En cada Elección General hay falta de transparencia - por Erasmo Quintana *

En esta desventurada España se dan circunstancias que obedecen (es nuestra humilde opinión) a males inveterados que hunden sus raíces en el malhadado sistema dictatorial franquista que duró cuarenta años, además de otros cuarenta de una monarquía impuesta por el dictador a su imagen y semejanza. Y, ni qué decir tiene, que como el grueso de esta sociedad lo asumió sin rechistar, paga ahora las consecuencias de los disparates que vienen haciendo nuestros representantes políticos. Empezando por el grado tan barriobajero al que están llegando los comportamientos y diatribas entre ellos, después de la aparición del ultraderechista y nazifascista VOX. Al menos, antes había un cierto decoro y un respeto entre los miembros de las diferentes fuerzas parlamentarias, pero lo de ahora no hay por dónde cogerlo. Incluso, cualquier periodista de tabloide, radio o TV, tiene el empacho de insultar a cualquier político (si es del Gobierno con más ganas), y ahí quedó eso. Se ha cruzado la línea de la buena crianza a todos los niveles, porque hasta el ciudadano más anónimo e impresentable, también lo hace. 

De aquellos barros estos lodos. En cada Elección General, el sistema permite la falta de transparencia. ¿Dónde está la ley autorizando que un Acto Administrativo, prerrogativa exclusiva que recae en el personal funcionario del Estado, lo realice una empresa privada (INDRA)? ¿Dónde está esa Ley? Un Acto Administrativo (el recuento final de las papeletas en unas Elecciones Generales lo es), en rigor no lo debe realizar un privado.  “Un funcionario, en el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato estatal mediante un régimen de derecho público. Ostenta una mayor seguridad, para conferirle independencia (neutralidad funcional), y también, debido a la mayor fortaleza del organismo público, frente a empresas privadas. La Administración neutral requiere la presencia de una serie de elementos estructurantes de la carrera administrativa funcionarial. El funcionario está sujeto a una regulación estatutaria o específica. La motivación del acto público aparece cuando en el acto existe la posibilidad de la discrecionalidad por parte del funcionario público. Si un acto es discrecional debe motivarse, pero si un acto es totalmente reglado, no sería necesaria la motivación.” Tomado de Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Fuente: Wikipedia. 

Un particular no podría multar; sí un funcionario. Las elecciones son un procedimiento administrativo especial, y como todo procedimiento administrativo, cada uno de sus actos los debe realizar un funcionario público. ¿Qué hace una empresa privada realizando actos administrativos? ¿Cómo lo están permitiendo jueces, partidos políticos y funcionarios públicos, que no denuncian? Lo escandaloso, y esto no lo conoce la inmensa mayoría de la gente, es que públicamente no se hace el recuento general. En un acto administrativo esencial (el más importante del procedimiento electoral), es el escrutinio o conteo final de las actas por las Juntas Electorales Provinciales, como se establece en los arts. 103 y ss. de la LOREG. Hay personas a las que ya he comentado esto y no se lo creen. Yo les abundo que existe la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes (APET) que lo lleva denunciando hace años. En su última denuncia refleja que unos voluntarios, que acudieron a las Juntas Electorales de su Provincia, comprobaron que no se realizó el Recuento General en las últimas Elecciones Catalanas. ¿Quién está vigilando que los votos concedidos a un partido son los verdaderos, si la operación la hace  la empresa privada INDRA? Y, lo que es todavía más fundamental, el recuento a nivel nacional, después de haber recibido de todas las provincias los resultados finales para el cotejo general. Además, ¿por qué se queman las papeletas de cada mesa electoral de distrito, inmediatamente después de acabado el recuento? ¿Se trata así de eliminar pruebas? ¿Por qué esto no se hace pasados unos días, por si se presentara alguna reclamación de parte de formaciones políticas?

Nos hemos ido a la ley electoral (LOREG), y no pudimos encontrar algo que justifique la intervención de la empresa privada INDRA, encargada de hacer el cotejo final de todas las actas nacionales como resultado definitivo, en otras ocasiones la empresa SCYTL. En la página de INDRA, y en lo relativo a los servicios que presta al Estado, hay un sin número de actividades que realiza a organismos públicos de toda la nación, en cantidades multimillonarias. Parece que no ganan del Estado lo suficiente, que encima, ocupando funciones públicas, cometen la arbitrariedad de incidir en las sagradas elecciones generales, expresión de la voluntad popular, según APET. Mas, volviendo a dichas elecciones generales, lo único que pudimos ver es la exposición de la Ley Electoral entera, capítulo a capítulo. Nada más. Nos quedamos con las ganas de ver algún contrato con el Gobierno relativo a la misión del recuento final de los votos. 

INDRA, en el escrutinio provisional de las Elecciones Generales en 2016,  cobró por “su trabajo” 10,345.095 euros, que salen del Erario público. Se dan dos supuestos que nos parecen, como poco, irregulares: ¿Y si alguna, o algunas, de las actas están mal o han sido manipuladas? Una sola acta provincial que esté incorrecta, ¿no invalida todo el proceso? ¿Quién vigila al vigilante? Luego, lo naturalmente sospechoso es que un acto administrativo (el recuento final de unas elecciones generales y la consiguiente asignación de puestos para cada partido al Parlamento lo es), se le dé a una empresa privada, tarea esta que la podría muy bien desempeñar el Ministerio del Interior con su importante cuerpo funcionarial, y no cuesta tantos millones. Por más vueltas que le damos no se encuentra lógica ninguna. La consecuencia es que no vivimos en una Democracia. Nos han estado engañando todos estos años, y esto es un engaño más.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Erasmo Quintana