ese secuestro ya hace tiempo que ha tenido lugar y no hay interés en restaurar la distinción entre el bien público y el interés privado
Las constructoras vuelven a la carga (si es que alguna vez no lo han hecho) - por Federico Aguilera Klink
LAS CONSTRUCTORAS VUELVEN A LA CARGA (SI ES QUE ALGUNA VEZ NO LO HAN HECHO)
FEDERICO AGUILERA KLINK
“Lo que necesita (la gran corporación) en materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma en política pública … Sus intereses tienden a convertirse en interés público”.
J.K. Galbraith. Confesiones de un liberal impenitente. 1972.
LOS EMPRESARIOS CANARIOS QUIEREN CONTROLAR LAS CONSEJERIAS MAS INVERSORAS.
“Los empresarios de las Islas han estado los últimos días un poco atareados intentando controlar la formación y composición del nuevo Gobierno de Canarias para la presente cuarta legislatura autonómica, con el objetivo fundamental de colocar a sus hombres de máxima confianza al frente de las consejerías más importantes, económicamente hablando, para así hacer posible que sus principales exigencias tengan una adecuada respuesta por parte del nuevo Ejecutivo regional”. J.M.H. Ravina, Las Palmas. Idea Press, Diario de Avisos, 1 de Julio de 1995.
La bronca, no se puede hablar de debate, sobre el proyecto del puerto de Fonsalía, parece mostrar que las constructoras quieren su parte del presupuesto público sin que la mayoría de las personas sepamos por qué exigen esa parte, como si tuvieran derecho de pernada sobre lo público. Y a lo mejor es así, pues los políticos “con mando en plaza” parecen enfadados porque no se les reconozca, a las constructoras, ese derecho de pernada, siempre con la excusa de que lo importante es el desarrollo y el empleo, claro, no esa majadería del medio ambiente y las ballenas.
El 21 de agosto, era Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, el que lanzaba el exabrupto de que “Es más populista oponerse a Fonsalía que generar desarrollo”.
Dos días después, el 23 de agosto sale a la palestra Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO insistiendo en que ve necesario un informe que detalle "la riqueza social, el empleo y la reactivación económica en las islas occidentales".
Esto parece un concurso de majaderías-mentiras a sueldo (y eso que no menciono todo el “memorial de agravios de Oscar Izquierdo” sobre el desequilibrio inversor, la parálisis inversora y otras perlas), exactamente igual que el que organizaron hace veinte años con el puerto de Granadilla. Se trata de transmitir el mismo mensaje fraudulento que repetían, una y otra vez, políticos y empresarios, sobre la necesidad de construir el puerto de Granadilla para no perder el tren del desarrollo y porque iba a generar un gran volumen de empleo. Así pues, el puerto de Granadilla se construyó (en contra de los argumentos de calidad de algunos) y, como está a la vista, es un puerto que no se debía haber construido pues no ha resuelto ninguno de los problemas-excusas-mentiras que sus defensores decían que iba a resolver, porque está vacío. Y “ellos” lo sabían, sabían que no decían la verdad y que el objetivo, presuntamente, era el de favorecer a las constructoras. Ahora estamos en la misma situación de la que no salimos nunca pues cuando no son puertos, son aeropuertos, carreteras, autopistas, embalses, auditorios, antropización de charcos naturales, telescopios y centrales como Chira-Soria, …siempre más obras públicas que benefician a las constructoras y de las que nunca se exigen responsabilidades por la inutilidad de su construcción.
Merece la pena recordar lo que Bent Flyvbjerg, Catedrático de la Universidad de Oxford y experto mundial indiscutible en el tema de los megaproyectos afirmaba hace casi dos décadas: “La paradoja consiste en que mientras que se proyectan y construyen cada vez más megaproyectos por todo el mundo, resulta también más claro que la mayoría de esos megaproyectos presentan unos resultados sorprendentemente pobres en términos económicos, ambientales y de apoyo ciudadano. En consecuencia, los análisis coste-beneficio, los análisis financieros y las evaluaciones de impacto ambiental y social, que se llevan a cabo de manera rutinaria como parte de la preparación de un megaproyecto, son cuestionadas, criticadas y denunciadas más a menudo y con más intensidad que los análisis realizados en otros campos del conocimiento. El desarrollo de los megaproyectos no constituye hoy un campo que pertenezca a lo que se denomina “cálculos honestos”. Es, por el contrario, un campo en el que se ve a un grupo de profesionales calificando el trabajo de sus colegas no sólo de “sesgado” y “preocupantemente flojo” sino como de “enorme vergüenza” para la profesión. Y esto cuando las cosas todavía no han dejado de ser amistosas. En situaciones más conflictivas, los calificativos usados en las injurias que acompañan a los megaproyectos son “decepción”, “manipulación” e incluso “mentiras” y “prostitución”. Nos guste o no, el desarrollo de megaproyectos es actualmente un campo en el que apenas hay cálculos fiables y menos aún los cálculos de los expertos.
