Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica: la visión de un cristiano de base, Javier Andrade en NORTES Comenta Antonio Aguado
Un cristiano de base, Javier Andrade comenta en NORTES el proceso de catalogación y recuperación de propiedades fagocitadas por la Iglesia Católica al amparo de la ley de Aznar, Andrade se alegra por la iniciativa pero lamenta que el catálogo haya resultado insuficiente. Lo comenta el coherente veterano militante socialista Antonio Aguado.
El egoismo de la Iglesia Católica no tiene limites, comenta Antonio Aguado *
El Estado lógicamente es el mayor de los propietarios, con sus muchas y variadas posesiones: hospitales, centros de salud, sociosanitarios, universidades y centros educativos, edificios judiciales, muelles, aeropuertos, cuarteles , etc., pero a continuación le sigue la Iglesia Católica con sus tantas, catedrales, templos, conventos, residencias, institutos, colegios, etc.
Pero de entre todo, lo que más destaca son las más de 100.000 propiedades inmatriculadas, que eran tanto públicas como privadas y de las cuales la gran mayoría, se las ha apropiado de forma ilegal y fraudulenta.
Por lo visto no se conforman, con los tantos privilegios que disponen:exención del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de sus propiedades, ingresos por las declaraciones de los contribuyentes a Hacienda, enseñanza privada-concertada con ideario religioso incluido, disponer de profesores para impartir clase de religión en centros educativos públicos, contratados (y en su caso despedidos), por los diversos obispados, sacerdotes en los hospitales públicos y capellanes en los cuarteles, monjas a cargo de las instalaciones y servicios que prestan a través de los conventos, residencias, etc. Los sueldos que perciben, corren a cargo del Estado.
De su “cosecha particular”, se puede decir que recibe las aportaciones voluntarias de los fieles en los actos religiosos a los que asisten, como el “cepillo” en las misas que le suele reportar ingresos anuales de unos 200 millones de euros y otros indeterminados por mediación de colectas, donaciones, etc. Igualmente le reporta cuantiosos beneficios, los provenientes de las recaudaciones, por el precio de las entradas a sus catedrales y templos, como también el hospedaje en los tantos alojamientos que dispone.
Debido a la opacidad de sus cuentas, no se sabe exactamente cuantas propiedades posee, como tampoco, su liquidez y poderío económico. ¡Cuanto hipocresía pregonando y pidiendo a los demás caridad, cuando ellos en absoluto la practican!. Pensar que el I.M.V. (Ingreso Mínimo Vital), que está previsto llegue a 850.000 familias (2.350.000 personas) muy humildes y vulnerables, su presupuesto es de 3.500 millones de euros, que para la Iglesia Católica es un coste perfectamente asumible, eso si de verdad quisieran dar buen ejemplo. Pero está más que comprobado, la falta de sensibilidad y voluntad para llevar a cabo, algo que debería ser consustancial con lo que hipócritamente predican.
El egoismo y la saciedad de poder en la Iglesia Católica no tiene limites. De los poderes fácticos, es uno de los que más le ha venido y viene haciendo mucho daño al pueblo. No solamente es culpa de ellos, y si también de quienes se lo permiten, como son los poderes, legislativo y ejecutivo. Se podría comprender en el caso de organizaciones políticas de derecha, que se apoyan mutuamente, pero incomprensiblemente igualmente viene ocurriendo con un gobierno que se llama de "izquierda y progresista”, pero que en éste caso concreto, esa denominación con lo que debería representar, no se corresponde y “brilla por su ausencia”.
La Iglesia Católica en España, desde siempre ha sido el sostén y parapeto de la derecha, que le ha venido compensando con tantos privilegios. Pero es incomprensible que eso también ocurra estando el PSOE en el poder y en un gobierno de coalición con Unidas Podemos que inexplicablemente se lo consiente.
Los referidos privilegios podrían perfectamente recortárselos o incluso suprimírselos, como es el caso de las tantas propiedades inmatriculadas de las que ilegalmente se han apoderado. Habría que confiscárselas y pasen a ser propiedad del Estado.
Antonio Aguado Suárez
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Pero, dicho lo anterior, y en sintonía con la Asociación Recuperando, cuya identidad y análisis comparto, tenemos que hacer una fuerte crítica tanto al inventario que se ha hecho público como a la gestión realizada por el Ejecutivo. Ninguno de los dos merece nuestro aplauso: ni el listado, por deficiente e incompleto; ni la desidia del Gobierno dejando en manos de los particulares y de las administraciones locales y autonómicas el rescate de los bienes en cuestión. El volumen de los bienes inmatriculados, el fraudulento modo de apropiación, así como su extensión en el tiempo exigen que el fenómeno sea tratado conjuntamente como cuestión de Estado, que exige una solución global.
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