Pasan los años, las empresas, las personas, pero la corrupción permanece, comenta Chema Tante

Escribía ayer Federico Aguilera Klink: Las constructoras vuelven a la carga (si es que alguna vez no lo han hecho) y, es verdad, no lo han hecho. Desde los tiempos imperiales, el poder político ha estado amarrado por sus atributos con doradas cadenas, por los mercaderes y constructores. Ya en tiempo más cercanos, cuando Franco empezó a reconstruir lo que se había arrasado por su levantamiento incivil, las constructoras le marcaban el paso económico al régimen. Llegó la lampedusiana Transición, uno de los más grandes fraudes políticos que hayan visto los siglos, la costumbre del delito permaneció. Con traje de alpaca aristocrático o de pana pretendidamente progresista, la gente de las empresas y la gente de la política se han confabulado en una orgía de construcciones de todo tipo, innecesarias o sobredimensionadas, con costes multiplicados, para que hubiera el suficiente margen para satisfacer a toda la peña. Del rey, abajo.

Todo lo que tuviera que ver con construcciones, con hormigón, pero también todo lo que pudiera ser objeto de contratación pública; eventos, estudios, cursos, promociones, lo que sea, todo, todo, todo, ha sido planificado por encima de lo que se necesitaba, presupuestado dos, tres, n veces más de lo preciso. Y, por supuesto adjudicado de la manera menos imparcial posible. No sé como sería la cosa en el estado español, pero no tengo por qué pensar que fuera muy diferente de lo que yo he visto en Canarias. Cada vez que ha aparecido una convocatoria de concurso para adjudicar algún contrato público, el grito de "ya esta dado" ha recorrido las oficinas de las empresas serias y de profesionales con honestidad. Los nombres de empresas y tipos que se benefician de las contrataciones públicas se repetían una y otra vez. Inmensas fortunas se han amasado, con esta práctica maldita.

Lo que se necesita construir o contratar, se hace por encima de lo preciso. Y, cuando la voracidad de la corrupción no se satisface con ello, se inventan cosas nuevas. Proyectos que no hacen falta ninguna.

Y esto, hoy como ayer.  Vean el artículo contundente que escribiera Carlos de Prada en 1997. Un cuarto de siglo más tarde, cambien ustedes los nombres, conviertan las pesetas a euros, amplíen el ámbito del agua al resto, y el artículo es aplicable a todo tiempo y a todo territorio de esto de lo que va quedando del imperio español.

Le decía Maragall al pujoliano CiU: "Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama tres per cent" Yo creo que se quedaba corto. Al menos, en Canarias, la corrupción no se pone por menos del veinte por ciento. Un por ciento de unos presupuestos hinchados, de unas contrataciones a menudo innecesarias.

Se dice que la corrupción en el estado español supera los 90.000 millones de euros. Y yo sostengo que son más. Porque esa cifra se estima sobre las comisiones que pesan sobre contrataciones. Pero no contempla los otros miles de millones que se botan en obras innecesarias. ¿No es corrupción construir puertos que no reciben barcos, terminales aéreas que operan a un tercio o menos de su capacidad, encargar estudios que no se hacen o que no se aplican, promocionar a artistas afines, editar libros que no se leen, comprar submarinos que no flotan o armas que se mandan a donde le convenga al emperador yanqui? Eso también suma. Sí. La corrupción puede probablemente duplicar esos 90.000 millones al año. 

Lo que haría con ese dinero un gobierno progresista, un gobierno donde no estuvieran Sánchez, Calviño, Escrivá o Ribera...

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La dictadura de las constructoras  - por Carlos de Prada  (1997)

En nuestro país existe lo que podríamos  calificar, sin ambages, como una dictadura de las empresas constructoras, ya que  son ellas las que inspiran la política del  agua del actual Ministerio de Medio  Ambiente (MIMAM), como antes hacían  con el extinto MOPTMA.  

¿A nadie le choca que casi todo el presupuesto del MIMAM se destine a hor migonar nuestros ríos? ¿A nadie le sorprende que la justificación de la mayor  parte de estos proyectos faraónicos sea  dudosísima (como es el caso del regadío,  por ejemplo)? ¿Cómo se tolera que se  derrochen decenas de miles de millones  de pesetas —hasta siete billones en el  Plan Hidrológico Nacional del PSOE— en obras cuya necesidad no ha sido probada? ¿Es de recibo que uno de los anteriores directores generales de Obras  Hidráulicas dijese una y otra vez que primero se construye un embalse y luego se  ve para qué sirve?  

¿Por qué en un Ministerio de Medio  Ambiente hay una Dirección General de Obras Hidráulicas y no  de Recursos Hídricos? ¿Por qué la señora Tocino leyó un discur so al tomar posesión de su cargo al frente del citado ministerio y  luego hace todo lo contrario? ¿Por qué existe ese empeño en  adjudicar pantanos, como Irueña o Andévalo, o en seguir con otros como el de Itoiz, llegando al extremo el secretario de  Estado de Comunicación de inventarse inexistentes amenazas de  ETA para irracionalizar el debate?  

En casi todos los casos de corrupción conocidos en España aparecen las empresas corruptoras  -quizá más que constructoras- dedicadas al fomento de comisiones y contratas socavando nuestra moral y patrimonio  

¿Para declarar una obra como de 'interés general' basta con que  un grupo de políticos y de constructoras asegure que lo es o debería demostrarse? ¿Satisfará a Iñigo de Oriol, presidente de Iberdrola y de Cementos Asland, la 'fiebre pantanera' de su antiguo  -y quizá futuro- hombre, Benigno Blanco, actual secretario de  Estado de Aguas y Costas?  

¿Por qué el Estado de derecho es tan relativo en asuntos como el de Itoiz? ¿Por qué se hacen pantanos para no regar nada o para  regar con aguas saladas, como es el caso de El Atance?  

Si revisamos los casos de corrupción conocidos en España  (Roldán, Urralburu, Aragón, Cariellas, Naseiro, Filesa, etcétera), en casi todos ellos aparecen las empresas corruptoras -quizá  más que constructoras- dedicadas al fomento de comisiones y contratas, cubiertas de privilegios, dragando (socavando) nuestra  moral y patrimonio... ¿Quién financia al poder político? En definitiva, el que paga, manda.  

Repasemos ahora las páginas de los diarios económicos: una y otra vez Seopan, la patronal de la construcción, presiona al  Gobierno para que no caiga el volumen de dinero que recibe del  erario público. Una parte de ese dinero viene de las grandes obras  hidráulicas. Por tanto, ¿van a tolerar que monsergas de racionalidad, científicas o de gestión seria, amenacen sus intereses creados? Estos intereses seguirán dañando nuestra economía y nuestro medio ambiente si no acabamos con el `golpismo hidráulico' que gobierna nuestra política del agua y que tiene no tanques, sino excavadoras, tomando el país.