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viernes, 29 de marzo de 2024 10:20h.

Piden apoyo a canarias y canarios para reclamar al Gobierno de Honduras el respeto a los derechos humanos tras el asesinato de Berta Cáceres

Piden apoyo a canarias y canarios para reclamar al Gobierno de Honduras el respeto a los derechos humanos tras el asesinato de Berta Cáceres Imprimir E-Mail

El Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos solicita la firma de un documento por parte de todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales de Canarias, ante el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres y la situación de riesgo que sufre el único testigo del asesinato, el defensor de derechos humanos Gustavo Castro.

Afirman que es importante dar una respuesta rápida para presionar al gobierno hondureño para que se protega y se respeten los derechos de Gustavo Castro.

Berta Cáceres, lideresa indígena, representante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en la madrugada de este jueves 3 de marzo a manos de hombres armados que irrumpieron en su casa en La Esperanza, Intibucá (Honduras). Berta Cáceres, activista ambientalista, luchaba por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así como de los pueblos originarios,  por la dignidad de las mujeres y  contra la destrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Se batió contra los tratados de libre comercio considerándolos parte de un sistema que asegura el beneficio económico de las empresas transnacionales sobre los intereses colectivos de los pueblos afectados. Se opuso al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que para el COPINH fue un instrumento de violencia al servicio de las empresas trasnacionales para el saqueo de los bienes comunes y la represión de las organizaciones sociales que se han opuesto a él. Además, Berta Cáceres rechazó firmemente la instalación de bases militares estadounidenses en el territorio lenca, comunidad de la que ella misma formaba parte.

El asesinato de Berta se inscribe dentro de la grave situación de inseguridad que sufren los y las activistas defensoras de los derechos humanos, la justicia social y ambiental. Así lo había declarado la misma Cáceres: "Los que rechazamos estos proyectos somos amenazados, amenazan nuestras vidas, nuestra integridad física y emocional, la de nuestras familias y comunidades enteras, nos quieren negar la existencia como pueblos originarios. Vivimos en un clima de impunidad y de nula administración de justicia". 

Según los datos de la organización Global Witness, América Latina concentra el mayor número de asesinatos de activistas medioambientales. La organización denuncia entre otros el caso particularmente grave de este país: “Honduras (ocho millones de habitantes) es el país más peligroso per cápita para los defensores del medioambiente. Entre 2010 y 2014 se han perpetrado 101 asesinatos”.

Según un comunicado del COPINH, “Miembros del COPINH aseguran haber sido amenazados en el mes de diciembre por personas que se autodenominaron sicarios contratados por la empresa DESA. Durante los últimos seis meses se confirma que Berta recibió amenazas constantes cuya intensidad iba incrementando, disparos contra el carro, mensajes y amenazas verbales directas, por parte del ejército, la policía, el alcalde Raúl Pineda y la empresa DESA”.

Junto a Berta Cáceres se encontraba en el momento de su asesinato el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, integrante de la Organización Otros Mundos Chiapas/ Amigos de la Tierra Mexico, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), quien logró sobrevivir al ataque aunque resultó herido en una mano y una oreja.

Tras declarar voluntariamente ante las autoridades hondureñas, cuando pretendía regresar a México fue retenido en el aeropuerto impidiendo su salida del país. En estos momentos Gustavo Castro ha tenido que ser protegido por la Embajada de México en Tegucigalpa.

Por todos estos hechos, desde las islas Canarias, las organizaciones abajo firmantes, conscientes de la importancia de la figura de Berta Cáceres y la gravedad de su asesinato, queremos:

Expresar nuestra más firme condena por lo sucedido, y solicitar al gobierno de Honduras que esclarezca los hechos a través de una investigación independiente, e imparta justicia para que el asesinato de la activista no quede impune. 

Además, preocupadas por la evidente situación de riesgo en la que viven los y las activistas hondureñas, y especialmente alarmadas por la situación que en estos momentos está viviendo el compañero Gustavo Castro, exigimos que se garantice su libertad y que las autoridades hondureñas tomen las medidas necesarias para proteger su vida.

Solicitamos que se defiendan las justas reivindicaciones de los pueblos afectados para que los intereses de estos primen sobre las pretensiones de las empresas trasnacionales que quieren actuar en las áreas de las que depende la supervivencia estos pueblos. En particular modo, consideramos necesario que se protejan los derechos de las comunidades afectadas por los proyectos hidroeléctricos en Río Gualcarque y Río Blanco, causa por la cual Berta Cáceres luchó y por cuya causa había recibido amenazas de muerte. 

Instamos al Gobierno de Honduras a no seguir criminalizando las luchas de los pueblos indígenas, a respetar su derecho a consulta  y su derecho a proteger y defender sus tierras ancestrales.

Rechazamos y solicitamos el fin de la “militarización” de Honduras por los Estados Unidos, la retirada de sus bases militares y que no se siga dando entrenamiento a soldados hondureños en la Escuela de las Américas. 

Por último, quisiéramos solidarizarnos con la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y lamentar con ellos la pérdida de la compañera Berta Cáceres.