Canarias ha vuelto a perder una oportunidad histórica - por Meri Pita, secretaria general de Podemos Canarias y diputada en el Congreso

Hace  34 años del primer texto de Estatuto de Canarias, recordemos que fue redactado  por los representantes de la oligarquía Canaria  en el año 1982 en el llamado Pacto de Las Cañadas y que, en aquel momento  de irrupción de una  incipiente democracia española, lejos de  apostar por una Canarias para su pueblo y para su gente,  lo que hicieron fue amarrar  su dominio con un sistema electoral vergonzoso que no por casualidad es el más  antidemocrático del mundo.

La sociología del poder en nuestra tierra tiene esos  mimbres de autocracia, y  va dibujando  en cada una de las siete tierras canarias una amalgama de pintorescos aprovechados y abusadores que se piensan que las instituciones  son suyas y pueden hacer con ellas lo que les dé la gana.

Pues bien, nos presentan hoy un nuevo texto que viene firmado de puño y letra por esa misma gente, los mismos que  nos incitan a pelearnos  metiéndonos en el pleito insular para  ellos sacar tajada, los mismos que juegan a enfrentarnos, al divide y vencerás como herramienta política… porque todo vale con tal de mantenerse en el poder.

La prueba la tenemos en que en el texto que se presenta hoy, donde no se habla  de la imprescindible reforma electoral como resultado de un proceso constituyente en el archipiélago y mucho menos  de blindar derechos esenciales  en una tierra  asolada por  una desigualdad sangrante: Tenemos los sueldos y las pensiones más bajas de todo el Estado, 3.000 euros por debajo  de la media anual; un índice de paro de los más elevados  de Europa, 26%, más de 287.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran. Tenemos una tasa de paro juvenil del 46%,  por encima de la media estatal, y el mayor  número de parados de larga duración, prácticamente la mitad de las personas que  no tienen empleo.

También una cifra insostenible  de población  que percibe  una nómina por debajo del salario mínimo, concretamente el 37,2% de nuestra población activa.

Por si esto fuera poco, de los  dos millones cien mil personas que habitamos Canarias,  598.000 están en riesgo de pobreza; 724.000 pasan muchas dificultades para llegar a fin de mes; 1.400.000  declaran  no estar en disposición de afrontar  gastos imprevistos y casi la misma cantidad  no pueden permitirse  unas vacaciones.

Ya ven, somos un  destino turística de éxito internacional, 14 millones de visitantes en  el 2016; 17 mil millones de euros  han entrado  por está vía en Canarias  y más de la mitad de nuestra gente no puede siquiera salir unos días de vacaciones.

Este es el país que deja Coalición Canaria y sus socios, ahora  PSOE luego PP,  después  de veinticinco años en el Gobierno de Canarias.

Y tienen  la desfachatez de presentarnos un nuevo texto estatutario en el que, haciendo juegos florales-por ejemplo, su artículo 21 habla  del derecho a la vivienda pero no de regular su función social ni de asegurar los suministros básicos, una de las mayores reclamaciones  de la ciudadanía-, quieren  vendernos que todo cambia para que todo siga igual; es decir , vuelven al todo atado y bien atado.

Este nuevo texto no fija como prioridad el desarrollo de una de nuestras grandes fortalezas, las energías renovables. Somos,  y cito a reputados expertos internacionales, la Arabia Saudí de la energías limpias; tenemos también un suelo bondadoso para caminar hacia la necesaria  soberanía alimentaria. Estas cuestiones son de supervivencia para Canarias, porque solo  mediante la conquista  de mayores cuotas de soberanía  lograremos dejar atrás las hondas cadenas de la colonialidad que aún arrastramos, de la economía dependiente, de  la desestructuración social en que vive nuestro pueblo. Estos ámbitos son claves para alcanzar un desarrollo  más sostenible, para crear empleo  digno y de calidad, para avanzar hacia una sociedad más justa. Por eso vamos a votar hoy que no a su toma en consideración. Porque queremos que el Estatuto vuelva a las instituciones donde reside la soberanía del pueblo canario, y que allí crezca como parte de un proceso constituyente, legitimado por la mayoría social.

Solo entonces deberían debatirse sus contenidos en este Congreso y luego aprobarse por la vía de un referéndum ciudadano vinculante. De lo contrario, estén seguros que vamos a enmendarlo. De hecho, ya tenemos en marcha una campaña en las calles de las Islas para restituir el derecho que el Gobierno de Canarias le ha negado a su pueblo: participar de verdad en la reforma de su Estatuto de Autonomía.

El Estatuto que Canarias merece ser un estatuto de todos y de todas. Un Estatuto que  establezca una Canarias más justa,  capaz de aprender de su pasado  para construir  un futuro de igualdad. Una Canarias cimentada en el respeto a los derechos de su gente, una Canarias verde, sostenible, más autosuficiente.

Una Canarias que no deje a nadie atrás, que blinde nuestros servicios públicos, que luche contra la violencia machista, que promueva  la accesibilidad universal y el derecho a la vivienda y al trabajo digno.

Canarias merece, como mínimo, un Estatuto de Siete Estrellas y éste que hoy se presenta, no lo es.

* En La casa de mi tía por gentileza de Meri Pita