Nosotras, ciudadanas y ciudadanos, hacemos nuestra la llamada del Foro Social Mundial en Agosto de 2016  y convocamos a movilizarnos para exigir medidas reales contra la lacra social de la evasión fiscal y acabar con los Paraísos Fiscales.

La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica, por lo que es urgente cambiar este sistema que genera riqueza para una minoría y empobrece al resto de la población.

Acabar con el hambre en el mundo en 2025 costaría 250.000 millones de euros de ingresos tributarios. Esto equivale a lo que se evade de impuestos y desaparece en las cloacas financieras conocidas como Paraísos Fiscales cada año.

Los impuestos son la mayor fuente de financiación que tienen los gobiernos para disponer de recursos que les permitan asegurar a la ciudadanía el disfrute de sus derechos, corregir discriminaciones, lograr la igualdad y gestionar lo común.

Los impuestos son esenciales para financiar el desarrollo humano y reducir la pobreza. Los impuestos financian servicios públicos de calidad: educación pública para todas y todos; política sanitaria universal sin discriminación alguna; pensiones dignas y suficientes; vivienda social e infraestructuras seguras y sostenibles, tanto para la ciudadanía como para grandes empresas, que respeten el medioambiente.

Una política fiscal progresiva y suficiente acabaría con el endeudamiento de los estados y  eliminaría la política de austeridad. Sin embargo la deuda aumenta y se privatizan y deterioran los servicios públicos porque cientos de miles de millones de euros desaparecen cada año en las cloacas financieras que son los Paraísos Fiscales.

La evasión fiscal de unos pocos perjudica a toda la ciudadanía. La relación entre evasión fiscal  y  violación de derechos sociales es clara y directa. Quienes defraudan, roban a la ciudadanía.

Casi todas las empresas del IBEX35 desvían sus cuantiosos beneficios a los paraísos fiscales y no pagan lo que deben en impuestos. Los grandes bancos españoles tienen delegaciones y filiales en guaridas fiscales lejanas y cercanas desde donde la minoría rica gestiona sus grandes fortunas evadiendo impuestos que pequeñas empresas, autónomos y ciudadanía pagamos sin excepción.

Las guaridas fiscales son los llamados paraísos,  el medio imprescindible para delinquir, para blanquear los beneficios del tráfico de armas y de drogas, para financiar al terrorismo y para que grandes fortunas, donde destacan políticos, familiares de la monarquía y empresarios corruptos evadan impuestos a gran escala.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, Banco Central Europeo, el Banco Mundial y el G20 imponen políticas de austeridad a la ciudadanía, permiten que las riquezas sigan acumulándose en pocas manos. Esto significa que el peso de la crisis lo carga la mayoría, mientras que una minoría sigue ostentando un poder sin medidas. Todo esto contribuye al incremento de la pobreza y de las desigualdades, y supone una gravísima amenaza para la ciudadanía y para la democracia

El sistema fiscal actual concede privilegios a las empresas transnacionales y permite que esquilmen los recursos de los Estados. Los recientes y cada vez más frecuentes escándalos como el de Suiza, Luxemburgo, o los Papeles de Panamá son claro ejemplo de ello. Los paraísos fiscales impiden que los Estados consigan ingresos suficientes para una justa redistribución de la riqueza, el mantenimiento de los servicios públicos y la garantía de los derechos de las personas

En nombre del mal llamado libre mercado, se firman tratados internacionales como el TTIP, CETA o TISA. Estos tratados ignoran la responsabilidad fiscal de las multinacionales, y amenazan la democracia y la justicia estableciendo tribunales privados de arbitraje. Ejemplo de esto es el  ISDS (por sus siglas en inglés),  que permiten a las corporaciones demandar a los Estados si sus políticas, entre ellas la política fiscal,  o su acción de gobierno les parece contraria a sus intereses o limita su insaciable deseo de lucro. Como las recientes demandas hechas contra el Estado Español por empresas situadas en Paraísos fiscales a causa de la desaparición de subvenciones a las renovables. Esos arbitrajes privados  se han convertido en otra fuente de beneficios para las multinacionales.

Más allá de eufemismos y juegos de palabras, evadir impuestos es robar a la ciudadanía. Por eso llamamos a una acción contundente e inflexible contra los paraísos fiscales y exigimos a nuestros representantes políticos que impulsen actuaciones enérgicas contra las cloacas fiscales hasta su total erradicación y acabar con el  fraude fiscal.

• Proponemos que sea ilegal toda actividad económica en los estados de la Unión Europea de las empresas radicadas en paraísos fiscales, filiales, delegaciones y empresas-pantalla.

• Pedimos que no se reconozca capacidad jurídica para actuar en territorio español a empresas con filiales en paraísos fiscales u oculten datos relevantes de su actividad económica y sus beneficios.

• Reclamamos que la Unión Europea sancione a los países o territorios que mantengan el secreto bancario y la opacidad financiera de transacciones y también quienes compiten fiscalmente con otros estados de la UE a la baja.

• Exigimos que se rechacen como ilegales los informes anuales de grupos empresariales y corporaciones que oculten datos, fragmentándolos en sus diversas filiales, para ocultar beneficios y no pagar impuestos.

• Consigamos que las leyes nacionales obliguen a las multinacionales a detallar país por país  ingresos, beneficios, inversiones e impuestos pagados en cada territorio o Estado donde estén presentes.

• Requiramos leyes que impidan que las administraciones del Estado y los organismos públicos contraten empresas y bancos que operen en Paraísos Fiscales.

• Y promovamos que las administraciones locales y comunidades autónomas establezcan una eficaz red de Zonas Libres de Paraísos Fiscales, ni que contraten con dinero público a empresas con sedes en paraísos fiscales

• Recordamos que es obligación de los Estados el legislar no sólo para conseguir más ingresos, sino que una vez que los tienen, éstos se redistribuyan, y se adopten, de forma progresiva, las medidas necesarias para que todos los derechos se cumplan.