El asesinato de Javier Fernández Quesada, un crímen de estado - por Julián Ayala Armas *   

Las vicisitudes políticas de la transición estuvieron acompañadas en Canarias por un recrudecimiento de la crisis económica, arrastrada desde los últimos años del franquismo en todo el Estado, y que se empezó a superar, desde la perspectiva de adecuación del sistema económico a los nuevos tiempos, en los llamados Pactos de La Moncloa. Concretamente en Tenerife, este proceso de adecuación trajo consigo el estallido de viejas estructuras de producción en sectores importantes por el número de trabajadores que acogían, como eran el transporte interurbano, en manos de la empresa Transportes de Tenerife, S. L., conocida popularmente como La Exclusiva, y la industria del tabaco, que aunque ya decadente todavía daba trabajo a muchos miles de obreros en toda Canarias, entre empleos directos e indirectos. Los trabajadores de transportes, en número cercano al millar, se encontraban en huelga desde el 13 de octubre de 1977, y los del tabaco –alrededor de cuatro mil– desde el 14 de noviembre del mismo año.

AL MARGEN DEL SISTEMA. En la rebatiña que había sido la adecuación de la vida sindical a la naciente democracia en Canarias, estos importantes sectores de la producción habían caído en manos de organizaciones no “normalizadas” dentro de los grupos propulsores de ese disparate semántico, ejemplo de claudicación política de la izquierda, que fue la “ruptura pactada”. Ni CC. OO. ni UGT, firmantes de los Pactos de la Moncloa, tenían presencia en los citados sectores, cuyos sindicatos eran la FASOU, amalgama de grupos cristianos cuya base originaria había sido la Hermandad Obrera de Acción Católica, en transportes, y la Asociación de Trabajadores del Tabaco y Derivados. A éstos se unía un tercer sindicato, mucho menos “normalizado” por su tendencia claramente independentista, la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), que había obtenido un resonante éxito en el conflicto de CESPASA, la concesionaria del servicio de recogida de basuras de Santa Cruz de Tenerife, y que desde hacía meses estaba llevando a cara de perro una huelga en el estratégico sector del frío industrial del puerto de la misma capital.

Para las concepciones de la época, a dos años de la muerte del dictador, se vivía, en opinión de algunos, una situación casi pre-revolucionaria, lo cual no pasaba de ser una evidente exageración, interesada en el caso de autoridades, como el gobernador civil Luis Mardones, a la hora de “justificar” la inmotivada represión policial, e ilusa en el caso de algunos activistas sindicales. Sea como sea, el 12 de diciembre, ante el evidente agotamiento de algunas de las luchas (concretamente la huelga de las guaguas) y el estancamiento de las restantes, los sectores dirigentes de las mismas plantearon la huída hacia delante de la huelga general de solidaridad (revolucionaria, en lenguaje de la CCT). Este llamamiento, al que se sumaron el Sindicato Obrero Canario y la Liga Comunista Revolucionaria, tuvo escaso eco entre la población laboral de la isla (de las grandes empresas sólo pararon el puerto de Santa Cruz de Tenerife y la Oficina Central y numerosas sucursales de la Caja General de Ahorros de Canarias), pero sí fue ampliamente acogido por el entonces muy activo movimiento universitario de La Laguna.

En este contexto de enfrentamientos laborales, a los que habría que añadir conflictos menores en hostelería y alimentación y un preaviso de huelga en CEPSA, hay que encuadrar los hechos que culminaron en la trágica jornada del 12 de diciembre de 1977, con el asesinato en las escaleras de la Universidad del estudiante de Biológicas, Javier Fernández Quesada. Una acción brutal y desproporcionada que nada tuvo que ver con el cariz de los acontecimientos, por más que el gobernador Mardones y las restantes autoridades intentaran magnificarlos ante la Comisión del Congreso y ante la opinión pública, a la que también trataron de confundir con alusiones a la existencia de armas en la Universidad y a la posible presencia de francotiradores entre los activistas estudiantiles y sindicales. Especies que no fueron avaladas con prueba alguna, contra la evidencia, admitida por sus propios mandos, de que la Guardia Civil entró disparando en el recinto universitario.

LOS HECHOS. Después de una asamblea en el hall del viejo edificio universitario, piquetes de estudiantes y trabajadores cortaron con barricadas la autopista y la carretera general del Norte, algunas guaguas conducidas por esquiroles fueron apedreadas y comercios, bancos y otras empresas del casco de La Laguna fueron cerrados al paso de los manifestantes. Estas actividades fueron reprimidas por la Policía Armada, con sus medios convencionales sin que unos ni otros, manifestantes y policías, sufrieran lesiones de importancia.

