Asunción Frías advierte de que un solo trabajador social por UTS para gestionar la PCI es insuficiente

La concejala preguntará en la Comisión de Control cuántas personas hay en lista de espera para la Prestación Canaria de Inserción

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, advirtió hoy de que el Consistorio solo ha contratado a un trabajador social por Unidad de Trabajo Social (UTS) para realizar todas las gestiones relativas a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Se trata de un total de siete personas para otras tantas UTS, que fueron contratadas hace algo más de dos meses, lo cual es una cifra a todas luces insuficiente.

Estos trabajadores tienen que realizar todos los trámites, elaborar los informes sociales y los programas específicos de las actividades de inserción, así como hacer seguimiento y acompañamiento a las familias destinatarias, algo que Frías considera excesivo para el elevado número de peticiones que se registran, lo que está ocasionando que las listas de espera sigan aumentando.

Por ello, la concejala ecosocialista preguntará en la Comisión de Control de este mes, que se celebrará la próxima semana, cuántas personas hay en lista de espera para solicitar la PCI en cada una de las UTS y cuántos expedientes correspondientes a solicitudes iniciales se han abierto en 2014.

En su pregunta, dirigida a la delegada de Atención Social, Alicia Álvarez, Frías también le pide información sobre el número de expedientes que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha remitido a la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y, de ellos, cuántos han sido resueltos. Además, desea saber cuáles son los resultados cuantitativos y cualitativos respecto a la integración social de las personas perceptoras de la PCI en el último año.

La portavoz de Sí se puede recuerda que desde el 1 de enero hasta el 6 de marzo de 2014 no hubo personal que gestionara específicamente la PCI en el Ayuntamiento de Santa Cruz, lo que supuso un aumento considerable de las listas de espera, con cientos de solicitudes nuevas sin tramitar y un notable retraso en las subsanaciones presentadas en 2013, además de un bajo nivel de seguimiento de los procesos de integración social, como ya denunció la organización ecosocialista en aquel momento.