Buscar
miércoles, 17 de abril de 2024 00:39h.

De aquellas amnistías a estos indultos - por Nicolás Guerra Aguiar

Fue a finales de 2004 cuando el señor González y dos de sus exministros solicitaron al señor Rodríguez Zapatero el indulto total de las penas impuestas a los señores Vera (exsecretario de Estado para la Seguridad) y Rodríguez Colorado (exdirector general de la Policía)...

De aquellas amnistías a estos indultos - por Nicolás Guerra Aguiar

 

   Fue a finales de 2004 cuando el señor González y dos de sus exministros solicitaron al señor Rodríguez Zapatero el indulto total de las penas impuestas a los señores Vera (exsecretario de Estado para la Seguridad) y Rodríguez Colorado (exdirector general de la Policía). Ambos habían sido condenados a siete y seis años de cárcel, respectivamente, por malversación de caudales públicos. Además, debían devolver a la Administración doscientos treinta millones de pesetas, casi un millón cuatrocientos mil euros de hoy. Alegaron los solicitantes que en las dos personas “se conjugan meritorios servicios al Estado y a la Democracia", opinión perplejante hace diez años y desestabilizadora hoy, por más que el señor González, el Supremo, sigue siendo para un sector del PSOE lo que el faro de Alejandría fue para navegantes durante ocho siglos: la perenne hoguera que ilumina.

   Sin embargo, con tal rememoración vuelvo a notar en mi cerebro algo así como un desajuste racional toda vez que mis células grises se siguen rebelando contra aquellos méritos alegados, quizás porque sigo sin acertar cómo se sirve a la democracia robándole al Estado todo aquello que se puede trincar. De la misma manera que por segunda vez me sigue resultando desestabilizadora otra coincidencia: uno de los señores exministros es el mismo que con fondos reservados pagó la muy costosa bisutería que regalaba a las señoras de sus allegados.

   Y en cuanto a los “servicios al Estado” de los condenados, mantengo la impresión de que solo se trató de un juego de palabras, habilidades lingüísticas capaces de confundir a pesar de desvergüenzas y descaros. Porque, bien mirado, más pareció que se sirvieron del Estado en beneficio propio, con la agravante de que precisamente ellos eran el poder político. Sin embargo, los señores Vera y Rodríguez Colorado entraron en prisión.  (Por cierto: en octubre de 2004 el señor Rajoy le exige en Sevilla al presidente Zapatero que “diga a los españoles cuál es su posición ante la petición de indulto”. Le plantea, además, que  “si en España hay personas de mejor condición que otras que han cometido actividades delictivas”.)

   Algo parecido sucedió el año pasado, y gobernaba el señor Rajoy. Cuarenta y cinco parlamentarios del PP en las Cortes Valencianas firmaron un documento: solicitan el indulto para el señor Hernández Mateo, exalcalde y exdiputado que debía pasar tres años en la cárcel por prevaricación y falsedad en documento público. En este caso desconozco los argumentos a su favor, pero estoy seguro de que también fue un extraordinario servidor de la Patria y, si me apuran, incluso hasta de la “Democracia” gonzaliana, del invertido Estado de derecho.    

  Viene a cuento lo anterior porque las solicitudes de indultos por prevaricaciones, robos o estafas al Estado (también Hacienda es Estado) se multiplican a medida que un minimísimo número de políticos y allegados corruptos y deshonestos es condenado.  Así, por ejemplo, el señor Pacheco, el de “La Justicia es un cachondeo”. Este exalcalde de Jerez durante dos decenios acaba de ser condenado  a seis años de prisión por prevaricación y malversación. Por tanto, eleva solicitud de indulto total (cogobernó con el PP).  O el caso del señor Fabra, prohombre y todopoderoso político del PP en Castellón (de la Plana, así lo estudié en Bachiller), que espera la respuesta a la solicitud de indulto tras su condena a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

   Sin embargo, hubo años en que la ciudadanía se echó a la calle para reclamar, requerir y exigir  la inmediata puesta en libertad de todos aquellos presos políticos que albergaban las cárceles franquistas, unidos por un mismo cordón umbilical: fueron hombres y mujeres que lucharon con palabras, acciones y comportamientos contra la dictadura que, en sus estertores, se revolvió con más peligrosos coletazos, detenciones, encarcelamientos, torturas, asesinatos y fusilamientos. Así, desde 1976 miles de españoles caminan sin violencias (y en muchos de ellos permanecían iras contenidas) bajo pancartas que escriben sus peticiones -“¡Amnistía, libertad!”- acompasadas por decenas de miles de gargantas cuyas voces emanan de los corazones, florecientes porque es ya el momento de la libertad que se les secuestró durante cuarenta años.

   Reclamaban amnistía, que no indulto, porque la primera exige la eliminación física de cualquier expediente escrito, el olvido de las condenas porque ellos nunca fueron delincuentes: reclamar la libertad no es un delito; robársela, sí. Y no fue fácil, no: muchos de quienes demandaban la amnistía fueron apaleados por las mismas fuerzas represoras de quienes los encarcelaron. Pero a pesar de todo siguieron con las palabras y las voces. El segundo, el indulto, implica el reconocimiento de graves transgresiones. Y con él se pide el perdón parcial o total de la condena, la cárcel en la mayor parte de los casos.

   Hoy, sin embargo, todo es más relajado. Lo importante es recordarle al Gobierno de turno quién soy, cuánto sé. Pero, sobre todo, domina la aproximación: ¿cómo van los Gobiernos a negarles indultos, medallas, reconocimientos populares a quienes fueron elevados a los altares exactamente por los mismos que deben conceder tales gracias, indulgencias o absoluciones? Si se negaran y los fuegos reclamaran, algunos semidioses perderían sus manos: ¿recuerda, estimado lector, aquello de “por él pongo la mano en el fuego”? Aunque también vale para esperar el indulto haber sido presidente del Barça, hoy condenado con un hijo por sobornar a inspectores de Hacienda. O, incluso, exjefe de la inspección de Hacienda en Catalunya, a quien condenaron a once años de cárcel por corrupción.

   Esta es la infinita diferencia entre ética e inmoralidad, entre honestidad y corrupción. No, no se puede indultar a quienes roban al Estado, a los contribuyentes. Ni a quienes usan sus cargos políticos o administrativos para delinquir con malversaciones, chanchullos; ni a quienes, extasiados por drogas, matan en la carretera, o a sus mujeres, o violan a menores… Lo de 1976, la Amnistía, fue justicia. Lo de hoy, el indulto a quienes sabemos, es una tomadura de pelo, una indecencia.