Reunión entre Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 - LA PLATAFORMA (Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias)

- El Gobierno asumirá la necesidad de revisar las restricciones en el régimen de visitas y salidas en las residencias, una vez concluido el estado de alarma y cinco meses después de las vacunaciones masivas en los geriátricos

- El Gobierno español integra definitivamente a usuarias y familiares de residencias en los foros institucionales

- LA PLATAFORMA Estatal, que agrupa a 17 organizaciones de 10 CC.AA., se incorpora a la mesa del Diálogo Civil

- Derechos Sociales se compromete a evaluar las secuelas físicas y psíquicas que han dejado en los mayores de las residencias los confinamientos y la pandemia en general. El estudio lo financiarán los fondos europeos del Plan de Recuperación

* Las familias han pedido ante la Administración central, un cambio de rumbo a los diferentes Gobiernos en las políticas sociales, que evite el actual maltrato institucional en los derechos de las personas mayores

* La aportación económica de la Comisión Europea a través del Plan de Recuperación significará una inversión directa de 2.000 millones de euros en el ‘cambio de modelo’  de los servicios sociales basado en la denominada ‘estrategia de desinstitucionalización’, que obliga a construir y equipar residencias públicas 

* Los portavoces de Derechos Sociales hicieron hincapié en lo que denominaron ‘Principios irrenunciables’ del actual Gobierno español en asuntos sociales: Respeto a los derechos de las personas y la atención sanitaria como un derecho ciudadano. Por su parte, el Plan de Choque de la dependencia prioriza la eliminación de las listas de espera y la mejora de las prestaciones y de las condiciones de trabajo

El Gobierno español, a través de la Secretaría de Estado del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha invitado a LA PLATAFORMA Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias a participar permanentemente en la mesa del Diálogo Civil, uno de los tres escenarios primordiales, junto al Consejo Territorial y a la mesa del Diálogo Social, en los que se van a dirimir las cuestiones vitales en el desarrollo de la dependencia, y por extensión, en el análisis del funcionamiento de las residencias de personas mayores y de discapacidad, salvajemente golpeadas durante la gestión de la pandemia, aunque buena parte de sus problemas, graves, ya habían enraizado en la década pasada. La ratio del personal, la formación laboral, el tamaño de los geriátricos, los tipos de habitaciones, el papel de las inspecciones... son ejemplos de las materias fundamentales que se van a dirimir en el futuro próximo en este triple foro donde intervienen instituciones, patronal, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Esta invitación oficial se ha producido en el marco de una reunión que han desarrollado telemáticamente representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (Secretaría de Estado e IMSERSO) y los portavoces de LA PLATAFORMA Estatal que agrupa desde mayo a 17 organizaciones de familiares y usuarias de residencias de diez Comunidades Autónomas, colectivos que ya venían trabajando desde mediados de la década pasada advirtiendo del “inaceptable modelo economicista” que amparaba al negocio geriátrico en España. “Os hemos hecho un seguimiento, hemos estudiado vuestras peticiones, sois un agente relevante, y por eso nos gustaría contar con vosotros, nos interesa escucharos”. Así se manifestó Jorge Uxó González, director del Gabinete del Secretario de Estado de Derechos Sociales. “Pedimos que os suméis a estas discusiones en las mesas que conformamos, en este espíritu constructivo que demostráis, aparte de trasladar vuestras reivindicaciones justas sobre lo que hicimos mal las Administraciones y de incidir en vuestro derecho a pedirnos cuentas”.

En este marco de colaboración, Jorge Uxó anunció la toma en consideración de dos de las propuestas clave expuestas por LA PLATAFORMA a través de su Decálogo por un Nuevo Modelo de Residencias en la presentación pública del colectivo el pasado 12 de mayo, y que afectan a la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y al preocupante deterioro físico y psíquico que muestran en plena pandemia las personas mayores ingresadas en residencias. Así el Gobierno central trasladará este mes a las diferentes consejerías autonómicas de políticas sociales la necesidad de revisar las situaciones de restricciones al acceso de familiares a las instalaciones de las residencias, limitaciones que en buena parte de las Comunidades Autónomas aún se circunscriben a visitas de 3 horas semanales, con normas aún más drásticas en Catalunya o Comunitat Valenciana, por ejemplo.

“¿Cómo es posible que siga habiendo restricciones en las visitas a las residencias?”, se preguntó Uxó recordando los niveles de vacunación relativamente altos que presenta la sociedad española, y en especial la población residente y las personas mayores en general. Según el compromiso avanzado por la Secretaría de Estado, estas medidas limitadoras se revisarán en la próxima reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde se integran los regidores de los diferentes departamentos autonómicos de los asuntos sociales. La reunión del Consejo Territorial se desarrollará este mes de julio.

LA PLATAFORMA Estatal viene denunciando que poco se ha avanzado en la “normalización” de la vida cotidiana dentro de las residencias desde la vacunación masiva en los geriátricos en el pasado mes de enero. “Se trata de una cuestión clara de vulneración de derechos fundamentales”, como expresaron los portavoces de usuarias y familias. “Las actuales medidas limitadoras en las visitas a estos centros y salidas de los residentes, sin estado de alarma y sin riesgos epidemiológicos graves en la población, no se sostienen jurídicamente”. Las familias consideran que existe una entente estratégica ‘de facto’ entre administraciones y empresas operadoras en cuanto a mantener las restricciones al acceso de los familiares y aplazar ‘sine die’ la “normalización” de la vida y actividades en los centros residenciales.

