En lo que se refiere a los servicios sociales los presupuestos se recortan en un 14%, pasando de dedicar 146 euros por habitante y año a 126 euros por habitante y año, Somos el segundo territorio a la cola del resto del Estado español. Se pierden 43 millones de inversión en este año, y se han perdido 140 millones en los últimos tres años.

Además, se invierten 4 millones menos en la Dirección General de protección al Menor y la familia. Se invierten 76 millones menos en la Dirección General de Políticas sociales. Se invierte 1 millón menos para el Instituto canario de Igualdad y 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda. Mientras en las cárceles del archipiélago malviven 3000 personas hacinadas en estos espacios de contención y tortura. A su vez los presupuestos van destinados a infraestructuras millonarias impuestas desde arriba como la macrocárcel en Gran Canaria o el Tren del Norte.

 El gobierno de Coalición Canaria y el PSOE en Canarias demuestra su desinterés por la grave situación de exclusión y pobreza destinando para las llamadas ayudas de emergencia social, La Prestación Canaria de Inserción (PCI), 23 millones de euros, lo que contrasta con los más de 34 millones destinados para asesoramiento de presidencia, o el que los 75 millones de euros invertidos en la destrucción de Tindaya servirían para que 15500 personas pudieran cobrar la PCI durante todo un año. Ni que hablar de lo que, con voluntad política, se podría hacer con los 13 mil millones de euros y los 7000 millones más que recaudará hasta el 2013 la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

 La PCI es un derecho destinado a personas con precariedad económica, lo que en Canarias se traduce en el 75% de la población. La realidad es que las ayudas de emergencia, en el caso de Canarias, la PCI, no se cobran desde mayo, y estamos hablando de personas sin ningún otro tipo de ingreso. Las oficinas de Servicios Sociales en Canarias están funcionando más como herramientas de control y contención que como herramientas al servicio de que se cumplan los derechos de las personas que aquí vivimos. Y vean que hablamos de Derechos y no de caridad en forma de ayudas.

 En el caso del municipio de La Orotava los datos son más que alarmantes atendiendo sólo a los casos de personas que han logrado ser atendidas y que han accedido a algún tipo de derecho en forma de prestación, ya que en su mayoría, las herramientas de contención de las administraciones públicas y la estigmatización de las personas que acuden a los servicios sociales hacen que la mayoría no accedamos a nuestros derechos:

 Según datos oficiales del ayuntamiento del municipio, a 2017 personas se le han concedido ayudas de emergencia social divididas entre ayudas individuales (Mayores, discapacidad...) y las de emergencia social (Alimentos, farmacia, pañales, bonos de transporte social...) y en el caso de la PCI de 131 expedientes se ha dado la "prestación" a 54 personas, mientras otras 54 siguen a la espera de la consejería, y 23 siguen en trámites municipales de control para "verificar y valorar el estado de necesidad".

 No podemos delegar nuestras vidas a los caprichos e intereses de las grandes beneficiadas del capitalismo que nos destroza la vida. Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza entendemos que es vital recuperar la calle como escenario de lucha, como la única manera para exigir y conseguir las mejoras necesarias que nos permita tener las riendas de nuestra vida a las que nada tenemos. En los próximos meses comenzaremos una campaña de difusión y devolución del estudio de la Renta Básica de las Iguales, en el que hemos demostrado que con los recursos económicos actuales, y con voluntad política, se puede acabar con las muchas personas que vivimos en exclusión en el municipio de La Orotava, con la vocación de que esta propuesta se extienda al resto de Canarias.

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