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viernes, 19 de abril de 2024 10:24h.

El TSJC vuelve a dar la razón a los trabajadores en contra de los abusos de Seguridad Integral Canaria

SAN BORONDÓN (¿dónde, si no? comunica esta noticia que vuelve a demostrar cómo se las gasta en su vida empresarial el delincuente ambiental que pretende lavar su imagen en la Unión Deportiva. Pero es preciso saber quién es, en realidad. Un empresario abusador. Se pasa de la ya de por sí abusiva reforma laboral. La foto es de TODO RADIO.

 

El TSJC vuelve a dar la razón a los trabajadores en contra de los abusos de Seguridad Integral Canaria

   
 

Esta sentencia se suma a otra anterior de la Sala de lo Social, que también rechazó un descuelgue del Convenio Estatal

Entrevista a Jacinto Ortega 

SB-Noticias.- El Tribunal Superior  de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en la que declara la nulidad por ilegalidad del Convenio Colectivo dela empresa Seguridad integral Canaria SA  para la provincia de Las Palmas. Este fallo se da a causa de la impugnación promovida por Intersindical Canaria y la misma Dirección General de Trabajo.

Esta sentencia se suma a otra anterior de la Sala de lo Social, que también rechazó un descuelgue del Convenio Estatal, por las numerosas irregularidades y vulneraciones de los derechos de los trabajadores por parte de la mencionada empresa.
 
Para Intersindical Canaria es un éxito que, ante una empresa que se ha caracterizado por persecución permanente contra los trabajadores y la vulneración sistemática de los derechos sindicales y laborales, la justicia haya confirmado las ilegalidades denunciadas y haya puesto remedio a tanta corrupción de las normas y derechos laborales. Impidiendo con esto que continúen los abusos por la que,  ya es tristemente famosa esta empresa y su presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso, todo un monumento de la irresponsabilidad social corporativa.
 
En la  mencionada  sentencia  se evidencia  claramente como ha sido el comportamiento ilegal de la empresa. Debemos tener en cuenta  que esta sentencia  afecta a casi mil familias canarias solamente en la provincia de Las Palmas, las cuales se han  visto privadas de derechos fundamentales por un empresario que ha sido indultado sin cumplir la sentencia condenatoria, y que a día de hoy está imputado por un presunto fraude a la Hacienda Pública. Paradogicamente siendo una persona con esos antecedentes judiciales  sigue siendo beneficiado con millonarios contratos por las diferentes administraciones públicas. Esperamos, en todo caso, que dichas administraciones, tomen en cuenta esta ejemplarizadora sentencia a la hora de tomar decisiones sobre la adjudicación de los servicios.