Asimismo, el Gobierno central también se ha comprometido a llevar a cabo una de las principales reivindicaciones de LA PLATAFORMA: La evaluación de la situación post-confinamiento de las personas mayores que viven en las residencias, el estudio de las secuelas físicas y psíquicas, patentes y latentes, tras los diferentes confinamientos o aislamientos sufridos en la pandemia por este sector de población absolutamente vulnerable. “Es necesario y deberemos hacerlo”, dijo Uxó. Este análisis profundo, clínico y social, se financiará con fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para los representantes de LA PLATAFORMA “es hora de afrontar el análisis de este deterioro para determinar las políticas asistenciales y sanitarias, y sus protocolos respectivos, para tratar de revertir o por lo menos frenar el apagón vital que han sufrido las personas mayores ingresadas en residencias”.

La evaluación de las secuelas en las residencias caminará paralelamente, según anunció la Secretaría de Estado, junto a uno de los trabajos de campo importantes que abordará el Ministerio en esta legislatura: “La evaluación completa del sistema de dependencia nacional, de 360 grados, que englobe todos los aspectos: en términos económicos, cómo se están prestando los recursos, las listas de espera, cómo se sienten usuarias y sus familias, las necesidades de formación, la atención sociosanitaria, qué se hizo mal, qué está fallando... una gran encuesta sobre la dependencia en España”, remarcó Jorge Uxó.

En este denso y fructífero encuentro telemático, los representantes de LA PLATAFORMA han hecho referencia especial a los miles de fallecimientos ocurridos en las residencias en el Estado español (más de 30.000 por Covid-19 o síntomas compatibles) y a la necesidad de que tanto los Parlamentos como la Justicia, ’entren’ por fin en las Residencias: “Se requiere de un rigor y sensibilidad especiales de la Justicia para afrontar el análisis de unos acontecimientos todavía por investigar, y una inmersión (formación) de jueces, fiscales y secretarios judiciales en los derechos de las personas mayores; y al mismo tiempo, también se precisa en los Parlamentos un relato exhaustivo de lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia, así como exigir en la agenda de todos los Gobiernos un cambio de rumbo que evite el actual maltrato institucional en los derechos de las personas mayores”.

Jorge Uxó, en nombre del Gobierno, pidió perdón a las familias y usuarias, a las víctimas, por todo aquello por lo que las Administraciones públicas no estuvieron a la altura durante la pandemia. “Es por eso”, señaló, “desde el aprendizaje, desde lo urgente incluso, desde lo estructural, trataremos que no vuelva a suceder”. Para ello, el Ministerio ha dispuesto, según explicó Uxó, el Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, lo que antes era un plan de legislatura ahora, tras lo sucedido, se ha convertido en una prioridad, con tres puntos fundamentales: 1. Eliminar las listas de espera (prioritario para este año); 2. Mejorar las prestaciones; 3. Mejorar las condiciones de trabajo de las personas que están en los servicios sociales profesionales.

Al Plan de Choque se unirá, “para impulsar la estrategia de cambio de modelo de servicios sociales”, la “importante” aportación económica de la Comisión Europea para impulsar la actividad a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Alrededor de 2.000 millones de euros se destinarán a inversión directa en proyectos que incidirán en este cambio de modelo, que se basará en parte en una estrategia de desinstitucionalización que, según Uxó, “nos lo está pidiendo la Comunidad Europea y también vosotros, los agentes sociales, y que se puede fundamentar, por ejemplo, en: La atención y respeto a los derechos de las personas mayores y discapacitadas; un enfoque sólido en los apoyos y cuidados, amplios y suficientes; cambiar el modelo asistencial que vosotros denomináis hotelero; e invertir en residencias públicas, en algunos casos en nuevos equipamientos, en otros casos remodelación de los existentes”. Se condicionará el reparto de estos fondos a que las Comunidades Autónomas establezcan Planes que vayan en esas líneas marcadas.

Los portavoces de Derechos Sociales hicieron hincapié en lo que denominaron enfáticamente ‘Principios irrenunciables’ del actual Gobierno español en asuntos sociales: Respeto a los derechos de las personas y la atención sanitaria como un derecho ciudadano. Dos cuestiones esenciales, dos banderas irrenunciables para los colectivos de usuarias y familias, tras la espantosa deriva de los últimos años, con la expulsión del sistema hospitalario público de las personas mayores enfermos crónicos, y con la atroz marginación y abandono de los infectados por covid en las residencias sobre todo en la primera fase de la pandemia.

En varios momentos hubo lugar a la autocrítica por parte del Ministerio. “La Administración General del Estado no ha cumplido en su papel de coordinador y sobre todo cofinanciador en la dependencia” (teniendo en cuenta que la memoria económica de la Ley de Dependencia hablaba en su momento de un 50% de aportación del Estado, que nunca se ha cumplido). “Ahora -según Uxó- el Estado aportará 3.600 millones en 3 años -600 en 2021, 1.200 en 2022, y 1.800 en 2023- para revertir sensiblemente la situación de deuda acumulada hacia las CC.AA., del 20% se pasará al 34% de participación”.

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Participantes en el encuentro Ministerio Derechos Sociales / LA PLATAFORMA

Ministerio:

- Jorge Uxó, Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

- Luis Barriga, Director General del IMSERSO

- Berta González, Vocal asesora de la Estrategia de Desinstitucionalización

- Carmen García, Responsable de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales

LA PLATAFORMA:

- Paulino Campos (presidente de REDE, de Galicia)

- Miguel Vázquez Sarti (presidente de Pladigmare, de la Comunidad de Madrid)

- María José Carcelén (presidenta de Coordinadora Residencias 5+1, de Catalunya)

- Xabier Monreal (portavoz de Babestu Elkartea, de Euskadi)

- José Luis Cabello (portavoz de la Plataforma por unas Residencias Públicas, de Aragón)