Frías cree que el caso del centro de acogida es “una chapuza” y rechaza las críticas a los vecinos

* “Las primeras víctimas de esta polémica son las personas sin hogar”

* “Salud Bajo ha sido sometido a presiones y a un juicio social injusto”

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,afirmó hoy que la polémica suscitada en torno a la ubicación de un centro de mínima exigencia (CME) para personas sin hogar en la avenida de Venezuela es “una chapuza que no puede volver a repetirse”, cuyo responsable es el propio Consistorio por no haber actuado con responsabilidad y autoridad desde el primer momento frente a la empresa que gestionará el centro.

Asimismo, la concejala rechazó tajantemente las críticas que se han vertido sobre los vecinos y vecinas del barrio de La Salud Bajo por su oposición a la ubicación de este centro, pues se ha demostrado que tenían razón y que no los movían actitudes insolidarias hacia las personas sin recursos. “El barrio ha sido sometido a una serie de presiones y a un juicio social injusto, porque Salud Bajo ha acogido durante décadas otros recursos para personas en exclusión social sin que haya habido ningún tipo de problema de integración”, afirmó Frías.

En este sentido, consideró que el vecindario de Salud Bajo ha sido la segunda víctima en esta polémica; la primera lo son las personas sin hogar, que ven cómo se retrasa la puesta en marcha de un recurso necesario para su supervivencia por la falta de diligencia y autoridad del Ayuntamiento, pues desde el primer día debió haberse negado a que un centro de acogida se situara en un local bajo, de superficie insuficiente para que veinte personas pudieran pernoctar en él, sin ventilación natural y que incumple la normativa sobre ruidos.

Ante la propuesta que la empresa adjudicataria de ubicar allí el centro, el presidente del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Óscar García, “tenía que haberse negado en rotundo –añadió la concejala–: no se puede hacinar en condiciones infrahumanas a las personas que viven en la calle”.

Ocultación

Según Frías, el grupo de gobierno de CC-PP también es responsable de esta chapuza por haber llevado el asunto con ocultación, sin informar a las asociaciones del barrio sobre la ubicación propuesta. “La gente se enteró por casualidad y se armó un revuelo social que se podía haber evitado si se hubiera actuado con transparencia y contando con la opinión y la participación del barrio”, afirmó.

La responsabilidad municipal también tiene que ver con que el IMAS persistiera en la idea de mantener la ubicación del centro a pesar de las advertencias de diferentes sectores sociales de que no reunía las condiciones adecuadas. “Tuvo que intervenir la Gerencia de Urbanismo, gestionada por el PP, como el IMAS, para invalidar la posibilidad de que se abriera en aquel agujero un centro para la pernoctación de veinte personas”, recordó la portavoz ecosocialista.

Por último, Frías criticó que desde el Ayuntamiento no se hiciera un seguimiento adecuado del trabajo desarrollado por la empresa adjudicataria y afirmó que si este servicio público fuera gestionado por la Administración no se darían estos problemas, que son consecuencia de la privatización y del afán por ahorrar costes para obtener más beneficios empresariales, en detrimento de los beneficios sociales para las personas afectadas y para la comunidad.