasiones el Parlamento de Canarias, instancias de los grupos Podemos, Socialista e incluso de Coalición Canaria, ha aprobado proposiciones no de ley encaminadas a mejorar la cuantía de las pensiones en las Islas, especialmente las no contributivas, pero en la práctica estas proposiciones no han tenido efectividad.

NUESTRAS REIVINDICACIONES.- La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, de la que nuestra Asociación forma parte, plantea una tabla reivindicativa, cuyos puntos principales son los siguientes:

1º.- Que los desfases entre ingresos y gastos de la Seguridad Social se cubran desde los Presupuestos Generales del Estado.
2º.- Aumentar la cuantía de las pensiones –empezando por las no contributivas y contributivas mínimas–, hasta igualarlas al salario mínimo interprofesional; dentro del objetivo de lograr que la pensión mínima alcance los 1.080 euros, que es lo fijado por la Carta Social Europea como necesario para tener una vida digna.
3º.- Recuperar el modelo de revalorización automática de las pensiones en relación al IPC, para asegurar el mantenimiento de su poder adquisitivo.
4º.- Restablecer los 65 años como edad máxima de jubilación, en el contexto de una escala que considere edades más tempranas de retiro para aquellas profesiones que impliquen un mayor desgaste o riesgo físico o psíquico de los trabajadores y trabajadoras que las ejercen.
5º.- Establecer fórmulas que rompan la brecha existente entre las pensiones percibidas por hombres y mujeres.
6º.- Eliminar todo tipo de copago o repago farmacéutico
7º.- Alcanzar cuanto antes la inversión media de la UE en pensiones.
8º.- Mantener el carácter público de los servicios de la Seguridad Social, sin privatizar la gestión.

Solicitamos del Diputado del Común de Canarias la mediación ante las instancias competentes para que se levante el veto del Gobierno del Estado al Proyecto de Ley sobre Reforma de las Pensiones presentado en el Congreso de los Diputados. Así mismo, la mediación ante el Gobierno de Canarias para que tenga en cuenta en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2018 la mejora, mediante los complementos necesarios, de las pensiones no contributivas en la perspectiva de igualarlas en un futuro próximo al salario mínimo interprofesional.

Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias 
[email protected]

Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre de 2017

Julián Ayala Armas
Presidente