Sobre las 12:30 del mediodía había pequeños grupos de gente en los alrededores de la Universidad, con cortes momentáneos del tráfico y cargas de la Policía Armada. No se registraron incidentes ni enfrentamientos graves. Según testificarán luego numerosos vecinos, sobre las dos de la tarde un grupo de estudiantes tenía cortada la calle Delgado Barreto con una pequeña barricada e intercambiaba piedras y pelotas de goma con un destacamento de la Policía Armada que más abajo, en las cercanías de la Cruz de Piedra, custodiaba un camión cisterna lleno de combustible, que había derrapado en un jardín, quedando atrapado en el fango producido por las lluvias caídas la noche anterior. A instancias del rector, Antonio Bethencourt Massieu, que luego lo haría constar ante la comisión parlamentaria de investigación, el gobernador civil, una vez desalojado el camión accidentado, ordenó sobre las tres menos cuarto de la tarde la retirada de la Policía.

La marcha de ésta provocó a su vez la dispersión de los estudiantes, muchos de los cuales se fueron a sus casas a almorzar. Apenas quedó en el recinto universitario y sus alrededores un centenar de personas. Algunas de ellas –quince o veinte, según los testigos–, situadas en las azoteas de la Universidad, cerca de la Avenida de La Candelaria, vía de enlace entre la Cruz de Piedra y la Glorieta del Padre Anchieta, hostigaban a un retén de guardias civiles que aseguraba el tráfico en la referida calle. Fue entonces cuando irrumpió en el campus, por la puerta cercana al polideportivo un grupo de guardias –cinco o seis–, disparando sus armas contra la  fachada y la puerta del edificio central de la Universidad, donde se hallaban quince o veinte estudiantes, y contra los grupos que estaban en las cercanías de la Librería Tinerfeña. Dos o tres de ellos –los testimonios difieren– subieron disparando el primer tramo de las escaleras, llegando uno incluso al principio del último tramo. Éste es el que se cree que mató a Fernández Quesada. Era un guardia joven, delgado y de baja estatura, a quien sus compañeros llamaban “Polilla”, nombre que dan en el Cuerpo a los recién salidos de la Academia, que disparaba a los estudiantes que huían, apoyando la mano de la pistola en la otra.

Pese a que en el hall de la Universidad, algunos de sus compañeros le practicaron la respiración boca a boca y un masaje cardíaco, Javier murió instantes después de ser alcanzado. Los guardias continuaron disparando y siguieron haciéndolo, a pesar de que un estudiante y después un profesor que agitaba un pañuelo blanco pidieron el cese del fuego, gritando que había un herido. Al fin pudieron bajar el cadáver que fue introducido en un vehículo de la Guardia Civil y conducido al Hospital Universitario de Canarias, donde los médicos no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte. En el mismo hospital fue ingresado poco después otro estudiante, Fernando Jaesuría, de 18 años, a quien una bala había atravesado un hombro, cuando estaba en la azotea de su casa a unos cuatrocientos metros del lugar. Un niño de 13 años, que se encontraba en el patio de la escuela aneja a la Normal de Magisterio, también resultó herido leve.

INTERROGANTES Y RESPUESTAS. Debido al secretismo con que se llevaron las investigaciones oficiales, el asesinato de Fernández Quesada ha suscitado durante todo este tiempo una serie de interrogantes: ¿Qué instancia superior ordenó la intervención de los guardias civiles? ¿Por qué dispararon éstos, toda vez que la escasa presencia y la actitud estudiantil no representaba ningún riesgo grave para su integridad? ¿Cuál fue el papel del gobernador civil y de la Policía Armada a su mando directo en todo esto?

