En su línea de “aceleración legislativa”, el gobierno del PP  aprueba el RD que regula las características de la evaluación final de Primaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula la evaluación final de Primaria, en el que se mantiene la reválida de  6º de Primaria que costará 1.451.930 € y que supondrá un ataque frontal a los derechos del alumnado que concluye esta etapa, en total 482.000 alumnos/as. Además, añade un obstáculo más para el aprendizaje y la promoción del alumnado. A una edad muy temprana, tan solo con once o doce años cumplidos, se pretende someter a estos niños y niñas a un tipo de pruebas que condicionarán su futuro. Asimismo, el Ministerio incrementa la carga de trabajo del profesorado y la enseñanza se centrará en la superación de pruebas y no en una formación académica global y personal del alumnado.

Las evaluaciones externas suponen ignorar las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje, además de la influencia del contexto. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es algo que se dé en un espacio vacío, en una caja preparada al efecto para recibir “el conocimiento”, sino que ha de tener en cuenta las poderosas fuerzas del entorno que decidirán cómo, cuánto y qué se enseñará. Esta medida es una muestra importante del desinterés por todo lo que no sea rendición de cuentas ante las competencias y el establecimiento de ránkings entre centros, y profundiza en  el camino hacia el olvido definitivo de la función de justicia social que ha de cumplir la educación y su sustitución por una función de selección social.

Este tipo de pruebas conlleva un desprecio hacia la profesionalidad del profesorado y, con ello, de los centros. Se minusvalora y se ignora su formación y capacidad para evaluar al propio alumnado, para detectar en qué aspectos hay problemas y cómo y cuándo abordarlos, desde qué enfoque y con qué recursos. Es restar la capacidad a los centros para conocer y abordar los problemas que puedan surgir y buscar los mecanismos para solventarlos. 

La LOMCE ha de ser derogada. Esta Ley no proporciona medios para que el alumnado con dificultades en su aprendizaje pueda superar las mismas. No existen programas para el refuerzo educativo; no se apuesta por una educación que compense las desigualdades sociales, culturales y económicas que existen entre el alumnado.

Desde el STEC-IC recordamos al gobierno del PP que las evaluaciones externas no aportan  ninguna mejora para el Sistema Educativo, suponen una duplicidad de funciones en el mejor de los casos y un negocio en el peor de ellos. El responsable de llevar a cabo tanto la evaluación del proceso de aprendizaje como del proceso de enseñanza ha de ser el equipo educativo de los centros. Todo lo demás son eufemismos para disfrazar pretensiones claramente intervencionistas y mercantilistas. En este sentido, alentamos a la consejería de educación y al Gobierno de Canarias a no desarrollar en sus ámbitos este Real Decreto  y animamos a las familias a que impidan que sus hijas e hijos se sometan a estas pruebas.

     Secretariado Nacional del STEC-IC                    Canarias, 24 de noviembre 2015