MANIFIESTO POR LA SANIDAD PÚBLICA 

MOVILIZACIONES ESTATALES 27F 

Hoy estamos celebrando una jornada de lucha a nivel de todo el Estado. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) ha convocado movilizaciones como esta en más de 36 ciudades de todo el estado. El pueblo canario salimos también a la calle a defender con coraje y valentía el derecho a tener una Sanidad Pública Universal, Gratuita y de Calidad. Nos oponemos rotundamente a la privatización del sistema sanitario, hemos tomado la decisión de impedir, con nuestra lucha, que la sanidad sea el negocio unos pocos.

Tenemos memoria histórica, y no olvidamos que ya van más de dos décadas que los sucesivos gobiernos del capital han ido privatizando el sistema sanitario público hasta reducirlo a su más mínima expresión. Lo distintos gobiernos lo han ido haciendo poco a poco, de forma silenciosa y dentro del marco legal de la antisocial Ley 15/97 que abrió las puertas a la privatización de la sanidad. Recordemos que fue una ley aprobada con José María Aznar como Presidente del Gobierno, y con la firma de Juan Carlos de Borbón como Rey de España. En el Parlamento obtuvo los votos favorables del PP, PSOE, CIU, PNV y CC (en contra solo IU y BNG). Una Ley que todos los sucesivos gobiernos y diputados burgueses han acatado y aplicado sin oposición alguna. Es más, la connivencia continua entre gobiernos y empresarios supuso, entre muchos lamentables ejemplos, que el Gobierno de Canarias, cuando gobernaba Coalición Canaria, pusiera al frente de la Consejería de Sanidad a José Manuel Baltar, hombre procedente del grupo sanitario privado clínica San Roque. El proceso de privatización y las medidas adoptadas son muchas y diversas: Entre ellas cabe mencionar: 

El estrangulamiento económico del sistema público con la disminución, año tras año, del presupuesto destinado al sector público, y desviando dinero público al sector privado en grandes cantidades.

La reducción de plantillas y el incremento de las  listas de espera, para así generar en el pueblo una opinión desfavorable hacia la Sanidad Pública. 

La disminución del número de camas hospitalarias públicas, concertando cada vez más intervenciones quirúrgicas con hospitales privados, así como tratamientos de rehabilitación. 

La externalización de servicios fundamentales como limpieza, lavanderías, mantenimiento, cocinas, etc. en los centros públicos.

Ya se produjeron hace años movilizaciones en la calle, promovidas por la Marea Blanca, donde se tenía bien claro que la protección de la salud y la vida de las personas son totalmente incompatibles con el interés privado de hacer negocio y obtener suculentos beneficios del sector sanitario. Y el tiempo hoy sigue dando la razón al pueblo. 

Porque si algo ha quedado de manifiesto, y bastante clarito, en la crisis sanitaria mundial de la Covid-19, es que la privatización de la sanidad mata. Ha sido un doloroso aprendizaje social, en el que profesionales de la sanidad se vieron con las manos atadas al contar con escasos recursos humanos y materiales para enfrentar el drama vivido, hasta el punto de que en algunos funestos momentos se tuvo que decidir qué paciente viviría y qué paciente moriría. El pueblo trabajador lo ha pagado caro con muertes que podían haber sido evitables, entre ellas las de muchas personas mayores, ingresadas en residencias de propiedad o gestión privada. 

En estos meses hemos asistido a un nuevo escándalo con la fabricación y distribución de las vacunas. Las empresas farmacéuticas, muchas de ellas con grandes inyecciones de dinero público, han creado vacunas en tiempo record, pero a la hora de distribuirlas han demostrado que el mercado manda. La especulación y el mercadeo está primando y ha ralentizado enormemente la entrega de vacunas acordada previamente. Estas prácticas comerciales matan. No menos grave es el manejo de las patentes de estas vacunas que han dejado sin vacunas a millones de hermanos y hermanas en los países empobrecidos, mal llamados “subdesarrollados”. Queda claro que la mercantilización de la salud mata.  

