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02:35h. Lunes, 23 de septiembre de 2019

Unid@s se puede quiere que La Laguna declare persona non-grata al empresario Miguel Ángel por no pagar a sus trabajadores

 

MAR SEGURIDAD

Unid@s se puede en La Laguna impulsará en el próximo pleno municipal una moción para declarar persona non grata al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, “por el inmenso sufrimiento que está causando a muchas familias en La Laguna y en otros municipios de la isla” según el concejal de Unid@s se puede, José Marrero.

JOSÉ MARRERO UNIDOS SE PUEDE

Unid@s se puede quiere que La Laguna declare persona non-grata al empresario Miguel Ángel por no pagar a sus trabajadores

Unid@s se puede en La Laguna impulsará en el próximo pleno municipal una moción para declarar persona non grata al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, “por el inmenso sufrimiento que está causando a muchas familias en La Laguna y en otros municipios de la isla” según el concejal de Unid@s se puede, José Marrero.

Para Marrero, “la situación es insostenible, hay trabajadores de seguridad privada y de limpieza que llevan meses sin cobrar y que están teniendo que acudir a las ONG´s del municipio a recoger alimentos, a otros les está cortando la luz o no puede pagar sus hipotecas, en definitiva, estamos ante un empresario que no cumple con sus trabajadores, y el ayuntamiento en defensa de sus vecinos y vecinas no se debe quedar al margen”.

Miguel Ángel Ramírez es el dueño de empresas como Seguridad Integral Canaria o Ralons, además de estar vinculado a otras como Sinergias o Marsegur que en su mayoría tienen contratos con la administración pública. Según el concejal de Unid@s se puede, “ sus prácticas han sido siempre contra los intereses de los trabajadores, utilizando la reforma laboral para bajar los sueldos y precarizar las condiciones de empleo, pero en estos últimos meses la cosa ha ido a más, dejando de abonar directamente las nóminas, que en algunos casos llegan hasta un retraso de cuatro meses, lo cual es insostenible para cualquier familia”.

Para la formación política la responsabilidad recae tanto en el empresario que no cumple como en las administraciones públicas que consienten y no penalizan a estas empresas. En este sentido, José Marrero recuerda que, “el pleno del ayuntamiento aprobó una moción nuestra en la que solicitamos que la contratación pública incluyera requisitos salariales y sociales que impidieran acceder a contratos públicos a estas empresas pirata que precarizan las condiciones de trabajo, moción que fue aprobada”.

Desde Unid@s se puede se considera que acciones como esta suponen un ejemplo para otras administraciones públicas y para condenar conductas que atentan contra los derechos humanos de las personas.

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