Buscar
miércoles, 24 de abril de 2024 00:29h.

La Audiencia de Cuentas, ¿controla las cuentas? - por Nicolás Guerra Aguiar

Una de las funciones asignadas a la Audiencia de Cuentas de Canarias es la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público. Por tanto, ¿a qué se debe que PSOE, CC y PP le nieguen el acceso a la información precisa para hacerle el seguimiento a una muy concreta inversión realizada? ¿Qué identifica a CC, PSOE y PP para que dejen de lado desavenencias personales y legítimos enfrentamientos políticos y se alíen contra la investigación? ¿Qué puede concluirse de la simbiosis entre PP, PSOE y CC, ideológicamente muy distanciados, si ante una simple fiscalización de dinero público unen sus fuerzas para frenar cualquier pesquisa?

La Audiencia de Cuentas, ¿controla las cuentas? - por Nicolás Guerra Aguiar *

Una de las funciones asignadas a la Audiencia de Cuentas de Canarias es la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público. Por tanto, ¿a qué se debe que PSOE, CC y PP le nieguen el acceso a la información precisa para hacerle el seguimiento a una muy concreta inversión realizada? ¿Qué identifica a CC, PSOE y PP para que dejen de lado desavenencias personales y legítimos enfrentamientos políticos y se alíen contra la investigación? ¿Qué puede concluirse de la simbiosis entre PP, PSOE y CC, ideológicamente muy distanciados, si ante una simple fiscalización de dinero público unen sus fuerzas para frenar cualquier pesquisa?

   Cumple también a la Audiencia de Cuentas la función de “Emitir dictámenes y consultas que en materia de contabilidad pública y de actividad económico-financiera le sean solicitadas por los entes del sector público”. Al tal sector público pertenecen sus señorías del Parlamento de Canarias. Y esas señorías corresponden a grupos políticos perfectamente definidos o, en su defecto, al llamado Grupo Mixto, acaso dispar en líneas ideológicas pero común en algo fundamental: cada uno de sus componentes representa voluntades ciudadanas. Y como es así, ¿qué ley, justicia o razón –a la manera calderoniana- pueden impedir a cualquiera de los grupos el derecho a velar por los intereses económicos de la sociedad canaria? ¿Hasta qué punto debe admitirse como válida la mayoría de la Cámara para vetar el seguimiento a unos cuantos millones de euros públicos, investigación solicitada por una señoría que, a la vez, está integrada en un grupo político?

   Cierto es que en este mundo traidor no se sale de una para entrar en otra, así nos impactan desde órganos del Poder. Porque resulta ser que puede suceder lo que no debe ser: que por el peso de los votos se evite que la Audiencia de Cuentas investigue el destino de 127 000 000 (ciento veintisiete millones) de euros invertidos, dicen, a lo largo y ancho de varios años. Años, adelanto, en que los gobiernos canarios estuvieron formados por CC – PP y, más después, por CC – PSOE.

    Así, búsquedas, pesquisas y exploraciones de la tal Audiencia pasarán a convertirse en sombra y nada a la manera de cabellos, labios y frente de aquella sensual dama gongorina cuya belleza el paso del tiempo destruirá. Porque Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista Obrero Español –este último, el del cambio hacia la pureza y la recuperación ética- boicotearán la propuesta realizada por la parlamentaria señora González, de Nueva Canarias, casualmente exconsejera de… la Audiencia de Cuentas, en efecto.

   ¿A qué se debió su intervención? Sabía ella que durante unos años el anterior sistema informático (Piccac) con que se llevaban los presupuestos de la Comunidad fue sustituido por otro que costó casi 17 500 000 euros (diecisiete millones y medio). Y como su rendimiento –tal dicen- no era el que se esperaba a pesar de la inversión, el señor González Ortiz, ya exconsejero de Economía y Hacienda, “unificó ambos sistemas hasta llegar al actual” (previamente, la Audiencia de Cuentas detectó y denunció múltiples problemas del nuevo). Tal conjunción o matrimonio, obviamente, no fue gratuito: los canarios tuvimos que pagar –acaso regalo de bodas- varios millones euriles. Así es obvio, elemental y necesario que por parte de la Audiencia de Cuentas se subsanen infundadas sospechas en cuanto que las experiencias acumuladas en los últimos años permiten recelos. El lugar en que debe iniciarse la reclamación es, sin duda, aquel en que reside la voluntad popular: el Parlamento.

   Aunque Ciudadanos e Izquierda Unida obtuvieron votos como para tener grupo parlamentario o representación, el antidemocrático sistema canario les impidió acceder a la Cámara regional (sí lo consiguieron los herreños independientes: con 2521 papeletas tienen dos escaños). Por tanto, Podemos y Nueva Canarias quedan solos para enfrentarse a la todopoderosa entente triunviral que son CC, PSOE y PP, quienes obstaculizan –desconozco las razones- una rigurosa y ordenada investigación por parte de la Audiencia de Cuentas: se trata, simple y llanamente, de fiscalizar 127 000 000 (ciento veintisiete millones) de euros, tal leo en Canarias7 (15 de febrero).

   Cierto es que Podemos y Nueva Canarias suman 12 señorías frente a los 43 parlamentarios del otro grupo aliado. No obstante, no pueden resignarse -ya con el silencio, ya con el fracaso por adelantado- a que todo quede dentro de las paredes camerales. Y como allí se impuso la voluntad de los tres grandes, espero que tomen la calle con sus voces y lleven al ágora y a los medios de comunicación su denuncia para que los otros, al menos, se vean invitados a dar explicaciones ante la ciudadanía canaria, anonadada y perpleja, cuando no mosqueada. A fin de cuentas, y aunque pocos, los 127 000 000 (ciento veintisiete millones) son eurillos nuestros invertidos por la Administración autonómica “para adquirir aplicaciones informáticas en los últimos cinco años”.  

   La Audiencia de Cuentas tiene su sede oficial en Tenerife. Hubo una en Gran Canaria. Pero en diciembre de 2012 fue suprimida, parece. En ella ejercía –qué cosas- precisamente la Intervención General, sección encargada de fiscalizar la actividad económica y financiera de nuestra Administración. Según algunos funcionarios, la eliminación o traslado pueden debilitar la calidad sobre el control financiero del Gobierno canario. Lo cual, claro, invita a otra reflexión: ¿habrá sido una imprudencia la eliminación de la sede grancanaria y, por tanto, la Audiencia de Cuentas se ha visto desbordada… intencionadamente? Ya lo dijo el señor Ruano, ayer defensor y hoy fiscal en nombre de CC: debe rechazarse el control pues “Produce una alteración sensible en el programa de actuación de la Audiencia de Cuentas”.

   Pero algo no llego a entender: ¿en qué puede alterar a la Audiencia de Cuentas que se pidan cuentas a la Administración si nada hay que ocultar? Y si nada hay que ocultar, ¿por qué el boicot del triunvirato a la investigación? Flipo en colores.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar