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06:36h. sábado, 21 de mayo de 2022

Valoraciones del Pleno de la Junta de Personal Docente no Universitario de la Provincia de Las Palmas.

 

JUNTA PERSONAL NO DOCENTE

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 24 de enero de 2022, acordó para su envío a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente

VALORACIÓN SOBRE ABUSO DE TEMPORALIDAD

Es ya de sobra conocido el enorme problema que tienen todas las Administraciones españolas en relación a la elevadísima tasa de temporalidad en el empleo público. La dejación e irresponsabilidad de todos y cada uno de los responsables de las diferentes Administraciones que han ido pasando a lo largo de los años, ha desembocado en una situación insostenible. Son ya 22 años de incumplimiento de la Directiva Europea 1999/70 que obliga a los Estados miembros a adecuar la normativa estatal para evitar el abuso de temporalidad.

En el año 2017, ante la amenaza de sanciones por dicho incumplimiento y las sentencias que empezaban a salir, el gobierno del PP firmó con tres sindicatos a nivel estatal un “Acuerdo para la mejora del empleo público” que consistía en permitir a todas las Administraciones convocar oposiciones masivas, con el objetivo de alcanzar un 8% de interinidad en los siguientes 3 años. Todo ello sin acordar ninguna medida adicional que permitiera que la estabilización fuera de personas y no de plazas. Ese sistema suponía un peligro real de pérdida del puesto de trabajo para miles de interinos que llevaban años en abuso de temporalidad. Afortunadamente, ni ese año ni en los posteriores, con la reedición del mismo acuerdo en 2018, se ejecutó ese “plan” en su totalidad y se limitaron bastante las plazas de oposición.

A partir de 2020, ante las sucesivas y clarificadoras sentencias del TJUE, se inicia un fuerte movimiento social que engloba a los trabajadores de todas las administraciones públicas, exigiendo la FIJEZA como sanción al abuso de temporalidad. Dicha demanda, y la constitucionalidad de la medida, es avalada y respaldada por reconocidos juristas, y especialmente en el Informe sobre temporalidad en las AAPP de María Emilia Casas, la que fuera presidenta del Tribunal Constitucional.

En 2021, con las condiciones que exige la Comisión Europea a España para poder “librar” los fondos de recuperación, entran las prisas y el entonces Ministro de Política Territorial y Función Pública acuerda prácticamente las mismas medidas que acordó el Gobierno del PP en 2017 y 2018, con los mismos tres sindicatos a nivel nacional, plasmándose en el Real Decreto Ley 14/2021.

Afortunadamente, ante la presión social y del resto de grupos políticos, el Real Decreto Ley pasa a tramitarse como Proyecto de Ley, siendo finalmente publicado en el BOE como LEY 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Gracias a las enmiendas acordadas en la tramitación de esta Ley, se consigue mejorar bastante el texto original. En dicha tramitación se incluyen, sobre todo, 2 medidas importantes:

  1. Convocatoria de oposiciones, pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en la fase de oposición, que incluirá las plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

  2. Convocatoria extraordinaria de acceso por concurso de méritos que incluirá las plazas de naturaleza estructural que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016. Y, además, las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Teniendo en cuenta de dónde partíamos (Real Decreto Ley 14/2021), no podemos negar que esta Ley es una mejora sustancial, un avance importante en el reconocimiento de los derechos de los interinos. No obstante, este avance sigue siendo insuficiente, ya que la Ley 20/2021 no soluciona todos los problemas de precariedad en el empleo público y, sigue vulnerando la normativa comunitaria, ya que no garantiza la estabilización del personal que es o ha sido víctima de abuso, y porque esa falta de respuesta va a provocar que se mantenga abierta la judicialización del problema.

Llegados a este punto, y antes de que se publicara la Ley 20/2021, el Ministerio de Educación convoca la Mesa Sectorial de Educación estatal y envía a los sindicatos con representación un borrador de modificación del Real Decreto 276/2007, que supuestamente incorpora las aportaciones de las diferentes Comunidades Autónomas, dictamen del Consejo Escolar del Estado y consulta pública a través de la web del Ministerio.

