Buscar
martes, 16 de abril de 2024 10:08h.

XTF pide que los funcionarios no tramiten expedientes al margen de los procedimientos legales


El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, ha presentado una moción solicitando que el Pleno acuerde instar a los Jefes de Servicio o Dependencia del Ayuntamiento a que paralicen todos aquellos expedientes para la contratación o adquisición de trabajos, servicios, obras o suministros que no cuenten con el documento requerido legalmente conteniendo la propuesta de gastos inicial del concejal responsable, justificando la necesidad de realizarlo y anunciando su voluntad en tal sentido.
XTF pide que los funcionarios no tramiten expedientes al margen de los procedimientos legales
 
El último Pleno reconoció facturas por 4,2 millones de euros por suministros o servicios comprometidos de forma irregular
 
Ante la ausencia de un responsable político en el origen de la contratación o gasto, quienes aparecen formalmente vinculados a ellos son los jefes de servicio o dependencia
 
El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, ha presentado una moción solicitando que el Pleno acuerde instar a los Jefes de Servicio o Dependencia del Ayuntamiento a que paralicen todos aquellos expedientes para la contratación o adquisición de trabajos, servicios, obras o suministros que no cuenten con el documento requerido legalmente conteniendo la propuesta de gastos inicial del concejal responsable, justificando la necesidad de realizarlo y anunciando su voluntad en tal sentido.
 
Nacho Viciana recuerda que la sesión ordinaria del mes de octubre de 2012, con los votos de la mayoría de Gobierno formada por Coalición Canaria y PSOE, se aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito que rondaron los 4.200.000 euros, procedentes de diferentes concejalías.
 
Se trata de expedientes reparados por la Intervención con advertencia de ilegalidad al incumplir los requisitos exigidos en la normativa vigente, contrataciones de servicios y suministros que responden a compromisos muchos de ellos de ejercicios anteriores no debidamente adquiridos o que no contaban con crédito presupuestario para ello. Y por tanto nulos de pleno derecho y tramitados bajo la responsabilidad de quienes los impulsan.
 
Una gran parte de los mencionados expedientes, y en cualquier caso todos los correspondientes al área de Fiestas, que suman 981.813,88 euros, carecen del documento propuesta de aprobación de gastos exigido en las Bases de Ejecución del Presupuesto como necesario para la tramitación de un contrato menor, puesto que en él se expresa la necesidad de realizar el gasto y se recoge la voluntad del concejal responsable de realizarlo. Es decir, se trata de expedientes fantasmas, no se sabe quién encargó el gasto, pero lo cierto es que hay que pagarlo.
 
Viciana explica que el Interventor señala en sus respectivos informes que “se estima acreditada la efectividad de los trabajos, servicios, obras o suministros por el Jefe de la Dependencia”, y esa estimación es la que justifica la posibilidad de sacar adelante el reconocimiento extrajuidicial de crédito para evitar el hipotético enriquecimiento injusto del Ayuntamiento.
 
Es decir, que ante la ausencia de un responsable político en el origen de la contratación o gasto, quienes únicamente aparecen formalmente vinculados a ellos son los jefes de servicio o dependencia, que tiene que certificar que los mismos se han producido.
 
Este Gobierno municipal está colocando a los funcionarios en una situación tan límite que se están viendo obligados a incluir en sus informes una coletilla en el sentido de que la irregular tramitación de los mencionados expedientes se debe a “circunstancias que exceden de los actos propios y competencias de este Servicio y, por tanto, del ámbito atribuido de su responsabilidad”.
 
Por este motivo, y para evitar situaciones similares en el futuro, el Grupo Municipal Por Tenerife ha presentado una moción destinada a que los funcionarios no tramiten aquellos expedientes que los gobernantes se empeñan en sacar adelante al margen de los procedimientos legalmente establecidos.