Algunas de estas preguntas tienen respuesta, a la vista de las actas de la Ponencia de la Comisión de Encuesta de los Sucesos de Tenerife, nombrada por el Congreso de los Diputados. En su declaración por escrito ante esta Comisión, el coronel jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil, Manuel González López, afirma que habiendo acudido a la Avenida de La Candelaria con un destacamento de guardias para retirar dos barricadas que cortaban el tráfico, se vieron agredidos por una multitud de estudiantes, a los que ordenó dispersar con bolas de goma. Agotado este tipo de munición disuasoria y viendo “que unas quinientas personas” avanzaban hacia donde estaba la fuerza, ordenó que un guardia se dirigiera a ellas pidiéndoles que depusieran su actitud y, al no hacerlo así, mandó hacer diez disparos al aire, lo que hizo que los manifestantes se detuvieran momentáneamente, pero al ver la posición de las armas hacia arriba continuaron en su actitud agresiva, por lo que “el coronel que informa ordenó un desplazamiento hacia delante, para lograr con esta decidida actitud y continuando haciendo fuego al aire, hacer retroceder a los manifestantes, cosa que se logró”. “Cesados los disparos al aire –agrega más adelante– del interior de la Universidad salió una persona con un pañuelo blanco, diciendo que había un herido”. Según el coronel González López, durante su intervención los guardias efectuaron unos 120 disparos y antes del reseñado “desplazamiento hacia delante” otros 40.

LA VERDAD OFICIAL Y LA VERDAD REAL. Esta ha sido durante 30 años la versión oficial de los hechos, la que dio a la Comisión del Congreso el citado jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil y la que corroboraron el teniente coronel jefe de la 151ª Comandancia del mismo Cuerpo, Antonio Encinas Cueto y el Gobernador Civil de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Luis Mardones Sevilla, siendo recogida casi literalmente en su informe por el general jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil y formando parte también de la resolución de sobreseimiento por el Tribunal Militar de la causa  número 200 de 1977, incoada con motivo del fallecimiento del estudiante y de las lesiones sufridas por su compañero.

Pero esta versión oficial se da de bruces con las manifestaciones de los más de treinta testigos presenciales que los días posteriores declararon a la prensa tinerfeña, y luego a la Comisión del Congreso y al Tribunal Militar, que las cosas ocurrieron tal como hemos reseñado más arriba y no como decían el gobernador y la Guardia Civil.

La versión exculpatoria de esta última se basa en varios datos fundamentales, que analizamos a continuación:

1º) Que la guardia civil advirtió a los más de 500 manifestantes, que disparó al aire y que, al ser atacada, tuvo que disparar de nuevo. Todos los testigos dicen que había en torno a las 50 personas y que era imposible que este número atacara activamente a la guardia civil, en todo caso se limitaban a tirar alguna piedra desde una larga distancia. Nadie es testigo de la advertencia que realiza la guardia civil y mucho menos que los guardias fueran atacados después de que hicieran los primeros disparos. A la luz de las declaraciones de los testigos, la versión de la guardia civil falsea conscientemente los hechos para justificar su desproporcionado ataque a la Universidad.

2º) Que los tiros fueron al aire, “ya que de haberse efectuado los disparos de esta forma [en sentido horizontal, como afirmaron los testigos], y dado el número de disparos efectuados, se hubiera producido una auténtica matanza por el número elevado de manifestantes que se enfrentaban con las indicadas fuerzas”. (Considerando 1º del decreto de sobreseimiento provisional de la causa militar incoada.)

 Efectivamente, se hicieron alrededor de doscientos disparos y sólo uno tuvo una incidencia mortal. Ello lo único que demuestra es que no todos los guardias civiles que dispararon ese día lo hicieron con intención de asesinar a nadie (pese a que las declaraciones de los testigos y la altura de los impactos en la fachada y puerta principal de la Universidad y en alguna de las verjas adyacentes demostraran claramente que no estaban tirando a las nubes). Bastó con que uno sólo tuviera la voluntad de matar y la llevara a cabo. Aunque también es posible que la muerte del estudiante fuera involuntaria, lo cual no exime de responsabilidad a los guardias que dispararon a bulto y al mando que ordenó hacerlo.

3º) Que la autopsia, practicada a instancias del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna antes de inhibirse a favor de la jurisdicción militar especificaba, que el cuerpo de Javier Fernández presentaba “un orificio de entrada a nivel de la cuarta costilla en su borde de articulación external izquierda, atravesando el proyectil, que no ha podido ser hallado, el pericardio, aurícula superior izquierda, orificio aurículo ventricular, saliendo del corazón y atravesando el ventrículo izquierdo, siendo la causa mediata de la muerte la rotura cardiaca por proyectil”. A petición del Juzgado Militar, el forense amplió su informe, manifestando que en el momento de recibir el disparo el fallecido podía estar en dos posiciones, “una de pie y por tanto el proyectil tenía que proceder  de un plano superior, o bien sentado o en posición de cuclillas agachado, y en ese caso podía el proyectil proceder del mismo plano o inferior, puesto que el trayecto era de delante atrás y de arriba abajo, y con una diferencia entre ambos orificios de unos 10 centímetros aproximadamente”.