En primer lugar, nos parece importante destacar el oscurantismo con el que han actuado los responsables de la Consejería de Educación, que han optado por trasladar sus aportaciones al Ministerio sin contar con el punto de vista de sus interlocutores válidos, que somos los sindicatos representativos del sector de educación, ante este asunto de vital importancia y enorme trascendencia en las condiciones laborales de todos los docentes interinos.

Si ya la Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad se queda muy corta en el cumplimiento de la Directiva 1999/70 y las sentencias del TJUE, esta propuesta de modificación del reglamento de acceso a la función pública docente es absolutamente inaceptable, especialmente en su Disposición Transitoria Quinta, que describe el modelo de acceso por concurso de méritos: lo que debería ser un sistema que propicie la estabilización de los interinos que han sido víctimas de abuso de temporalidad, y especialmente los de larga duración (Disposición Adicional Sexta de la Ley), se convierte en una seria amenaza de pérdida del puesto de trabajo para los interinos con más tiempo de servicio:

  • Se limita la puntuación por experiencia docente a 10 años.

  • La puntuación por experiencia docente supone menos del 50% del total.

  • Se elimina la puntuación por experiencia docente en distinto cuerpo (o especialidades) pero se mantiene por experiencia en centros privados/concertados.

  • Se puntúa el haber aprobado oposiciones (cuestión que debería ser totalmente ajena a este proceso, ya que se trata de sancionar el abuso de temporalidad).

  • Además, en ese criterio la puntuación se limita a oposiciones posteriores a 2012, excluyendo muchos procesos selectivos en los que los interinos/as con más antigüedad pueden tener oposiciones superadas.

  • Se elimina la puntuación por formación permanente.

  • No se establece ningún filtro o limitación que impida que se pueda concurrir al concurso de méritos desde cualquier Comunidad Autónoma.

 

Ante esto, exigimos a los responsables de la Consejería de Educación que convoquen urgentemente una reunión de la Mesa Sectorial para abordar exclusivamente el contenido de este documento, que nos informen de qué aportaciones han hecho a este borrador, y que tratemos de alcanzar unas propuestas de consenso para lograr que esta modificación del Real Decreto 276/2007 cumpla de manera real y efectiva con el objetivo de la Ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad, que se aplique en las mejores condiciones y de la manera más amplia posibles, y pueda conducir a la estabilidad de todo el profesorado interinos que actualmente se encuentre en situación de abuso de temporalidad.

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

El Pleno de la Junta de Personal Docente No Universitario de la Provincia de Las Palmas, en sesión ordinaria celebrada el lunes, día 24 de enero de 2022, acordó para su envío a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a los medios de comunicación, la siguiente

VALORACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2021/22 

Y PROPUESTAS DE MEJORA

Un inicio de curso con menos incertidumbre que el anterior pero lejos de la normalidad:

El curso actual comenzó con menos incertidumbre que el anterior y con unas condiciones sanitarias, debidas a la pandemia, algo menos severas. Esto permitió un inicio de curso que, aunque distaba mucho de ser considerado normal, no tuvo nada que ver con el del curso anterior.

Sin embargo, las autoridades sanitarias y educativas se aprovecharon de esta mejoría para bajar la guardia frente al Covid y, así se llegó a relajar el protocolo de prevención en cuestiones tan fundamentales como la distancia interpersonal dentro de las aulas que bajó desde los 1,5 metros del curo 2020/21 hasta los 1,2 actuales. Esta medida nos parece un desacierto, máxime si tenemos en cuenta que en aquél momento la tasa de vacunación estaba todavía en el 70% de la población diana, que los menores de 12 años no habían empezado a ser vacunados, que continuamente están apareciendo variantes nuevas del virus (en el momento de iniciarse el curso era la Delta, ahora es Ómicron) y que  la distancia de seguridad inicialmente recomendada era de 2 metros.

