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15:58h. Jueves, 25 de Abril de 2019

UPCC-FeSP pide en el Tribunal Administrativo  de Contratos Públicos la suspensión provisional del concurso de informativos de TVC

 

UPCC FESP

La demanda del sindicato de periodistas argumenta que el TACP es competente porque la Radio Televisión también está adscrita a la Consejería de Hacienda

UPCC-FeSP pide en el Tribunal Administrativo  de Contratos Públicos la suspensión provisional del concurso de informativos de TVC

La demanda del sindicato de periodistas argumenta que el TACP es competente porque la Radio Televisión también está adscrita a la Consejería de Hacienda

Los Profesionales de la Comunicación celebran el informe jurídico que asegura que el Consejo Rector debe decidir si convierte el servicio en 100% público

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias-Federación de Sindicatos de Periodistas (UPCC-FeSP) ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACP) contra la decisión “unilateral, personal y sin competencias” del presidente del ente Radio Televisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, a la hora de sacar a concurso los servicios informativos para volver a privatizarlos.

UPCC considera en su escrito que la convocatoria del concurso y el anuncio de la licitación parten de un órgano manifiestamente incompetente, el presidente del Consejo Rector, y no del Consejo Rector como es “la contundente voluntad del legislador” al especificarlo en el artículo 15.4k) de la Ley de RTVC.   El sindicato de periodistas canarios considera todos estos actos “nulos de pleno derecho” y solicitan al tribunal, como medida provisional, la suspensión del anuncio de licitación, los pliegos y otros documentos contractuales o actos de trámite del procedimiento de contratación de referencia que se recurre” a efectos de “garantizar la eficacia del recurso” y de “evitar perjuicios de difícil o imposible resolución”.

Conscientes de que el TACP ya se declaró incompetente ante el recurso presentado por la anterior concesionaria, UPCC se desmarca de intereses ajenos al público  y comienza fundamentando su escrito con que, el Tribunal, sí que tiene la competencia para juzgar este caso ya que el ente RTVC está adscrito (como el propio TACP) a la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. 

Para ello, anexa al recurso el reciente informe de los Servicios Jurídicos del Parlamento de Canarias y recuerda que, si bien la Cámara tiene exclusivamente un control del naturaleza política, no jurídica, ésta compete, en este caso y a los efectos de este recurso previo a la interposición del contencioso administrativo, al TACP tal y como establece el Decreto 10/2015 de su creación y el artículo 5.5 del Decreto 183/2015 por el que se determina  la estructura central y periférica de las Consejerías del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, la Unión de Profesionales de la Comunicación, que lleva años defendiendo y exigiendo a los diferentes gobierno y grupos parlamentarios que se dejen de privatizar los servicios informativos de RTVC,  celebra que por fin vea la luz el informe del jurista Martín Orozco que asegura que, antes del concurso, el Consejo Rector debía decidir si seguía con los privatizaciones o recuperaba un servicio para lo público que ya nació privatizado. UPCC espera que con su recurso de pueda tumbar el concurso y lograr de una vez por todas que unos servicios informativos 100% públicos que no responsan ni a intereses partidistas ni a intereses económicos de las productoras privadas que han tenido y tienen a los trabajadores en precario.

El sindicato de periodistas señala que igual de cierto es que hay medios de comunicación que informan de lo que está pasando en RTVC porque su intereses empresariales se lo permiten, también los hay que no informan, porque sus intereses empresariales no se lo permiten. Para UPCC, no hay que olvidar que este concurso que quieren parar es de 144 millones de euros y que optarían a él grupos empresariales a los que pertenecen casi todos los grandes medios canarios, incluso, a los que pertenecen los responsables políticos de RTVC en excedencia.

Interés Público, Libertad de Prensa y Derecho a la Información.

Desde la defensa del interés público, la Libertad de Prensa y del Derecho a la Información de la Ciudadanía, los profesionales de la comunicación recuerdan a Santiago Negrín que puede acudir a los juzgados y pedir una rectificación si un medio de comunicación no se la concede y se comprueba que la información es falsa. UPCC recuerda que la Fiscalía no responde a denuncias de “presiones” con la publicación de informaciones, sino a la incitación a cometer delitos por lo que anima a Negrín a acudir a Anticorrupción en el caso de que haya sufrido ese otro tipo de presiones.

La unión de periodistas lamenta que se vuelva a convertir en noticia el anuncio de denuncias en Fiscalía antes de presentarlas y señalan que, ante el artificio con poco recorrido, queda en segundo plano que el propio comunicado del presidente del Consejo de RTVC reconoce las conclusiones del informe jurídico de Martín Orozco que él mismo le encargó.

Para UPCC, la única manera de acabar con el ‘y tú más’ de los diferentes intereses empresariales que están pugnando por los 144 millones de euros del contrato es, suspendiendo el concurso con este recurso que acaban de presentar, y que el dinero público no vaya a manos privadas sino a crear unos servicios informativos 100% públicos, como legitima el informe jurídico citado. Un servicio público sin intereses empresariales, sin precariedad laboral, y con las herramientas suficientes (elección de los miembros del Consejo Rector por concurso público como en RTVE, activar el Consejo de Informativos…) para enfrentarse a los intereses partidistas que impiden el constitucional Derecho Fundamental a la Información de la Ciudadanía.

 

UPCC FESP