Tenerife, Islas Canarias, 22 de noviembre de 2019

Convocan una concentración en apoyo a Evo Morales y contra el golpe de Estado en Bolivia

Cerca de una veintena de organizaciones exigen al gobierno español y a la Unión Europea que dirijan sus esfuerzos a recuperar la institucionalidad democrática

Cerca de una veintena de organizaciones canarias convocan a la ciudadanía de Tenerife a participar en una concentración en apoyo a Evo Morales y contra el golpe de Estado en Bolivia. El acto reivindicativo tendrá lugar este domingo a las 11.00 horas, en la plaza 1 de mayo de Santa Cruz de Tenerife, frente al Mercado Nuestra Señora de África.

La iniciativa cuenta también con el apoyo de ciudadanos y ciudadanas bolivianas residentes en las Islas, que han expresado su profunda preocupación y malestar por el golpe de Estado que ha obligado al exilio al presidente electo Evo Morales y que ha costado ya una treintena de muertos, producto de la represión desatada por los y las golpistas.

Las organizaciones convocantes exigen al gobierno español, que desconozca al gobierno golpista, rompa relaciones diplomáticas con sus representantes y llame a consultas a su embajador en La Paz hasta que sea restituido el presidente legítimo Evo Morales y la normalidad democrática en el país. Asimismo, reclaman que el gobierno español promueva a nivel internacional acciones de diálogo o se sume a ellas con el fin de restablecer la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y las instituciones y leyes abolidas por el golpe, mientras que exigen a la Unión Europea que reconsidere su complicidad con el golpe de Estado y que mantenga una actitud inequívoca a favor de la democracia.

Los colectivos convocantes manifiestan que el resultado de las elecciones celebradas el 20 de octubre pasado en Bolivia es indiscutible, así como su elección como presidente por el 47 % del censo electoral, lo que hizo innecesario pasar a la segunda vuelta. Estp es así especialmente después de quedar demostrada la falsedad de la auditoría presentada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con la que las y los golpistas justifican su actuación, según la cual fueron fraudulentas estas elecciones.

El informe de la OEA está incompleto, es parcial y no entrega antecedentes técnicos suficientes para argumentar un fraude bajo ninguna circunstancia. La implicación de este organismo de su propio secretario, que de manera inédita se sumó a la proclamación del falso fraude, evidencian que la OEA sigue siendo fiel a su origen y trayectoria como instrumento de intervención de Estados Unidos en América Latina.

En la línea de lo que falsamente calificados como “golpe suave” que Estados Unidos ha estado promoviendo de manera incesante en los países latinoamericanos donde desde finales del siglo pasado se impulsan proyectos políticos para el rescate de la soberanía nacional, días después de los comicios, distintos grupos violentos asaltaron el poder político bajo amenazas y forzaron la salida del presidente hacia el exilio tras amenazar su vida y la de integrantes del gobierno, así como de sus familiares, mientras la Comandancia de la Policía y las Fuerzas Armadas reclamaron su renuncia y facilitaron la formación e intervención de grupos paramilitares. A ello se suma la autoproclamación de una presidenta que no cuenta con el respaldo de los votos para asumir esa función.

Las y los golpistas constituyen un grupo social minoritario, de cultura occidentalizante, una oligarquía blanca que ha sido la beneficiaria del orden postcolonial constituido tras la independencia en el siglo XIX. A ello se añade el fundamentalismo de ciertos grupos evangélicos que fueron introducidos en América Latina desde los años 80 del siglo pasado por parte de la CÍA, como instrumento de dominación y control ideológico.

Su forma de actuar es claramente fascistas, evidenciado por la violencia inusitada y los objetivos de los grupos paramilitares, y el decreto emitido por el gobierno usurpador por el que se exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad, una decisión que anuncia una escalada represiva ante la resistencia de la ciudadanía. En este sentido, las organizaciones advierten que los delitos de lesa humanidad no son perdonados ni eximidos por el derecho internacional.

En 13 años de gobierno desde 2006, Evo Morales y su partido, el MAS, gobernando junto a los movimientos sociales, promovieron la redacción de una nueva Constitución en la que se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, las mujeres, los y las campesinas y el pueblo trabajador en general; aumentaron el salario mínimo al 1000 %; las mujeres accedieron a los espacios institucionales, ocupando el 50 % de los cargos públicos del Estado, de ellas, el 68 % son mujeres indígenas; edificaron 138 hospitales para el sistema público de salud y más de 1100 escuelas públicas, a lo que se suma el bono monetario para estudiantes y la reducción del analfabetismo del 22,7 % al 2,3 %; se reconocieron los derechos de la población indígena mediante la creación del Estado Plurinacional y, en coherencia con su cultura, se alentaron medidas de protección del medioambiente; establecieron el sistema público de pensiones para mayores de 65 años; crearon cerca de 13.000 cooperativas y construyeron fábricas para el procesamiento de litio, de cemento y automotrices, con el fin de abandonar la dependencia industrial; construyeron más de 25.000 kilómetros de carreteras, para articular el territorio del país en torno a las vías de comunicación; lanzaron el primer satélite boliviano al espacio, el Tupac Katarí; estas y otras medidas sacaron a Bolivia de las estadísticas como país más pobre de Sudamérica y lo situaron en el de más crecimiento, con un aumento del 400 % en el PIB, el aumento de la esperanza de vida en 5 años y la disminución de la pobreza en un 50 %. Además, eliminaron las ocho bases militares de Estados Unidos en su territorio y sacaron a la DEA y la CÍA del país.

A juicio de las organizaciones convocantes, el interés de la oligarquía local y de sus aliados imperiales es revertir la situación de Bolivia a antes de 2006. Para las empresas multinacionales y las potencias imperiales, se trata de garantizar el control de los riquísimos recursos naturales de Bolivia, que van desde el petróleo y el gas natural hasta el litio –como primer productor mundial– y el hierro, mientras que, para la oligarquía local, el objetivo principal es recuperar la hegemonía política por la única vía en que pueden hacerlo –la fuerza– y desplazar a la mayoría social indígena, campesina y trabajadora, que en este periodo ha conquistado sus derechos.

En el momento del lanzamiento de la convocatoria, firman el manifiesto colectivos de solidaridad internacionalista: Plataforma Bolivariana de Canarias, Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos, Plataforma Canaria con Venezuela Bolivariana, PCB Ezequiel Zamora, Colectivo Internacionalista Tiwizi, Frente Internacionalista y Bolivariano; partidos políticos: Partido Comunista de España (PCE), Alternativa Nacionalista Canaria (ANC), Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC), Ahora Canarias, Izquierda Unida Canaria, Canarias Se Defiende y Unidad del Pueblo; organizaciones sindicales: Alternativa Sindical Obrera Canaria (ASOC) y Comisiones de Base CO.BAS; juveniles: Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE) y Juventud del PCPC, y de mujeres: Asociación Mujeres Nómadas Canarias. Continúa abierto el plazo para sumar más firmas a esta iniciativa.