 

Plantillas y ratios:

Una consecuencia directa de la reducción de la distancia interpersonal es el aumento de las ratios y, por ende, la disminución de la plantilla docente. No se entiende por qué una medida que funcionó el curso pasado, hasta el punto de que casi no hubo contagios en los centros educativos, no se sigue aplicando este curso.

Por otra parte, analizándolo desde el punto de vista pedagógico, las ratios altas son una de las principales dificultades en la lucha contra el abandono temprano y el fracaso escolar. Indicadores en los que Canarias siempre está por encima de la media estatal. En concreto, según la última EPA, Canarias muestra una tasa de abandono escolar temprano del 18% frente al 16% de la media estatal. Con esta decisión se pierde una oportunidad de apostar por reducir esta diferencia.

La plantilla docente ampliada por el Covid (se han contratado 1658 docenes covid hasta el 30 de junio) ha disminuido alrededor de 900 docentes respecto al curso pasado. Además, la fecha de cese (30/06) es orientativa y sigue estando a merced de la situación sanitaria y la disponibilidad presupuestaria. Esta situación genera la misma incertidumbre del curso pasado, tanto para el profesorado afectado como para los centros educativos, los equipos directivos, el alumnado y las familias.

Sigue siendo necesaria la contratación de más profesorado de pedagogía terapéutica, logopedia, orientación y auxiliares educativos. En este sentido, cabe señalar el impacto que las mascarillas está teniendo en el desarrollo de las habilidades comunicativas del alumnado de menor edad, por lo que la especialidad de logopedia se hace aún más necesaria. Además, en determinados centros puede ser recomendable dotar la plantilla de otro tipo de profesionales en función de las necesidades como, por ejemplo, de un DUE, trabajador/a social u otros especialistas concretos para atender las necesidades de los centros de una zona determinada.

Situación sanitaria actual:

A medida que fue avanzando el primer trimestre y las medias de contención sanitaria se fueron relajando en todos los ámbitos sociales, no solo en el contexto educativo, la realidad de un virus implacable volvió a mostrar su cara más dura y, nuevamente, los niveles de contagio han vuelto a ser la tónica dominante a final del trimestre. Varios centros educativos se libraron de ser cerrados por la llegada del periodo navideño y, tras el retorno a la actividad lectiva, nos encontramos con un panorama nuevo con más contagios que antes del parón navideño pero, paradójicamente, no se ponen en cuarentena los grupos porque se ha establecido un criterio más laxo que prima la presencialidad por encima de la prevención de nuevos contagios. Una medida que a juicio de esta Junta de Personal pone en riesgo a muchos menores que aún no están vacunados pero también a muchos docentes que, a pesar de padecer patologías de riesgo, son enviados al aula frente al Covid sin más medida de protección que la mascarilla y una supuesta distancia de seguridad que no se cumple pues, a pesar de que se le indique que deben mantenerse los 2 metros, la norma en los centros baja hasta 1,2 poniendo en grave riesgo al profesorado con patologías previas.

Por otra parte, esta nueva situación, en la que se puede tener varios alumnos y alumnas con Covid pero no se confina al grupo entero, está generando una doble tarea para el profesorado que se ve en la obligación de atender al aula y, al mismo tiempo, al alumnado que se conecta desde casa como puede. Una nueva modalidad de sobrecarga laboral que, unida a la falta de sustituciones y a la incertidumbre que impera en muchos centros educativos debido a la enorme responsabilidad que se les ha trasladado, hostiga aún más a un profesorado ya de por sí saturado y excesivamente agobiado por la situación que estamos viviendo.

Con todas estas consideraciones, esta Junta de Personal no puede más que oponerse a cualquier medida que suponga una relajación de los protocolos de seguridad como reducir la distancia interpersonal, la reducción de profesorado Covid o los nuevos criterios establecidos para decretar el confinamiento de un aula. En consecuencia, insta a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a reconsiderar dichas medidas y restablecer la distancia de seguridad, las ratios y las plantillas extraordinarias Covid del curso pasado, incrementando dichas plantillas si fuera necesario, así como a restablecer los criterios de confinamiento de un grupo en caso de contagio de alguno de sus miembros tal como estaban el curso pasado. Si se considera grupo burbuja para una cosa, no se entiende que no lo sea para la otra.

 

Presupuesto educativo 2022:

Esta Junta de Personal reitera su exigencia de que el presupuesto educativo cumpla lo establecido en el art. 72.3 de la Ley Canaria de Educación. Es decir, en 2022 se tiene que destinar, al menos, el 5% del PIB a educación.

En 2021 se produjo un incremento de 98 millones de euros respecto del ejercido anterior y se alcanzó el 4,55% del PIB. La ley de Presupuestos de Canarias para 2022 rebaja el presupuesto educativo hasta el 4,29% del PIB y lo peor es que los planes presupuestarios plurianuales acordados en Consejo de Gobierno celebrado en marzo de 2021 pretenden mantener un estancamiento del presupuesto educativo dos años más lo que, en términos de PIB significa un tremendo retroceso que supondrá una brutal pérdida de recursos para el sistema educativo.

 

Otras cuestiones y propuestas de mejora:

  • Eliminar la burocracia: Entendiendo como tal todo el papeleo y trámites administrativos innecesarios o redundantes que retrasan la labor docente y sobrecargan al profesorado, equipos directivos y personal administrativo. Y que a menudo restan capacidad para atender los verdaderos retos que plantea el alumnado. En este sentido, cabe destacar que se han hecho importantes avances en la mesa de negociación que esperamos fructifiquen en un acuerdo en breve. Sin embargo y, hasta el momento de aprobar el presente informe, esta Junta de Personal solo puede reiterar su petición de cursos anteriores respecto a que se rebaje la sobrecarga burocrática que sufre el profesorado.

  • Analizar, actualizar y ampliar donde sea necesario, las nuevas tecnologías en los centros: Analizar los problemas de conectividad, escasez de herramientas digitales y recursos informáticos detectados en cursos anteriores, tanto entre el alumnado como entre el profesorado, y aportar soluciones a los mismos. En la actualidad se siguen detectando múltiples casos de alumnado que no puede seguir el ritmo de las clases en casa por carecer de los medios tecnológicos necesarios para ello. En unos casos porque aún no les han sido suministradas las tabletas digitales y en otros porque, a pesar de tenerlas, carecen de conectividad.

  • Centros e infraestructuras: Renovación, reforma o creación de nuevos centros educativos. Muchas zonas de Canarias se encuentran al máximo de su capacidad, además, existen centros que tienen más de 40 años, cuentan con barracones o contienen amianto; otros presentan dificultades en el acceso para las personas con movilidad reducida, canchas deportivas deterioradas, puertas y ventanas dañadas, bibliotecas con falta de fondos, baños en malas condiciones, problemas eléctricos, de fontanería, de saneamiento, etc.

  • Dotación de EPIs a los centros: en función del número de trabajadores/as que hay en cada uno de ellos y con instrucciones claras de cada cuanto tiempo hay que sustituirlos. La compra de un material tan específico y sensible no debe recaer en los equipos directivos. Este tema sigue sin estar resuelto a pesar de que se ha demandado reiteradas veces.

  • Formación del profesorado: Impulsar y ampliar la oferta de programas encaminados a mejorar la competencia digital y la pedagogía inclusiva e integradora.

  • Mejora de los protocolos de protección y la formación: Atender las peticiones que llegan de los centros educativos solicitando la mejora de los protocolos de protección sanitaria. Asimismo, promover la formación de todo el profesorado para mejorar su protección y la del alumnado frente al Covid-19.

