Buscar
07:07h. Jueves, 21 de noviembre de 2019

Turcón Ecologistas en Acción con sus alegaciones apoya a los colectivos que se oponen a la regasificadora de GNL de Tenerife

Los ecologistas de Turcón han presentado este 28 de agosto en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria un amplio documento de alegaciones a la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado que ENAGAS pretende situar en el Polígono Industrial de Granadilla en Tenerife, expediente sacado a  información pública con treinta días para tan dificultosa documentación y en periodo vacacional para dificultar aún más el acceso a la ciudadanía; y con la intención de la declaración  de la introducción del gas en Canarias de Utilidad Pública

Turcón Ecologistas en Acción con sus alegaciones apoya a los colectivos que se oponen a la regasificadora de GNL de Tenerife

Los ecologistas de Turcón han presentado este 28 de agosto en la Delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria un amplio documento de alegaciones a la Planta de Regasificación de Gas Natural Licuado que ENAGAS pretende situar en el Polígono Industrial de Granadilla en Tenerife, expediente sacado a  información pública con treinta días para tan dificultosa documentación y en periodo vacacional para dificultar aún más el acceso a la ciudadanía; y con la intención de la declaración  de la introducción del gas en Canarias de Utilidad Pública.

Las alegaciones que presenta este colectivo han sido elaboradas gracias al trabajo de compañeros y compañeras de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Canarias y de la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla, puede consultarse y descargarse en el blog   http://nopuertogranadilla.blogspot.com.es/ , donde pueden encontrar el texto íntegro del escrito por si particulares o asociaciones quisieran alegar en esta información pública a la construcción de esta regasificadora.   

Los argumentos de tipo técnico, jurídico, medioambiental y social para oponerse a la construcción de esta infraestructura son la base de los pliegos de la alegación presentada. Los grupos cuestionan el reconocimiento de la utilidad pública que se solicita para dicho proyecto, donde los opositores a este proyecto solo ven un interés comercial, particular y privativo y lo que si se ve es un intento de empantanar el crecimiento e implantación de las energías limpias y renovables, y la capacidad de con estas ir reduciendo la dependencia energética de las islas del exterior.

Otro elemento valorado es el incumplimiento de la distancia mínima exigida entre esta actividad altamente peligrosa y los núcleos de población cercanos. El Estudio de Impacto Ambiental no contiene un informe de seguridad serio y en línea con la peligrosidad de dicha actividad nociva. Se asevera la propia operatividad de la industria por  los fuertes vientos de la zona elegida, siendo impracticable la descarga del gas por los buques.

Canarias no necesita  el Gas, combustible altamente peligroso, fósil y contaminante. También queremos que quede claro que, según los mejores expertos en la materia, la introducción de GNL en nuestro archipiélago tiene como única finalidad paralizar durante un mínimo de 20 años más la urgente necesidad de invertir de forma masiva en energías limpias, gratuitas e infinitas, algo que SÍ es de Interés y Utilidad Pública, y NO derivar millones de euros públicos para el beneficio de una empresa privada.

La diversificación energética en el campo de las renovables SÍ que generará miles de puestos de trabajo de variada cualificación (ver el ejemplo de Alemania) y nos garantiza la autosuficiencia energética, en la que siempre hemos sido dependientes del exterior.
 

La oposición a la introducción en Canarias del Gas Natural Licuado a través de la construcción de regasificadoras forma parte coherente de la defensa del movimiento ecologista de una mayor penetración de las energías renovables, que no requiere del establecimiento de más infraestructuras vinculadas a la introducción de las fósiles sino de un empuje decisivo a las energías limpias, eliminando las actuales trabas administrativas y permitiendo la planificación de un modelo energético descentralizado, participado por la ciudadanía y que nos permita contribuir responsablemente a la lucha contra el cambio climático.