Cosita asiá la señora, usté - por Nicolás Guerra Aguiar   

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La señora Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, puede parecer a los ojos de los contribuyentes una política de ímpetu, buen hacer, rigor y seriedad, amén de implacable guardiana de los dineros públicos. Y no solo puede parecer, sino que lo parece en cuanto que una de sus primeras actuaciones fue eliminar la dedicación exclusiva a la mayor parte de las señorías que conforman el Parlamento autónomo. Así, argumenta, no solo se ahorran un millón de euros en estos momentos tan complicados sino que se contenta a miles de ciudadanos, críticos con la profesionalización política y con los altísimos sueldos que los señores parlamentarios perciben.

Por tanto, a partir del 1 de enero sus señorías cobrarán alrededor de 1.500 euros mensuales, nómina que sobrepasa –bien es cierto- la de algunos millones de ciudadanos, los mileuristas, muchos de ellos con titulaciones y formaciones superiores. Por tanto, sin entrar en profundidades la decisión de la señora Cospedal tiene apariencia de firmeza, sensatez, defensa de los intereses públicos y, sobre todo, de ejemplo a seguir. Pero hay ciertos detalles –la letra chica- que deben tenerse en cuenta, toda vez que puede sentirse afectado incluso hasta el mismo sistema democrático, es decir, la representación popular y la defensa de sus intereses. Veamos.

El Parlamento de Castilla-La Mancha está compuesto por 49 diputados (25 del PP, 24 del PSOE). Pero no todos –y aquí está la primera excepción- perderán la dedicación exclusiva en cuanto que los cinco miembros de la Mesa quedan exentos de tal decreto, es decir, tres del PP y dos del PSOE. Sumemos los dos portavoces parlamentarios, uno de cada partido. Añadamos que cinco señorías son, a la vez, miembros del Gobierno, por lo cual no cobran de las Cortes, sino del Ejecutivo. Resultado: quedan 37 señorías.

De ellas, un elevado número son alcaldes y concejales del PP, y a estos últimos les prometieron la dedicación exclusiva en sus respectivos ayuntamientos gobernados por el Partido. Lo que lleva a la conclusión de que la loable decisión de controlar gastos afectará sobre todo a los miembros del PSOE, es decir, a 21 señorías sobre 24. O lo que es lo mismo, cualquier profesional de la oposición (médico, profesor, abogado, funcionario…) volverá a su puesto de trabajo (consulta, aula, despacho) y dedicará al Parlamento exclusivamente las horas de plenos y comisiones, por lo que no podrá entregarse al riguroso seguimiento de la actividad gubernamental. De esta manera el Gobierno se verá libre de una oposición que podía hasta hoy investigar proyectos, presupuestos, hacer seguimiento exhaustivo a los gobernantes.  Astuta decisión, pues, para silenciar a la oposición.

Y la misma señora que atenta con picardía contra el derecho ciudadano a que sus representantes estén decentemente pagados para que puedan dedicarse en cuerpo y alma a su labor como fiscalizadores de la actividad del Gobierno, ganó 156.000 euros en 2011 –descontados los impuestos- precisamente por sus actividades políticas: 89.000, como secretaria general del PP; 31.000 euros por unos meses como senadora; 36.000 como presidenta (desde julio) de Castilla-La Mancha. Pero el año anterior, 2010, percibió de la política 159.000 euros. (Es decir, 430 euros diarios, con sábados y domingos.)

Que la señora Cospedal tiene la obligación de velar por los intereses económicos de su Comunidad es tan obvio como elemental. Que los gobernantes han de racionalizar los presupuestos para que no se despilfarre ni un solo céntimo, también forma parte de sus obligaciones. Y si bien es cierto que los cuarenta y nueve parlamentarios de Castilla-La Mancha no todos van a tener dedicación exclusiva, también es innegable que la oposición debe contar con un reducido grupo de señorías absolutamente dedicadas a su labor fiscalizadora y controladora, y eso solo se puede conseguir desde la autonomía económica salvo que, como en este caso, legalmente se haya querido eliminar cualquier embarazo, obstrucción o control al Gobierno.

Sin embargo, la señora presidenta cobró suculentas nóminas correspondientes a su condición de senadora del PP hasta su toma de posesión en Castilla-La Mancha. Es decir, raquitiza, obstaculiza y dificulta la función de representantes democráticamente elegidos para un Parlamento, el suyo, pero mantiene impasible el ademán cuando se trata del Senado, Cámara absolutamente inoperante, inservible y generadora de multimillonarios gastos. Aunque, bien es cierto, les sirve a los Partidos para acomodar, pagar favores, mantener y sostener a quienes no pudieron ocupar otros puestos tan bien remunerados, ya por su incompetencia, torpeza, ya porque interesa dejarlos arrinconados en aquella institución cuyo cierre nada afectaría al normal desarrollo de la actividad política.

Bien es cierto que el país no puede pagar dedicaciones exclusivas a todos los parlamentarios de las diecisiete comunidades, Ceuta, Melilla y Congreso de los Diputados (lo del Senado es despilfarro), obviamente. Sin duda, debe imponerse la urgentísima racionalización de todas aquellas cámaras, cuyos números de componentes son excesivos en exceso, y cuyos disparatados derechos autoconcedidos sin oposición alguna (viajes gratis, retiros, seguros, bonos para taxis…) traducen una afrenta a la ciudadanía hoy cada vez más agobiada, cuando no desquiciada por todo lo que le está cayendo encima, víctima propiciatoria de un injusto sistema.

Pero mientras permanezca el estado actual de la cosa política y la Constitución siga siendo la misma (aunque no es imperecedera), el sistema democrático exige que los votantes no solo tengan derecho a la elección de sus preferidos sino, y sobre todo, que el propio sistema permita a estos el cumplimiento de su sagrada palabra, la defensa de los intereses ciudadanos. Y no es éticamente aceptable que, como en Castilla-La Mancha, pueda llegarse a la posibilidad de que solo sean candidatos quienes tienen colmadas cuentas corrientes o están protegidos por su partido. (Por cierto: los delegados políticos -en tres de las cinco provincias de Castilla-La Mancha- cobraron 200.000 euros. Y las siete consejerías tienen 89 altísimos cargos. O lo que es lo mismo, se desmantela la oposición y se premia a los nuestros.)

Tambien en:

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=288372

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/19353-cosita-asia-la-senora-uste

http://www.teldeactualidad.com/articulo/opinion/2013/01/10/8199.html