  • Prevención de riesgos laborales: Mejorar el servicio con gestión pública, el servicio de seguridad en el trabajo debe formar parte de la propia estructura orgánica del Gobierno de Canarias. Nos oponemos a la subcontratación de empresas privadas.

Más técnicos para el servicio de prevención de riesgos laborales porque los que tiene actualmente son insuficientes. Calculamos que hacen falta aproximadamente el doble de los que hay actualmente para asesorar, prevenir e intervenir en los más de 1000 centros públicos de toda Canarias, máxime en la actual situación de crisis sanitaria.

La Inspección Médica no funciona, provocando un problema recurrente a comienzo curso en los últimos años. Al no permitir tomar posesión al profesorado interino que ha estado de baja por IT el curso anterior, se genera una grave distorsión en el servicio que perjudica severamente a los centros educativos y al profesorado afectado, provocando una discriminación injusta precisamente hacia el eslabón más débil.

  • Mejorar políticas sociales en coordinación con otras Administraciones: becas, acceso a internet, bonos alimenticios, ayudas al transporte y material escolar en todas las etapas educativas, conciliación de la vida familiar y profesional, etc. La responsabilidad derivada de implementar estas medidas no debe recaer exclusivamente en los centros educativos. Por desgracia, estas ayudas o no llegan o, cuando llegan, generan una sobrecarga de trabajo que recae en los equipos directivos, el personal administrativo y el profesorado.

  • Bajada de ratios en Infantil y Primaria y retorno a las del curso pasado en secundaria: esta medida demostró una gran efectividad en secundaria el pasado curso, no solo desde el punto de vista sanitario sino también desde el pedagógico. Sin embargo, en las etapas de Infantil y Primaria, no se ha optado por la bajada de ratios, lo que ha supuesto que el profesorado se haya visto desbordado por una situación extremadamente complicada que supone una mayor demanda de atención hacia el alumnado, tanto en los aspectos pedagógicos como en los sanitarios y emocionales. Por ello, consideramos indispensable que la Consejería refuerce las plantillas de los centros de Educación Infantil y Primaria con más profesorado para poder responder frente a todas las necesidades que se plantean y prestar una mejor atención al alumnado.

Además, consideramos que este aumento de las plantillas de los centros no debe ser coyuntural y que, tanto en Infantil y Primaria como en Secundaria y resto de enseñanzas, debe tenderse a una consolidación de la bajada de ratios y al incremento del profesorado de apoyo de forma generalizada e indefinida en cursos venideros.

  • Oferta educativa en Centros de Personas Adultas: La ley Canaria de Educación, ya desde la exposición de motivos, hace referencia en múltiples ocasiones a la formación a lo largo de toda la vida como un derecho. Pero, va más allá cuando en el propio artículo 3.e) la establece como uno de los principios rectores del sistema educativo. Asimismo, el artículo 25 al completo está dedicado al aprendizaje a lo largo de la vida. Dicho artículo deja muy claro el derecho de toda persona a formarse a lo largo de toda su vida y la obligación de la administración educativa de propiciar las oportunidades para que ello sea posible.

La nueva normativa que limita el derecho de las personas adultas a permanecer en la Formación Básica Inicial a un máximo de 4 años (cinco si se dan determinadas circunstancias) van claramente en contra de lo establecido en la Ley Canaria de Educación y, lo que es peor, perjudica fundamentalmente a un sector de población especialmente vulnerable, personas de avanzada edad que no tuvieron oportunidad de estudiar en su momento debido a las condiciones sociales y económicas de la época que les tocó vivir.

Por ello, esta Junta de Personal, insta a la Consejería de Educación a que reconsidere la nueva Orden de funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas publicada el pasado 4 de noviembre, derogue la limitación de tiempo de permanencia en la Formación Básica Inicial y atienda las sugerencias que sobre este tipo de enseñanzas le están realizando desde los diferentes sectores de la comunidad educativa.

