El STEC-IC insta al gobierno estatal a mejorar la LOMLOE

El sindicato, a través de la Confederación de STEs, ha presentado sus propuestas para elaborar una nueva ley educativa acorde con lo que necesita la sociedad  y para que se dignifique la Formación Profesional

Ayer tuvimos dos reuniones importantes, una con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en el marco de la Mesa Sectorial de Educación del Estado y otra con el grupo parlamentario PSOE sobre la Formación Profesional, en ambos casos presentamos nuestra postura ante la nueva ley de educación.

Está claro que a pesar del ruido que están haciendo desde determinados colectivos y desde la derecha, esta ley no tiene tantos detractores como tiene la LOMCE. A pesar de no ser la ley educativa que nos gustaría a los STEs, sí que recupera algunos aspectos que nos parecen importantes y que son los que generan ese malestar en determinados grupos políticos y empresas privadas con intereses en el ámbito educativo y que ven mermada su tajada. El hecho de que no se permita ceder suelo público para la construcción de colegios privados nos parece fundamental, la recuperación del concepto de la escuela concertada como subsidiaria de la pública es otro de los aspectos que consideramos importantes.

Otros aspectos que consideramos importantes:

Apuesta por la coeducación, por la educación en igualdad, por el respeto a la diversidad y por la educación afectivo-sexual y lo incluye de forma transversal en todos los niveles educativos, lo valoramos muy positivamente y siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones.

La reducción del número de repeticiones a un máximo de dos en toda la enseñanza obligatoria, una en Primaria y otra en Secundaria. Tenemos claro que las repeticiones no solucionan nada y que otros países como Alemania, no tienen tantas repeticiones y los resultados son mucho mejores que los que se producen en el estado español.

El aumento de la autonomía de los centros

El incremento de la oferta de plazas en la red pública

La potenciación de la red pública 0-3 años. En este sentido, el anuncio del Ministerio de “dedicar 200 millones de euros a la creación de 21.794 plazas de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública” es, sin duda, una buena noticia. El MEFP debe establecer los mecanismos legales que aseguren que, efectivamente, las CCAA destinan este dinero a la creación de plazas en la Red Pública

Una nueva política de escolarización para luchar contra la segregación escolar

La prohibición de subvencionar colegios que segregan por razón de sexo

Blindar la inmersión lingüística de tal manera que “las Administraciones Educativas garantizarán el derecho de las alumnas y alumnos a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”

El apoyo y puesta en valor de la escuela rural.

Pero hay otros aspectos que nos preocupan y creemos que se deben mejorar:

Hay que profundizar en la gestión democrática de los centros, ya que la elección de las direcciones sigue dependiendo en gran medida de la Administración. Son las que tienen mayor peso en detrimento del claustro y del consejo escolar.

Hay que dar pasos más firmes en la laicidad del sistema educativo, porque la Religión seguirá siendo materia de oferta obligatoria, a pesar de que ya no se evaluará.

Debe haber un compromiso con la mejora de las condiciones laborales del profesorado, que en la ley no se menciona.

Falta un nuevo modelo de ingreso a la función pública docente, porque el actual está obsoleto y no garantiza la consolidación del profesorado interino.

La reducción de ratios es otro de los elementos fundamentales del sistema educativo que no se modifica en el texto aprobado por el Consejo de Ministros en marzo. Consideramos que la reducción de ratios es fundamental para dar la respuesta educativa adecuada a cada una de nuestras alumnas y alumnos. Y una medida imprescindible si se quiere realmente apostar por la inclusión de todo alumnado en centros ordinarios.

Debe asegurarse la financiación del sistema público educativo, con un aumento del presupuesto que, al menos, nos iguale con lo que destinan los países europeos a su educación pública.

En relación con la Formación Profesional, la propuesta que hace el ministerio en referencia a los docentes de Formación Profesional es un paso hacia el cuerpo único, una reivindicación histórica de los STEs desde sus orígenes. Las enmiendas que se pretenden incorporar al texto de la Ley, tratan de poner fin a una discriminación que viene sufriendo el Profesorado del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP) con respecto al del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (PES) ya que, en ambos casos, desarrollan la misma tarea, tienen igual horario y las mismas responsabilidades, pero no tienen los mismos derechos (retributivos, administrativos, pensión). Las referidas enmiendas, sin duda, tendrán efectos positivos para buena parte del profesorado que actualmente se halla integrado en el Cuerpo de PTFP, pero no para todos, lo cual nos preocupa.

Por otra parte, la redacción de la enmienda deja fuera las titulaciones actualmente declaradas “equivalentes a efectos de docencia”, lo que genera una gran incertidumbre respecto al futuro del profesorado interino con la titulación de Técnico Superior o Técnico Especialista. Además, esta situación, va generar un grave problema para las Administraciones Educativas a la hora de proveer a determinadas especialidades de FP de docentes cualificados dado que no existen titulaciones universitarias relacionadas con dichas especialidades (Peluquería, Estética, Servicios de Restauración, Cocina y Pastelería, Artes Gráficas, Madera y Mueble, Industrias Alimentarias, Transporte y Mantenimiento de Vehículos…).

Sin embargo, desde los STEs, opinamos que aún queda tiempo para cambiar las enmiendas, pedimos que se incluyan “las titulaciones declaradas equivalentes a efecto de docencia” y que éste sea el criterio para adscribir a todo el profesorado en el cuerpo de PES. Por ello, y en aras a mejorar el redactado de la Ley Orgánica y su posterior desarrollo normativo, ahí estaremos los STEs para ayudar y negociar en lo que necesite la Administración en pro de mejorar y dignificar la Formación Profesional.

Desde los STEs proponemos que:

Todo el profesorado que actualmente se halla integrado en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional sea adscrito directamente al cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria con los mismos derechos que el cuerpo en el que se integran, con el consiguiente reconocimiento laboral, profesional y retributivo. A igual trabajo, iguales condiciones.

Se respeten todas las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia establecidas en el RD276/2007 de acceso a la función pública docente (el 27% en la LOE y el 28,5% en la LOGSE) y, en su caso, se amplíen si fuera necesario, a los titulados de Ciclos Formativos de Grado Superior cuyos títulos han sido creados con posterioridad al citado RD. En este caso estaremos retroalimentando la Formación Profesional con personas formadas de manera especializada y contribuyendo a dignificar la FP y mejorar su calidad.

Se establezcan las medidas correctoras necesarias para garantizar que ningún docente interino con tiempo de servicios a la entrada en vigor de la presente ley se vea afectado de manera negativa por los cambios normativos introducidos por esta norma. Si no fuera así, perderíamos docentes cualificados y con experiencia.

Que sea el Ministerio quién regule el RD de acceso a fin de mejorar y dignificar la Formación Profesional teniendo en cuenta la experiencia profesional, en contacto con las organizaciones representantes del profesorado.

Por todo ello, desde el STEC-IC hacemos un llamamiento público al Gobierno de España para que sea valiente, no se deje amedrentar por la derecha política y confesional que defiende unos privilegios que no tienen en otros países e incluyan en la nueva ley estos aspectos que aún no se recogen, de tal manera que esta sea una ley para la educación del siglo XXI en consonancia con lo que tienen la inmensa mayoría de países europeos.

Canarias, 12 de noviembre de 2020

SECRETARIADO NACIONAL DEL STEC-IC