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sábado, 20 de abril de 2024 01:42h.

Ignacio Rodríguez (IC) considera intolerables las afirmaciones de José Carlos Francisco (CEOE) pidiendo el despido masivo de empleados públicos

“Si el Gobierno estatal acaba finalmente con los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), el ejecutivo canario tiene la obligación de tapar ese agujero”. De esta forma se posicionó Ignacio Rodríguez (IC), en rueda de prensa junto a los delegados del comité de empresa de los trabajadores del SCE a la hora de analizar la posibilidad de que 400 trabajadores vayan a la calle y de que las políticas de empleo para las islas sufran un revés muy duro.

 
Ignacio Rodríguez (IC) considera intolerables las afirmaciones de José Carlos Francisco (CEOE) pidiendo el despido masivo de empleados públicos Imprimir E-Mail

Gobiernos estatal y canario tienen la obligación de asegurar un servicio público tan esencial como el SCE porque Canarias es la comunidad con más ciudadanos en situación de desempleo

SB-Noticias.- “Si el Gobierno estatal acaba finalmente con los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC), el ejecutivo canario tiene la obligación de tapar ese agujero”. De esta forma se posicionó Ignacio Rodríguez (IC), en rueda de prensa junto a los delegados del comité de empresa de los trabajadores del SCE a la hora de analizar la posibilidad de que 400 trabajadores vayan a la calle y de que las políticas de empleo para las islas sufran un revés muy duro.

Ignacio Rodríguez dijo que se están estudiando las movilizaciones a llevar a cabo en las próximas fechas coincidiendo con el debate de las enmiendas a los PGE, entre las que se encuentran la realización de concentraciones frente a la subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de forzar a que el Estado cumpla los acuerdos plurianual del PIEC.

Asegura que el Estado no puede ignorar estos acuerdos rubricados para la empleabilidad en Canarias, por lo que si finalmente no se soluciona este problema generado por el tijeretazo del PIEC, el gobierno de Canarias tiene la obligación de estar a la altura de las circunstancias y subsanar ese agujero aportando fondos propios para mantener ese servicio público tan esencial para la comunidad autónoma con mayores índices de ciudadanos en situación de desempleo.

El dirigente sindical considera obligatoria la movilización masiva de todos los empleados públicos de Canarias para contener la avalancha de despidos que se anuncian. En este sentido, en nombre del comité de Empresa del SCE y de los sindicatos con representación en ese organismo autonómico, mostró el rechazo radical a las recientes declaraciones tanto de Paulino Rivero, presidente de Canarias, como las efectuadas por el presidente de la patronal tinerfeña, José Carlos Francisco, sobre el despido masivo de empleados públicos.

Para el portavoz de IC, insistir en que la destrucción de empleo público es una solución para salir del déficit y sanear la economía es un gravísimo error, tras lo que afirmó que se está denigrando lo público con un discurso muy interesado, que responde a intereses muy concretos de los grandes empresarios.
 
Rodríguez dijo que se debe tener en cuenta un dato muy relevante al respecto como es que en las islas la ratio de empleados públicos en relación con los habitantes es muy bajo con respecto a la media europea. En este sentido, afirma que en Canarias tenemos 6,1 trabajadores públicos por cada 100 habitantes, datos que se triplican en países como Suecia o Dinamarca, cuyas economías no podemos decir que sean deficitarias.

No sobran por tanto empleados públicos, dijo para añadir que Francisco se equivoca de plano con sus declaraciones, primero porque son impropias de un dirigente de una organización empresarial porque esos despidos estimulan la pobreza, el mayor deterioro de la economía, el ahondamiento en la caída del consumo, pero también porque su propuesta conduce a una factura social lamentable.

Por ello, Ignacio Rodríguez insiste en que frente a estos ataques se hace necesario que los empleados públicos estrechen la protesta, unifiquen sus capacidades de respuesta y protejan la vertebración social a través de los servicios públicos básicos.