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viernes, 29 de marzo de 2024 10:20h.

SCTF Sí se puede advierte al Ayuntamiento que está siendo permisivo con las represalias de la empresa de recaudación voluntaria, que recaen en los ciudadanos

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha advertido hoy al grupo de gobierno que está siendo permisivo con las represalias que la empresa privada encargada de la recaudación voluntaria está llevando a cabo desde que supo que en breve dejará de prestar este servicio, en lo que constituye un castigo que acaban pagando los contribuyentes.

SCTF Sí se puede advierte al Ayuntamiento que está siendo permisivo con las represalias de la empresa de recaudación voluntaria, que recaen en los ciudadanos

La entidad, que está a punto de perder el servicio, obliga ahora a los vecinos a desplazarse hasta Fragata Danmark para gestionar los pagos

Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha advertido hoy al grupo de gobierno que está siendo permisivo con las represalias que la empresa privada encargada de la recaudación voluntaria está llevando a cabo desde que supo que en breve dejará de prestar este servicio, en lo que constituye un castigo que acaban pagando los contribuyentes.

Sí se puede tiene constancia de que la citada empresa está obligando a los ciudadanos que acuden a las oficinas municipales de la calle General Antequera, en el propio Ayuntamiento, a desplazarse hasta la calle Fragata Danmark, junto a la avenida Tres de Mayo, para completar las gestiones del pago de la recaudación en periodo voluntario, algo que no ocurría antes de que el consistorio comenzara a recuperar el servicio, el pasado 11 de marzo.

El Ayuntamiento pasó ese día al tesorero de la corporación la gestión de la recaudación voluntaria después de múltiples reclamaciones de Sí se puede, que desde el inicio de este mandato viene denunciando la ilegalidad de esa situación, pues la citada empresa ejercía esta labor desde hace veinte años, contraviniendo la ley, según manifestó en varias ocasiones el propio interventor municipal.

El paso dado en marzo es una fase previa a la recuperación definitiva del servicio, lo cual permitirá al Ayuntamiento ahorrar el 4% de comisión –varios millones de euros al año– que la entidad se llevaba por realizar un trabajo que no le correspondía. Sin embargo, “la actitud prepotente de los responsables de la empresa denota su incapacidad para asumir que ya han perdido este servicio, y el alcalde, que debe de conocer las represalias con las que han respondido, tiene que actuar de inmediato ordenando que se deje de castigar a los vecinos”, señaló Arcila.