Por otro lado, los promotores de los megaproyectos con frecuencia evitan y violan las prácticas establecidas de buen gobierno, transparencia y participación en la toma de decisiones política y administrativa, ya sea por ignorancia o porque ven tales prácticas como no beneficiosas para la aprobación de los proyectos.
En los últimos años ha vuelto a resurgir el interés por el impacto de las infraestructuras sobre el desarrollo regional y el crecimiento económico. De hecho, uno de los argumentos más utilizados para comprometer fondos públicos en los proyectos de infraestructuras consiste en que generarán crecimiento económico en general, en una región, un país o una zona concreta. Existen, sin embargo, buenas razones teóricas y empíricas para contemplar tales argumentos con cautela. La razón es que existe un comportamiento de buscadores de rentas en aquellos que justifican la inversión en infraestructuras, ya que dichas inversiones pueden generar beneficios para grupos concretos de constructores y usuarios mientras que la mayor parte de los costes recae sobre los contribuyentes”. B. Flyvbjerg; N. Bruzelius; W. Rothengatter. Megaprojects and risk. An anatomy of ambition. Cambridge University Press (2003).
En la misma línea se expresaba el periodista Carlos de Prada en su artículo titulado “La dictadura de las constructoras”, publicado en 1997, refiriéndose a la relación entre las constructoras y el gobierno de la siguiente forma, "En nuestro país existe lo que podríamos calificar, sin ambages, como una dictadura de las empresas constructoras, ya que son ellas las que inspiran la política del agua del actual Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), como antes hacían con el extinto MOPTMA".
Y es que no hay que darle muchas vueltas, pues parece que, presuntamente, seguimos en un contexto al que Bourdieu y Wacquant califican de Economía gangsteril, que se caracteriza por tres aspectos:
1.Pauperización del Estado (Saqueo de los fondos públicos).
2. Conversión de los Bienes Públicos en Mercancías (Protección ficticia).
3.Precariedad salarial y social. Bourdieu y Wacquant. (La lingua franca de la revolución neoliberal. Una Nueva Vulgata Planetaria. Le Monde Diplomatique. 2000).
En consecuencia, seguir hablando de la importancia del desarrollo y de reactivar la economía de las islas, de impulsar la transición ecológica o de lo que nos quieran contar, sin someterse a un debate abierto en el que expongan los argumentos, las personas y el medio del que dependemos, mediante una política de Obras Públicas, no es nada más que usar deliberadamente un lenguaje ficticio y vacío, pura propaganda, para que las constructoras y los políticos a su servicio sigan viviendo de lo público, mientras el colapso nos espera paciente y cada vez más contundente a la vuelta de la esquina.
Termino, una vez más, con Flyvbjerg, "Lo más perturbador no son las estimaciones individuales de los proyectos que son falsas, sino la enorme dimensión alcanzada por el comportamiento de buscadores de rentas seguido por las empresas que ha secuestrado y sustituído la consecución del bien público en este campo tan importante y caro de la política así como los elevados costes que este comportamiento impone sobre la sociedad (…) La política pública -para que merezca ese nombre- presupone una noción de bien público. Cuando esta noción es secuestrada, es la propia política la que está secuestrada. En lugar de ella, lo que tenemos es uno de los mayores socavamientos de la democracia: la institución pública usada para el beneficio privado. Cualquier sociedad que quiera mantenerse como tal tendrá que prevenir dicho secuestro y restaurar la distinción fundamental entre el bien público y el interés privado" (Flyvbjerg, Design by Deception. The Politics of Megaproject Approval, 2005).
Aunque, quizás, lo que ocurre es que ese secuestro ya hace tiempo que ha tenido lugar y no hay interés en restaurar la distinción entre el bien público y el interés privado.
* La casa de mi tía agradece la gentileza de Federico Aguilera Klink
