SCTF: Coalición Canaria y el Partido Popular rechazan la tarifa solidaria del agua propuesta por Izquierda Unida y Sí se Puede 

La moción planteaba la bonificación del consumo a las familias con menos recursos

CC dice que la moción es “bienintencionada” pero “indeterminada, populista, sin rigor y no analiza las consecuencias”

En 2015 se tramitaron más de 5.000 Prestaciones Económicas de Asistencia Social para cubrir facturas de agua

Santa Cruz de Tenerife. 27 del mayo de 2016. No habrá tarifa solidaria en el precio del agua para las familias con graves problemas económicos en Santa Cruz. Coalición Canaria y el Partido Popular votaron hoy en contra de una moción conjunta presentada por Izquierda Unida y Sí se Puede para modificar la tarifa del agua ajustándola a la situación social y el número de habitantes en cada hogar. Sólo en 2015, el Ayuntamiento pagó 5.000 facturas de agua a través de las Peas, las Prestaciones Económicas de Asistencia Social, cifras que demuestran la enorme dificultad que atraviesan las familias para afrontar un gasto de primera necesidad”, dijo durante su intervención la concejala de Sí se puede, Asunción Frías.

La moción planteaba modificar la ordenanza reguladora de la tarifa del agua para familias con pocos recursos económicos pudiendo llegar, incluso, a la tarifa 0 en los casos de las unidades de convivencia con rentas más bajas.

El concejal de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, planteó en su intervención que la moción busca de manera indirecta una forma de incrementar los recursos sociales “alejándonos de la lógica de la beneficencia y acercándonos a la lógica del derecho social”. “La medida permite liberar recursos de los Servicios Sociales, que pueden destinarse a otras áreas”.

Se trata de establecer un criterio “más justo, más digno y más eficaz”, que pase de otorgar la ayuda de las PEAS a un derecho social, dijo Asunción Frías, que recordó que la gestión del agua en el municipio es competencia municipal y que corresponde al Ayuntamiento regular las tarifas de manera “más justa y digna”.

Dámaso Arteaga, concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, definió la propuesta de “bienintencionada”, pero la rechazó por considerarla “indeterminada, populista y sin rigor” y por “no analizar las consecuencias” de aprobar la medida. Ramón Trujillo contestó que la moción plantea que los técnicos del Ayuntamiento elaboren un estudio técnico del coste y que la propuesta de tarifa planteada por IU y SsP no era cerrada.

Asun Frías recordó que la única tarifa especial que contempla la ordenanza reguladora de la tarifa del agua en la ciudad es la establecida para familias numerosas cuando el consumo supera los 41m3. “Sin embargo, para familias con pocos recursos económicos, que tienen grandes dificultades para hacer frente a la cobertura de sus necesidades básicas, no existe actualmente ningún tipo de bonificación en la tarifa del agua”, dijo.

Al establecer estas bonificaciones atendiendo a criterios de situación social y número de habitantes en cada hogar se conseguiría además descongestionar las Unidades de Trabajo Social (UTS), que sólo en 2014 gestionaron 15.910 de estas subvenciones de asistencia social. Una cifra que sigue aumentando y que en 2015 alcanzó las 18.858, de las cuales un 26,57 por ciento (5.011) fueron para abonar facturas del agua.

La moción recuerda que al contrario que otros suministros, equipamientos o servicios subvencionados, la gestión del ciclo integral del agua es una competencia municipal y, por tanto, el Ayuntamiento es quien regula la tarifa. “Por ello, está en manos de esta corporación municipal introducir tarifas solidarias para unidades de convivencia con pocos recursos económicos y en situaciones de vulnerabilidad social. Consideramos que es mucho más justo, digno y eficaz cambiar la ordenanza que otorgar PEAS, ya que, además de contribuir a descongestionar las UTS, significaría la consecución de un nuevo derecho social en el municipio y, por tanto, un paso más para avanzar desde una situación de beneficencia hacia un horizonte de solidaridad y justicia”, añade.

La propuesta proponía “que paguen más quienes más gastan y quienes más tienen” y para evitar una merma en los ingresos en las arcas municipales, plantea subir la tarifa para aquellos tramos de consumo muy elevados y que claramente correspondan a un derroche de agua.

La moción también contempla establecer una cobertura especial a las familias monoparentales, a las mujeres víctimas de violencia de género y a familias con miembros en situación de dependencia, discapacidad o enfermedades crónicas.

Ciudadanos y el Partido Socialista respaldaron la propuesta proponiendo modificar el texto para que las tarifas se rijan exclusivamente por recursos económicos.