Tras la fase de aplausos en el confinamiento, estamos ahora en la FASE de movilización y organización del pueblo. Y tenemos propuestas y reivindicaciones que defender:

1.- “NO a la Ley 15/97”. Exigimos su derogación inmediata, así como que todos los procesos privatizadores que se han dado pasen de nuevo al sector público. Rechazamos totalmente que las empresas privadas y los fondos buitres decidan sobre nuestras vidas y nuestra salud. No queremos ser sacrificadas cuando enfermemos. 

2.- Defendemos con mayúsculas la SANIDAD PÚBLICA y añadimos que esta debe ser UNIVERSAL,  DE CALIDAD Y GRATUITA (sin copago). Totalmente al servicio del pueblo trabajador. Que incluya sin excepción a las personas migrantes que estén de paso, o no, en nuestra tierra. Esto incluye la defensa firme del resto de los Servicios Públicos (Servicios Sociales, Educación, Pensiones, etc.) y el rechazo a las privatizaciones.

3.- Apostamos por una industria sanitaria y farmacéutica 100% pública que se encargue de la investigación, fabricación y distribución de medicamentos y material sanitario para nuestro pueblo. 

4.- Decimos SÍ a la incompatibilidad del personal público en la actividad privada. La imposibilidad de médicos y enfermeros de compatibilizar su trabajo en la sanidad pública y la privada está regida por la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Exigimos la aplicación real de esta ley.

5.- Queremos una sanidad para todas donde se reconozca los diferentes sectores sociales y sus particularidades, como los problemas específicos de salud en la mujer, la adolescencia, la sexualidad, los procesos psíquicos, etc. Además, se debe acabar con las barreras administrativas que imposibilitan la obtención de la tarjeta sanitaria. Por lo tanto, sin requisitos ni excepciones, que incluya a todas las personas sin exclusión ninguna. 

6.- Deseamos que a nuestros mayores se les cuide con dignidad. Un paso importante es conseguir que las residencias sean totalmente de titularidad y gestión pública. Además, exigimos que los posibles casos de negligencia y maltrato que se dieron en centros sociosanitarios durante la pandemia sean investigados para que la administración actúe en consecuencia. 

7.- Exigimos un ajuste de los presupuestos en cuanto a la Casa Real, la Iglesia y el gasto en armamentos, destinándolos a la atención social de las familias. De igual forma, exigimos al Gobierno de Canarias que se acabe con la RIC (Reserva de Inversiones de Canarias), que solo beneficia a los grandes empresarios y no resuelve nada al pueblo canario.

8.- Exigimos un Plan Urgente de Emergencia Social que dé respuesta inmediata a las necesidades del pueblo trabajador mediante oficinas de atención personal en los barrios (acompañamiento en gestiones de empleo, vivienda, dependencia...) y equipos de Trabajadores Sociales visitando casos urgentes (adicciones, disfunciones familiares, reinserción social...) para dar soluciones inmediatas.

9.- Una Renta Básica Universal de carácter permanente implantada por tramos como herramienta de redistribución de la riqueza.

10.-  No a los despidos tras los ERTEs. Por un trabajo digno, especialmente en el sector juvenil y de las mujeres. Derogación íntegra de las Reformas Laborales de 2010 y 2012. Revisión del Estatuto de los Trabajadores  y garantizar que ninguna persona sin empleo se quede sin un subsidio digno.

Para concluir, decir que no quepa la menor duda, seguiremos en la lucha a brazo partido y de forma unitaria, porque como dice la consigna “La lucha es el única camino”. Nos va la vida en ello. 

¡¡VIVA LA SANIDAD PÚBLICA!!

¡¡ABAJO LAS PRIVATIZACIONES!!

¡¡DEROGACIÓN INMEDIATA DE LA LEY 15/97!!

¡¡SOLO EL PUEBLO ORGANIZADO SALVA AL PUEBLO!!

* En La casa de mi tía con la colaboración de Fernanda Gadea y Francisco Morote, de Attac Canarias