Ciertos tipos de delincuentes - por Nicolás Guerra Aguiar

    Escuché por la radio en la del alba del martes que el Gobierno –los Gobiernos, porque el PSOE también fue espléndido- concede una media de casi quinientos indultos al año, obviamente a personas condenadas con todas las de la ley. Y entre tantos indultos (algunos, de justicia) los hay que ponen los pelos de punta en cuanto que los beneficiados actuaron con la intención de delinquir. Tampoco pueden alegar necesidad, desconocimientos o analfabetismos, pues muchos de ellos fueron altos cargos de la Administración, representantes políticos, funcionarios policiales o, como segundo bloque, empresarios ligados al poder.

    Como ejemplos del primer grupo, tres casos. Uno: el exsecretario de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres (vendía –¡miseria humana!- permisos falsos a emigrantes). Dos: el exalcalde de Abdalajís, Málaga, y tres concejales de su partido (concedieron licencias de obras ilegales, y lo sabían). Tres: el Gobierno indultó parcialmente en 2012 a cuatro mossos d’escuadra condenados a años de prisión por delitos de torturas a un detenido en comisaría. Y con el fin de evitar su entrada en la cárcel ante la insistencia del tribunal, el Gobierno les concedió un segundo indulto que evitó la prisión. Auténticamente inmoral. Y para no hacer interminable la relación, en la que caben los concedidos a quienes cometieron delitos urbanísticos, valga un resumen: en lo que va de milenio los distintos Gobiernos han concedido indultos por prevaricación (dictar sentencias injustas a sabiendas); por malversación (sustracción de caudales públicos); por cohecho (aceptar sobornos).

   También están aquellos que se benefician por sus relaciones con el poder. El Gobierno en funciones del PSOE indultó al vicepresidente del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado por falso testimonio contra dos empresarios que fueron encarcelados. (Posteriormente, el juez que había ordenado la prisión preventiva fue condenado por detención ilegal y prevaricación.) La condena al banquero le fue conmutada por una multa de ciento cuarenta mil euros:  cobraba al año nueve millones. Para vergüenza de los psocialistas el Supremo anuló tal concesión, pues se habían extralimitado al perdonarle también los antecedentes penales.

   Y visto lo visto en este país de disparates  en que se encarcela a alguien por robar la gallina y se deja en libertad a quienes delinquen con conocimientos y clara conciencia de lo que hacen,  hete aquí que banqueros, políticos, gentes allegadas al poder, echan mano a la solicitud que tan graciosamente se permite.   Y a pesar de que señores jueces reclaman al Gobierno que el peticionario de indulto esté cumpliendo la pena de prisión impuesta mientras aquel decide, lo cierto es que hay prohombres en la calle a la espera de lo que puede ser una infinitamente interminable decisión gubernamental. Y los señores jueces hacen hincapié, precisamente, en aquellos condenados por corrupción, cuyos delitos son más impactantes ante la sociedad, víctima precisamente de tales prácticas delictivas. Pero el Gobierno es taxativo en estas cuestiones, por más que actúe con relajadas flexibilidades en otros casos: la solicitud de cuatrocientos jueces no será atendida. Así de claro fue el señor Rajoy ante la señora Díez, de UPyD.

   Porque si el Gobierno les hiciera caso, un ministro del señor Aznar y presidente del Gobierno balear por dos veces estaría hoy en prisión, pues fue condenado por tráfico de influencias, delito cometido por el señor Matas “dentro de las estructuras de poder”. Y aquella medida especial y extraordinaria de gracia exige, como punto de partida, el arrepentimiento del condenado y el reconocimiento de su delito, condiciones ambas que según el juzgado de Mallorca no se dan en el barón del PP. No obstante, sigue en la calle.

   Pero no es el único en pedir indulto. También el exalcalde de Marbella, un extorero y el anterior presidente del Sevilla –ingresó en prisión- esperan, a propuesta de su ministro de Justicia, el perdón del señor Rajoy, máximo hacedor de una potestad absolutamente impropia en un Estado de derecho. (Por cierto, astuta estrategia la del señor Gallardón, ministro de Justicia, cuando afirma que “no indultará a corruptos” -“indultará” significa ‘acción futura’-. Pero, ¿firmará hoy la no concesión del indulto o jamás contestará a las solicitudes, con lo cual el exministro del señor Aznar, el extorero y algunos más seguirán en libertad, como si nada hubiera pasado?)

   En este sentido acierta Izquierda Plural con su proposición –es de tragedia griega que se presente sin el apoyo de toda la Cámara- para que el Gobierno no pueda conceder el indulto  en contra del criterio de los tribunales. Estos, como apunté más arriba, rechazan que se conceda el perdón (¡decimonónica potestad!) en casos de ”alarma social”, es decir, de corrupción (políticos, banqueros, gentes del poder). E Izquierda Plural añade otros delitos que no pueden ser indultados. Tales son –y son impactantes-: estafas, apropiaciones indebidas, blanqueos de dinero, contra la Administración y la Hacienda públicas, malversación y fraude, prevaricación urbanística, terrorismo, tortura, delitos electorales y ecológicos.

   La flexibilidad ante la Ley no resta poder y autoridad a la misma. Que una señora sea condenada por quedarse con una tarjera bancaria que encuentra en la calle y compre con ella leche para sus hijos es, rigurosamente, condenable. Y el señor juez lo hizo. Gracias a movimientos sociales se consiguió que el Gobierno –aplaudo- le concediera el indulto. Esta actuación no afectó en lo más mínimo al Estado de derecho. Absolutamente nadie sintió que se atentaba contra su integridad ciudadana y su condición de igual ante la Ley aunque la señora no entró en prisión. Muy al contrario, hubo aplauso generalizado  de la sociedad.

   Otra cosa bien distinta –y que considero, con todos mis respetos, absolutamente inmoral- es la concesión del indulto a quienes abusaron de su fuerza y de su autoridad y torturaron  a un detenido. (Por la misma sinrazón, quien agreda a un policía también deberá ser indultado.). E incluyo a todos aquellos que son condenados por los delitos que amplía Izquierda Plural. Entre ellos, si fueran ciertas, las supuestas estafas en Andalucía, en Madrid…