Canarias, un mal presupuesto (1) - por Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias *

El grupo parlamentario de Nueva Canarias (NC) presentará una enmienda a la totalidad al presupuesto de la comunidad canaria para 2017. Por considerar que no ayudará a mejorar la situación de esta tierra y de su gente. Porque estas cuentas públicas no aprovechan nuestra capacidad para mejorar los ingresos y tampoco priorizan bien el gasto. Rechazamos su escasa inversión pública, que ni estimulará la economía ni ayudará a diversificarla ni tampoco a generar empleo. Y el trato a los servicios públicos: la sanidad, en situación de profunda crisis, pierde recursos, y la educación se aleja del objetivo de convergencia establecido en la Ley Canaria de Educación no Universitaria.

El proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad canaria para 2017 eleva el total del gasto a 7.300,5 millones de euros. El anterior de 2016 ajustado es de 7.230 millones de euros, si incorporamos los recursos del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (Pdcan) para este ejercicio. El incremento es, por tanto, de 69,65 millones de euros, es decir del 0,95%. Si además incluimos los 107,7 millones de euros del crédito extraordinario, aprobado el pasado mes de septiembre, se puede afirmar que el presupuesto para 2017 se reduce un 0,5%: 38 millones de euros menos.

Con relación al gasto no financiero, el Gobierno afirma que hay 6.357 millones de euros en 2016 y que sube a 6.597,8 millones de euros en 2017. Asegura, por tanto, que hay un crecimiento del 4%, unos 252 millones de euros. Si incorporamos los 107,7 millones de euros del crédito extraordinario, que es lo correcto, la diferencia sería de 143,4 millones de euros (una subida del 2,13%).

Por otra parte, los grupos que apoyan al Gobierno presumen que el presupuesto dedica el 79,6% a las políticas sociales. Algo poco novedoso, al margen de que incluyan en ese porcentaje transferencias a las corporaciones locales que incluyen mantenimiento de carreteras, transportes, etc.

Cabe recordar que, en el año 2015 con el Gobierno anterior, el gasto social alcanzó el 82,2%. Era pues más social que éste, si aplicamos la lógica del actual Ejecutivo. Desafortunadamente para los canarios y canarias, este presupuesto poco va a modificar la situación de crisis de los grandes servicios públicos. Cuando éstos y, especialmente, la sanidad, se sitúan a la cola del Estado, en todas las encuestas y estudios.

Sanidad y educación

Pero es que incluso aceptando su tesis de un crecimiento del 4%, en Sanidad se aumenta un 2,9%, menos que esa media, lo que pone en evidencia que no es una prioridad para el Ejecutivo. El presupuesto inicial para 2017 en Sanidad es de 2.712 millones de euros. Una cantidad menor que el liquidado en el año 2015 (2.803 millones de euros), 91 millones de euros menos que entonces. Y en torno a 150 millones de euros y 175 millones de euros menos que el gasto real del presente 2016.

Luego, siendo precisos y rigurosos, la sanidad pierde recursos. Y, por tanto, no se podrá dar respuesta a las necesidades reales del sistema sanitario canario, como la reducción de las elevadas listas de espera y la crisis de las urgencias. En educación sucede otro tanto. Una subida del 2,8%, según su tesis, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) nominal es del 3,5%. Se produce un mayor alejamiento en el cumplimiento del objetivo fijado por la Ley Canaria de Educación no Universitaria de alcanzar el 5% del PIB en 2020. 

Es cierto que las políticas sociales corren mejor suerte en estas cuentas públicas para 2017. Lo que consideramos positivo, tanto en la consolidación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) como en la modesta mejora de la dependencia, aunque seguimos estando muy mal situados en estos dos asuntos en comparación con el Estado.

Inversión pública

Por su parte, la inversión pública se incrementa en 46 millones de euros, un 7%. Y no, como pretende trasladar el Gobierno, un 31%, porque han sumado los 160 millones de euros del IGTE que ya se encuentran en los presupuestos de 2016. El global de las inversiones pasaría de los 658 millones de euros de 2016 a los 704 millones de euros del próximo ejercicio, unos 46 millones de euros más. Para ser conscientes de la situación negativa en el aspecto inversor basta recordar que estos 704 millones de euros suponen la mitad de las inversiones que tuvo Canarias en 2008.

Con este raquítico capítulo de inversiones no se podrá dar respuesta a las necesidades en infraestructuras y vivienda ni a las inversiones de los servicios básicos. No se podrá tirar suficientemente de la demanda ni de la generación de empleo. El propio Gobierno reconoce que en 2017, con perspectivas turísticas excelentes, la economía crecerá solo un 2,3% (frente al 3,1% previsto este 2016) y el empleo pasará del 26,1% al 25,6%, solo medio punto menos.

Desde Nueva Canarias (NC) defendemos otra política presupuestaria, basada en un aumento de los ingresos por la vía de la persecución del fraude y de una fiscalidad más progresiva, así como a través de la incorporación de nuevas figuras fiscales en el marco de las competencias de nuestra comunidad. También por medio de la priorización del gasto para que la ciudadanía canaria disponga de mejores servicios públicos y más inversión en infraestructuras, lo que no ha sucedido con los recursos del IGTE que pudieron dedicarse a gasto social e inversión productiva, y no a planes improvisados y clientelares. Se trata, en definitiva, de aumentar los ingresos, gastar mejor y crecer más. Lo que expondré en próximos artículos.

* En La casa de mi tía por gentileza de Román Rodríguez