Buscar
jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Unid@s por Tegueste denuncia que el Ayuntamiento se niega a abrir el debate sobre la Ley del Suelo

UNID@S POR TEGUESTEUnid@s por Tegueste, ha presentado en el Pleno del pasado 31 de mayo, una  moción en relación al anteproyecto de la Ley del Suelo,  en la que pide que se inste al gobierno a paralizar su tramitación , y a abrir un nuevo periodo de información pública de 6 meses, para que la población conozca el proyecto, pueda participar en los debates y formar una opinión sobre el mismo.

 

pilar villarmín Tegueste

Unid@s por Tegueste denuncia que el Ayuntamiento se niega a abrir el debate sobre la Ley del Suelo

Unid@s por Tegueste, ha presentado en el Pleno del pasado 31 de mayo, una  moción en relación al anteproyecto de la Ley del Suelo,  en la que pide que se inste al gobierno a paralizar su tramitación , y a abrir un nuevo periodo de información pública de 6 meses, para que la población conozca el proyecto, pueda participar en los debates y formar una opinión sobre el mismo. Porque se trata de una ley que echa por tierra la normativa de ordenación territorial, permite a los ayuntamientos la reclasificación de suelos y el inicio de obras en cualquier momento en función de intereses privados, una ley que legaliza la especulación del suelo, la desprotección del suelo agrario, y que permite a cualquier inversor actuar en función del beneficio privado, dejando de lado el interes público en que se basa la ordenación territorial.

Nuestra moción, que solo pedía reabrir el plazo de información y debate, fue rechazada con los votos del Grupo de Gobierno de CC-PP y la abstención del PSOE. El Grupo de Gobierno, no se tomó la molestia de argumentar su voto.

AL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE TEGUESTE

Doña María del Pilar Villarmín Chamorro, concejal de Unid@s por Tegueste, por medio del presente escrito formula la siguiente moción para su debate y aprobación, si procede, relativa a:

 PROYECTO DE LEY CANARIA DEL SUELO

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La experiencia del planeamiento municipal en muchos de los municipios canarios, sobre todo en las áreas más urbanizadas y en las zonas turísticas ha puesto de relieve la necesidad de la existencia de una instancia de supervisión y control que defienda los intereses comunes de la sociedad frente a los afanes especuladores y los intereses privados. Una instancia que defienda el planeamiento por encima de los proyectos privados.

No es casualidad que buena parte de las asociaciones cuya creación obedece a la necesidad de canalizar la protesta contra diversos PGOs gocen de buena salud y mantengan la vitalidad de sus comienzos. Sin la intervención ciudadana y el control de la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias, (COTMAC), el reducido territorio canario sería víctima de la desregulación urbanística, de la confusión interesada entre beneficio privado e interés público. Hasta ahora, la tramitación de los Planes Generales de Ordenación culmina solamente cuando se aceptan las observaciones, prohibiciones o modificaciones de la COTMAC.

Sin embargo, el proyecto de Ley Canaria del Suelo, presentado por el gobierno bipartito de CC-PSOE, actualmente en trámite, con los pretextos de “simplificación de la maraña legislativa” , de agilización de los trámites burocráticos y fortalecimiento de la autonomía local, elimina las competencias del Gobierno de Canarias para la aprobación definitiva de los mismos.

El proyecto de ley debilita profundamente las garantías de respeto a la legalidad, ya que el control previo desaparece. Solo quedaría en pié el de las Secretarías y Servicios Técnicos municipales, cuyos informes no son vinculantes.

Por otra parte, el control judicial solo podrá ejercerse a posteriori, previa denuncia, frente a las decisiones ejecutivas de la Administración, con respecto a hechos que pueden dar lugar a situaciones irreversibles.

Con el proyecto de ley aprobado se podrían dar por buenas “actividades industriales, energéticas, culturales, deportivas, sanitarias o de otra naturaleza, en cualquier clase de suelo, con independencia de su clasificación  o calificación urbanística”. Se podría así, en función de intereses inmediatos, anular reglamentaciones previas, poniendo en cuestión principios constitucionales como la igualdad ante la Ley, la seguridad jurídica y la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Porque están en juego intereses esenciales, que afectan a toda la ciudadanía canaria, para que toda la población pueda decidir en condiciones de igualdad, este proyecto de ley debe ser sometido a información amplia, a debate público, durante el tiempo necesario como para que la ciudadanía esté suficientemente informada.

En consecuencia, proponemos:

Instar al Gobierno de Canarias a que reabra el periodo de información pública por un plazo de seis meses, tiempo que consideramos necesario para un debate amplio de todos los sectores interesados. Durante ese plazo podrán hacerse las alegaciones individuales y colectivas.

En Tegueste, a 25. de mayo. de 2016.

Fdo:María Pilar Villarmín Chamorro