  • Permanencia del profesorado en situación de abuso de temporalidad: para el profesorado interino con más de tres años de servicios, de manera que se le garantice su permanencia hasta la jubilación o hasta el acceso definitivo a la función pública.

  • Nuevo acuerdo de listas de empleo: Aunque el acuerdo no satisface plenamente las aspiraciones de todas las organizaciones sindicales que componen el Pleno de esta Junta de Personal, tenemos que reconocer que ofrece unas condiciones de estabilidad sumamente mejores de las que ofrecía el Decreto 74/2010 y el malogrado acuerdo de 2019. Con este acuerdo y con los posibles acuerdos de estabilización para el profesorado en abuso de temporalidad que se puedan alcanzar al amparo de la normativa estatal que esperemos se pueda mejorar aún más, esperemos que se consiga dar una cierta estabilidad a todo el profesorado interino al tiempo que se pueda garantizar las opciones de acceso a los nuevos docentes que vayan egresando de las universidades en los años sucesivos sin que eso suponga poner en riesgo ni la estabilidad de unos ni las opciones de empleo de otros. En definitiva, un marco de estabilidad laboral es favorable para el sistema educativo en su conjunto.

  • Acceso del Profesorado Técnico de FP al grupo A1: todo el profesorado del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional realiza las mismas funciones, tiene las mismas responsabilidades, cumple la misma jornada laboral, atiende al mismo alumnado y en la misma etapa educativa, por tanto, todos tienen derecho a ser tratados en igualdad de condiciones independientemente de cuál fuera la titulación que se les exigió en el momento de su ingreso a la función pública. Por tanto, exigimos:

1. Que el paso al cuerpo que corresponda del grupo A1 se realice de manera inmediata. Ha pasado más de un año desde la entrada en vigor de la LOMLOE y aún no se ha hecho efectiva la DA 11ª de dicha ley. Esto es inaceptable.

2. Que dicho acceso se haga con carácter retroactivo desde el momento en que entró en vigor la LOMLOE. El profesorado afectado no debe culpa de las dilaciones injustificadas de la Administración.

3. Que todo el profesorado técnico de formación profesional pueda acceder al referido cuerpo del grupo A1, ya sea porque tenga la titulación de Grado o porque se habiliten mediante RD las titulaciones equivalentes a efectos de docencia necesarias para que todo el profesorado que actualmente pertenece al cuerpo de PTFP pueda acceder al nuevo cuerpo del grupo A1.

4. Que el profesorado técnico de FP que actualmente tiene la condición de interino pueda seguir optando a las plazas del nuevo cuerpo del grupo A1 (tanto a oposición como a listas de empleo) con la misma titulación con que hasta ahora ha podido participar en las listas de empleo para el cuerpo y de PTFP en la especialidad correspondiente.

  • Apoyo psicológico y jurídico al profesorado: Ahora se hace más necesario que nunca por las exigencias propias de la coyuntura sanitaria y el agotamiento que supuso  el curso pasado. Ésta es una reivindicación justa e histórica que, previsiblemente y según información de la Dirección General de Personal, será satisfecha en breve. Esperamos que con esta medida, se ponga fin a una situación que tenía injustamente preocupado al profesorado. Aún así, pedimos celeridad a la Administración.

  • Escolarización de 0 a 3 años: La Consejería está intentando impulsar esta etapa educativa y desde esta Junta de Personal apostamos por una educación de 0 a 3 de carácter público, universal y gratuito, pero es necesario un mayor esfuerzo inversor para sacar a Canarias de la cola del estado en implantación de esta etapa con solo el 17%, por ello nos siguen pareciendo insuficientes las 8000 plazas previstas en Canarias.

  • Convivencia e igualdad: Refuerzo en todos los centros, especialmente los ubicados en zonas de especial dificultad, ya sean zonas deprimidas o golpeadas por la pandemia, dotándolos con recursos materiales y personal. Ésta también es una manera importante de prevenir el abandono escolar temprano.

 

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

 

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