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viernes, 26 de abril de 2024 00:19h.

Cuarenta y tres años después - por Nicolás Guerra Aguiar

Están empezando a llamarme la atención, cuando no a perplejarme, las coincidencias (casuales o no) entre noticias que son hoy portadas en algunos periódicos y los titulares de una revista canaria de hace cuarenta y tres años, aunque los espacios físicos nada tengan que ver unos con otros. (Y mucho menos los tiempos políticos, obviamente.)

Cuarenta y tres años después - por Nicolás Guerra Aguiar

Están empezando a llamarme la atención, cuando no a perplejarme, las coincidencias (casuales o no) entre noticias que son hoy portadas en algunos periódicos y los titulares de una revista canaria de hace cuarenta y tres años, aunque los espacios físicos nada tengan que ver unos con otros. (Y mucho menos los tiempos políticos, obviamente.)

Así, por ejemplo, en periódicos digitales del pasado domingo día 21 leí que treinta señores profesores interinos fueron desalojados el día anterior de una iglesia católica por la Policía Nacional. Se trata de la madrileña La Almudena, recinto catedralicio en el que se habían encerrado o refugiado no para elevar preces a Santa Rita y a otros santos milagreros ante la proximidad de profundos cambios en las baremaciones para las listas de maestros, reforma que llevará a cabo la consejería de Educación de Madrid. Y digo que no se quedaron para rezar porque son conscientes de que en estos momentos los milagrosos milagros son imposibles, y lo que no es posible no puede ser, hábil deducción.

Lo que pretendían, dicen, es "echar atrás una medida que supondría el despido y expulsión de la educación pública de una gran cantidad de profesionales", es decir, mantener el puesto de trabajo, constitucional derecho que los equipara a millones de ciudadanos, ya sean aquellos que engrosan las terribles listas del paro, ya las decenas de miles de jóvenes que no han podido entrar en la actividad laboral, titulados o no, y que desesperan en la negra incertidumbre porque ven cómo se roba, desfalca, sobresuelda a políticos profesionales mientras se corrompe la moral ciudadana y la caída del Producto Interior Bruto será el triple de la oficialmente prevista.

Pero algo no se desarrolló tal como estaba previsto por los encerrados. Las puertas catedralicias debían estar abiertas hasta las veinte treinta horas, lo imponen la devoción religiosa sabatina y las visitas turísticas (no siempre gratuitas). Mas hete aquí que a las dos de la tarde las cerraron. ¿Quién lo ordenó? No lo sé, nadie llegó con el mandamiento firmado, aunque estoy seguro de que no fue disposición personal del monaguillo o del sacristán, y tampoco de quien mandaba el destacamento policial protector. Pero sí es cierto que alguien les había pedido a los interinos que abandonaran el recinto religioso, que salieran, a lo que estos se negaron.

Poco después la policía los identifica (para hacerlo, tuvo que entrar) y les comunica que deben abandonar el templo o se verán forzados a echarlos por la fuerza: hay órdenes. Y como no están en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife,  ni el sábado 20 de abril de 2013 coincidió con el 4 de noviembre de 1970, los profesores interinos madrileños abandonaron las dependencias en pacífica y respetuosa retirada.

Cuando entraron –tampoco era una anarca masa ávida de incendios, destrucciones, descabezamientos de imágenes, ultrajes al sagrado recinto religioso- se estaba celebrando misa en el interior. Pero ni vociferaron ni bloquearon el normal desarrollo de la actividad religiosa, al menos en ningún periódico he leído que así se comportaran. Una vez acabada aquella, su entrada y permanencia llamaron la atención a alguien con autoridad –deduzco-, quien envió mensajeros para reclamar la salida. Ante su negativa, aquel alguien debió de acudir a instancias superiores, las cuales ordenaron el cierre del recinto a las dos de la tarde.

Cuarenta y tres años antes, más de seiscientos trabajadores de la empresa “Transportes de Tenerife” se recluyeron el 4 de noviembre de 1970 en la ermita de San Sebastián, primero, y después en la iglesia de La Concepción de Santa Cruz. Inmediatamente fueron rodeados por fuerzas policiales. Estas, por dictados del Gobierno Civil, ordenaron el desalojo. Pero los obreros no solo no se fueron sino que ese mismo día recibieron la visita del señor obispo de la Diócesis Nivariense, monseñor Franco Gascón, quien les dijo –según los informadores de la revista canaria Sansofé- que aquella “es la casa de Dios y la de ustedes”. Tras una segunda visita, reconoce el señor obispo que el comportamiento de los obreros allí encerrados es “totalmente respetuoso”.

Y el domingo 11 de noviembre los sacerdotes tinerfeños leen en las misas una pastoral que envía el obispado. Palabras revolucionarias la suyas, cuya reproducción –e información cronológica de los hechos- le costó a Sansofé (simbolizada en su director, don Alfredo Herrera Piqué) un expediente más de los tantos que le fueron graciosamente concedidos, con multa de cuarenta mil pesetas.  Las palabras del obispo (“Aunque se ha de recurrir a un sincero diálogo, en la situación presente la huelga puede seguir siendo medio necesario –aunque extremo- para la defensa de los intereses y el logro de los derechos de los trabajadores”) alteraron desde sus cimientos la osamenta de una capital provinciana, Santa Cruz de Tenerife, beatíficamente inmersa en estructuras sociales de corte feudal.

Días después, los obreros fueron desalojados de la iglesia a las tres y media de la madrugada. La Brigada de Investigación Social y la Policía Armada se encargaron de la misión. Alguno dijo que se realizaba “previo aviso al Prelado”. Y el Prelado, al domingo siguiente, insta a sus sacerdotes a leer otra nota: nunca autorizó la expulsión de los trabajadores. El número siguiente de Sansofé publica un amplísimo reportaje cronológico (lo firma el estudiante Julio Pérez Hernández, luego gobernador civil en 1987) e incluye las palabras del obispo. Además, la revista saca conclusiones, y reclama justicia social contra el deterioro de la situación en Canarias. Por tanto, la Administración le abre otro expediente sancionador al señor Herrera Piqué: ahora, de cincuenta mil pesetas “por manifiesta infracción del orden público interior”.

Aquella casa religiosa tinerfeña, en efecto, abrió sus puertas para guarecer a los trabajadores. Cuarenta y tres años después, qué cosas, la catedral madrileña las cierra e invita a los profesores a que se marchen. Como no lo consigue,  se queja a las altas instancias, las cuales instan. (¿Qué ha cambiado?)


También en:

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=300036
 

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/22243-cuarenta-y-tres-anos-despues