SCTF Fernández Arcila pregunta si alguna empresa concesionaria ha intentado evitar el pago de tributos municipales

El edil teme que Cetensa y otras sociedades estén defraudando y pide al Ayuntamiento que rescinda contratos si se confirma la irregularidad

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en el Pleno que se celebrará este viernes si el Gobierno local tiene constancia de que alguna empresa concesionaria de servicios municipales ha alterado de alguna manera sus cuentas para evitar el pago de determinados impuestos y tasas que son gestionados desde el ámbito local, tales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

Concretamente, el concejal ecosocialista ha accedido a una información que hace pensar que la empresa concesionaria del servicio de cementerios, Cetensa, está tratando de eludir mediante algún procedimiento el pago del IAE, lo que sería razón suficiente para rescindir el contrato, pues el abono de impuestos de esta naturaleza es una obligación esencial plasmada en el contrato.

Este posible intento de la empresa de cementerios “concuerda perfectamente con la afirmación hecha recientemente por el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, de que Cetensa tiene una deuda contraída con Santa Cruz”, según Arcila. La existencia de esta deuda fue reconocida implícitamente por el propio Arteaga cuando dijo que el Ayuntamiento buscaría una fórmula compensatoria para no tener que abonarle a Cetensa 600.000 euros de la tasa de mantenimiento de cementerios, tasa que además es ilegal, como recordó hoy el concejal ecosocialista.

Aparte de Cetensa, Arcila cree que podría haber otras empresas concesionarias que estén tratando de evitar de manera fraudulenta el pago no solo del IAE, sino de otros impuestos y tasas cuya recaudación corresponde a las corporaciones locales. En este sentido, el concejal de Sí se puede dijo que el Ayuntamiento debe rescindir de manera automática los contratos con aquellas empresas cuyo fraude sea detectado desde la Corporación.

A través de su pregunta, el portavoz ecosocialista quiere saber cuántas empresas concesionarias de servicios públicos locales y de bienes de dominio público local han sido objeto de fiscalización como consecuencia de la aplicación de los planes parciales derivados del plan de control tributario o como consecuencia de las actuaciones normales de inspección en lo que se refiere al impago del IBI o de otros impuestos o tasas.

Además, Arcila pregunta cuáles son las cantidades que pudieran haberse defraudado por parte de cada una de estas empresas concesionarias y, si hubiera incumplimientos de las obligaciones fiscales de alguna de ellas, quiere saber si el grupo de gobierno está dispuesto a continuar con los contratos de concesión administrativa con estas empresas que han pretendido defraudar al erario municipal.