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14:53h. Miércoles, 19 de Diciembre de 2018

UGT impulsa una PNL en el Parlamento para acabar con la precariedad laboral en el sector de las Ambulancias 

 

 

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La FesP UGT pide que este Servicio Público sea asumida directamente por la Administración, con el fin de mejorar la asistencia a los pacientes y poner fin a las lamentables condiciones laborales de los trabajadores

UGT impulsa una PNL en el Parlamento para acabar con la precariedad laboral en el sector de las Ambulancias 

 

La FesP UGT pide que este Servicio Público sea asumida directamente por la Administración, con el fin de mejorar la asistencia a los pacientes y poner fin a las lamentables condiciones laborales de los trabajadores

La Federación de Empledas y Empleados Públicos (FeSP) de UGT Canarias ha impulsado, a través de los distintos grupos parlamentarios la aprobación de una PNL que tenga como objetivo poner fin a la precariedad laboral en el sector de las Ambulancias en las Islas, asumiendo la Administración directamente el Servicio. La UGT alertó hace tiempo de las diversas contradicciones surgidas durante la negociación del III Convenio Colectivo del sector. Por ello, el sindicato ha ido manteniendo varios contactos con diversos Grupos Parlamentarios para informarles del mal funcionamiento del sector y de los problemas que sufren las plantillas.

Desde UGT se advierte de la necesidad de un cambio que contemple tanto una recogida de derechos digna para los trabajadores del sector, como las funciones y asistencia prestada por los mismos. Debemos recordar que el Concurso de Ambulancias, iniciado en 2008, fue anulado por el TSJC en 2010 y ratificado en demás sentencias posteriores. Pese a ello, ha seguido prorrogándose hasta la actualidad donde se ha visto envuelto en varios escándalos como: adjudicaciones a dedo donde la Administración ha tenido que pagar en concepto de indemnizaciones, la sentencia favorable a la enfermera de denunciar el caso de los falsos autónomos, donde a este personal se le ha reconocido la relación laboral con la Administración, entre otros. Sin embargo, se insiste con una adjudicación en precario. La Administración, junto con los empresarios, dejaron de pagar a la seguridad social 200.338.8 € por estos profesionales, los cuales han seguido realizando denuncias ante la misma situación de desprotección. Todo ello sumado a una precarización laboral donde los despidos sin justificación, con la única intención de eliminar a los profesionales con antigüedad, sustituyéndolos por personal en prácticas cobrando un 25% menos en una licitación ya tasada, se ha convertido en la práctica más habitual de las empresas para hacer caja.

UGT hace hincapié, además, en los diversos incumplimientos e interpretaciones del convenio en las diversas empresas y en cada una de las islas, creando disparidades entre los diferentes trabajadores. Pérdida de calidad en el servicio para los usuarios, aumento de las listas de espera, recortes de recursos y de personal, son el pan de cada día en este sector. Tanto es así, que muchos municipios se han visto desprovisto de este Servicio Público, dejando abandonados a pacientes en o que respecta al transporte urgente y el no urgente.   

Desde la UGT también se denuncia la falta de interés por parte de la Administración de aplicar el RD 836/2012 del 25 de mayo a la hora de contratar al personal sanitario acorde a una formación ya regulada. También se critica como desde la Administración permiten la precariedad en la contratación a través de ETT, con contratos parciales de varios tipos y en prácticas que llevan consigo falta de estabilidad laboral, experiencia y se traduce en una reducción de calidad en la prestación del Servicio.

Reducir la inoperatividad de los recursos

La FeSP UGT informa que asumir el Servicio por parte de la Administración, ya no solo reportaría un ahorro considerable en las arcas públicas debido a los suculentos márgenes de beneficio que tienen las empresas, sino también para ampliar la adquisición de material fungible, medicamentos y ahorro de instalaciones repartidas por todo el archipiélago, entre otros beneficios. Estos beneficios mejorarían la situación lamentable de sus empleados, sino que se podrían alcanzar los logros realizados, por ejemplo, por Baleares, que han optado por la gestión directa, logrando “reducir la inoperatividad de los recursos un 51%” mejorando evidentemente, la calidad del Servicio.

Es por ello que la UGT, debido a la situación actual de desamparo y dejación por parte del Gobierno de Canarias donde no han cumplido con una de las premisas de cualquier servicio público, como son la vigilancia y control de la misma, ha solicitado a los  grupos parlamentarios de Podemos y Socialista que trasladen una Proposición no de Ley (PNL) donde se solicitará al resto de  grupos del  Parlamento de Canarias que apoyen que el personal del transporte sanitario sea asumido por la empresa pública GSC  (Gestión Sanitaria de Canarias), que en su momento fue creada  para tal fin.

Es por ello, qué el sindicato UGT solicita al resto de grupos parlamentarios a apoyar dicha propuesta que, ya no solo daría solución a los conflictos del sector, sino que además aportaría una estabilidad en el mismo, mejora de la calidad asistencial, disminuciones de las listas de espera, ahorro económico, principios de eficiencia y eficacia económica y un largo etcétera. Cumplimiento así con el resto de los principios de la seguridad social que la Administración Estatal tiene reconocida para este régimen.

El responsable del sector del Transporte Sanitario en Canarias de la FesP-UGT, José Iván Amador Alemán, añade que “el NO apoyo a esta Proposición No de Ley, significaría el apoyo por parte de los diferentes grupos parlamentarios a la pésima actuación que realiza el Gobierno de Canarias de la Sanidad, que ya viene adelantando la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, posicionándola en último lugar a nivel nacional. Asimismo, señala como máximos responsables a la falta de inversión y al alto grado de externalizaciones de los servicios públicos.” Y apostilla que “ya el TSJC define con sus sentencias al Transporte Sanitario en Canarias como un sistema de oligarquía y precariedad laboral, donde los únicos beneficiados son los empresarios y por consiguiente los perjudicados, los trabajadores, pacientes y en última instancia el mismo Gobierno de Canarias por la imagen de servicio sanitario que presta.”

 

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