Admitiendo como única versión posible, la afirmación del coronel jefe del 15º Tercio de la Guardia Civil de que la fuerza que entró en el campus se mantuvo al pie de la escalera y en una posición de 7’75 metros por debajo de la puerta principal de la Universidad, el Tribunal Militar adujo que “los proyectiles disparados, de aceptarse la declaración de estos testigos [los que vieron a los guardias disparar en dirección a la gente] seguirían la trayectoria de abajo arriba y no lo contrario, deduciéndose del informe de autopsia del cadáver y de la ampliación del informe que el proyectil ‘tenía que proceder de un plano superior’, dada la trayectoria del mismo”. No quedó, pues, demostrado, según el Tribunal, “que el proyectil causante de la muerte del infortunado estudiante, Javier Fernández Quesada, fuera disparado por armas que portara la Guardia Civil”.

Esta conclusión ignora la segunda posibilidad apuntada por el forense, que en el momento de recibir el impacto Javier Fernández corriera agachado, tendencia natural de cualquiera a quien se dispara. Ignora, además, las declaraciones de varios testigos que afirman que varios guardias, entre ellos el “Polilla”, subieron la escalera disparando a los estudiantes que huían. Según testificó  el entonces rector de la Universidad, Antonio Bethencourt Massieu, ante la Comisión parlamentaria, “este chico cae herido en la escalera un poco alto, faltándole dos o tres escalones [para llegar a la puerta]. Discutí con el juez sobre cómo podía haber llegado arriba, si tenía un tiro que le atravesaba el corazón. Me dijo que era factible, que podía haber subido dos o tres escalones y luego caer”.

Aunque son muchos los testigos que afirman que varios guardias subieron por la escalera principal de la Universidad, uno de ellos, Enrique Álvarez Carrillo, precisa que “de los tres que subían por la escalera, el de la pistola disparaba apuntando con una mano apoyada en la otra, hacia la fachada principal de la Universidad.” El acta de la Comisión parlamentaria recoge textualmente: “Hasta donde los vio llegar fue hasta el principio de la escalera que da entrada a la Universidad, aclarando que fue al principio del tramo más cerca de la puerta de la Universidad”. Por este lugar pasa la vía empedrada de entrada y salida de vehículos por la que otro testigo afirma que vio correr a Javier Fernández Quesada en dirección a la puerta, momentos antes de ser alcanzado por la bala. Tuvo tiempo de subir varios escalones antes de que el “Polilla”, casi a su altura, le descerrajara el tiro mortal. Por otra parte, la autopsia ­–y eso no lo señala el tribunal,  tan meticuloso en el estudio de la trayectoria balística– mostró que el cuerpo del estudiante tenía restos de pólvora, señal de que el disparo había sido hecho a corta distancia.

TIERRA AL ASUNTO. Fue una instrucción judicial típicamente franquista, encaminada no a descubrir la verdad de los hechos sino a taparlos y tergiversarlos, en una clara demostración de que la justicia militar de la época era a la justicia lo que la carne vegetal, tan apreciada por los vegetarianos, es a la carne de verdad. Y es que a partir del asesinato de Javier Fernández toda la actividad de las  autoridades estuvo encaminada a echar tierra al asunto. Desde el coronel de la Guardia Civil, confeso responsable directo de la muerte, al gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife, que asumió oficialmente su versión, pasando por el juez instructor militar, coronel de Infantería Juan Peláez Núñez, el capitán general, Mateo Prada Canillas, y el mismo ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. Todos hicieron lo posible para obstaculizar y anular la investigación.

La Comisión parlamentaria realizó un informe de 59 folios en el que se basaron  las conclusiones, aprobadas el 29 de junio de 1978 por la Comisión de Interior del Congreso, que se celebró –no podía ser menos– a puerta cerrada. Los socialistas pidieron que se incluyera el siguiente párrafo: “Ha quedado probado que la Guardia Civil abrió fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las órdenes de su responsable y sin que mediara agresión previa que justificara su empleo, según declaración de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien más tuviera o hiciera uso de armas de fuego”. La iniciativa fue rechazada. UCD defendió pura y simplemente la postura exculpatoria de la Guardia Civil y Alianza Popular consideró que la bala que mató al estudiante “fue disparada desde las escaleras del Colegio Universitario o incluso desde su interior, es decir, desde un lugar donde no había agentes del orden”. El crimen y la ignominia elevados a razón de Estado.

     (Canarii, nº 11. Abril de 2008)

* Publicado con autorización del autor