Los y las profesionales del Trabajo Social de Canarias piden la derogación de la Ley de reforma de la Administración Local

Consideran que la declaración de inconstitucionalidad también es un triunfo de las mareas naranjas

Desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y del Colegio de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife queremos manifestar públicamente nuestra satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de anular (por unanimidad del pleno) varios preceptos de la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Desde que el gobierno del Partido Popular decidió aprobarla sin ningún apoyo político ni social, mostramos nuestro rechazo porque consideramos que su intención no era la “sostenibilidad” de las administraciones públicas, sino más bien el desmantelamiento del sistema público de Servicios Sociales.

Entre otros preceptos, el Tribunal  declara la inconstitucionalidad de la Disposición transitoria segunda de dicho texto legal que establecía que “Con fecha 31 de diciembre de 2015 las Comunidades Autónomas asumirían la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. En la práctica, esto significa que se mantiene la situación anterior hasta que las comunidades autónomas se adapten a esta nueva Ley, pero se suprimen los plazos y condiciones imperativas que la misma establecía.

Los profesionales del Trabajo Social ya advertimos que la intención del Gobierno estatal de obligar a los ayuntamientos a devolver a las comunidades autónomas las competencias en Servicios Sociales y Sanidad iba a perjudicar a la población más vulnerable desde el punto de vista económico y social, ya que alejaba a la ciudadanía de la administración más cercana. El centralizar los Servicios Sociales en realidad no suponía una reducción de los costes, al contrario, precisamente iba a suponer un mayor coste para las personas que necesitan el apoyo del sistema público por su situación de exclusión social.

Consideramos acertadas las críticas que hace el Tribunal Constitucional a los legisladores del PP por haber invadido competencias de las comunidades autónomas. La conocida como Ley de la Reforma Local ha sido una de las más cuestionadas de la legislatura pasada. Además de la oposición social que fue protagonizada en todo el Estado por las mareas naranjas, hubo un rechazo de muchísimos alcaldes (incluso del Partido Popular). Las denuncias en el Tribunal Constitucional fueron respaldadas por 3.000 ayuntamientos, los gobiernos autonómicos de Canarias, Andalucía y Cataluña, y los Parlamentos de Extremadura, Andalucía, Cataluña y Navarra. El Consejo General del Trabajo Social, que representa a más de 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales de todo el estado, también se ha movilizado en contra de esta ley y llevó la denuncia de la misma ante Bruselas.

 Hacemos un llamamiento al Gobierno en funciones para que dentro de las facultades que le permite la ley, promueva la suspensión de los preceptos declarados inconstitucionales. Precisamente un gobierno central que tanto presume de defender y acatar la Constitución cuando se cuestiona desde algunas comunidades autónomas, tiene ahora la oportunidad de hacer cumplir la resolución del Tribunal Constitucional y demostrar por tanto esa defensa de la Constitución que tanto predica. También pedimos al Gobierno canario que a través de la Federación Canaria de Municipio adopte las resoluciones oportunas para que los Servicios Sociales sigan siendo gestionados por los ayuntamientos y, por supuesto, transfiera los presupuestos necesarios para que se puedan gestionar de forma eficaz los Servicios Sociales desde el sistema público, porquee la población tiene derecho a unos servicios sociales públicos cercanos que vayan más allá de la beneficencia .