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11:48h. Lunes, 20 de Noviembre de 2017

El derecho a un referéndum en Cataluña - por Nicolás Guerra Aguiar

 

referendum

nicolás guerra aguiar"Pero un referéndum con todas las de la ley, sin duda, tendrá que celebrarse algún día. Y cuanto más se retrase, a peor. Las actuaciones judiciales, a fin de cuentas, no son soluciones políticas."

El derecho a un referéndum en Cataluña - por Nicolás Guerra Aguiar *

En pura hipótesis, las decisiones aprobadas por la mayoría de un parlamento democrático van a misa aunque la diferencia entre dos opciones solo venga marcada por un voto. Así, tras su abrumadora victoria en la Cámara catalana ningún reparo político puede ponerse a la Ley […] Fundacional de la República, supuesto marco por el cual se regiría Cataluña si triunfara el sí en un referéndum sin impedimentos legales. Sucedió en Escocia: en 2014 se celebró uno tras su aprobación por el Parlamento escocés (2013) para que sus ciudadanos (y no el Reino Unido) decidieran sobre la independencia. Como sabemos, triunfó el no (55%) frente al sí (45%).

   Ante tal referente, la pureza democrática de la Ley catalana parece consistente: sometida a votación en el Parlament, el texto fue aprobado por 71 votos a favor, diez en contra y ninguna abstención por ausencia de tres partidos. No obstante, el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución y en el ejercicio de su autoridad legal, la acorrala tras el recurso del Gobierno español. Pero la mayoría parlamentaria catalana solo reconoce la autoridad de la votación celebrada pues, alega, como representante de la voluntad popular únicamente es responsable ante los electores. En consecuencia, sigue fijada la fecha del 1 de octubre para la celebración de la ilegal consulta.

People hold  Catalan separatist flags known as    Por directa influencia de la situación creada, la Diada de este año atrajo a menos gente que las anteriores. Lo cual resulta obvio: acaso por primera vez dejó de ser la Fiesta Nacional del pueblo catalán y se convirtió en la manifestación de los independentistas (dominaron las banderas esteladas -‘estrelladas’- sobre la oficial). Prudencia, cordura y la convicción de que esta Diada no iba a ser la suya llevó a un sector muy elevado de la población a no asistir.

diada del sí   De esta civilizada manera miles de catalanes se adelantaron a lo previsible. Comportamiento el suyo –renunciaron a su derecho a la Fiesta Nacional- digno de elogio. Por tanto, los independentistas tienen la obligación de respetar con el más exquisito rigor -tal como fueron respetados- si acaso la otra media Cataluña saliera a la calle para mostrar su desacuerdo con la independencia, el inapropiado momento para reclamarla o exigir la exploración de una tercera vía. Porque tengo una sospecha: no todos los catalanes que reclaman el referéndum son radicalmente independentistas. Pero miles de ellos, eso sí, exigen que se les consulte.

   De entre los no asistentes a la Diada de este año se encuentran quienes desean, legítimamente, que Cataluña siga formando parte de España. Sin embargo también debemos incluir a sectores ciudadanos sentimentalmente ajenos a la condición de españoles pero a la espera de que razones, razonamientos, palabras y diálogos se impongan en un país europeo de apariencia democrática. A los bloques anteriores debemos sumar, obviamente, un tercero: el de quienes ansían destacar su nacionalidad catalana aunque sin perder los vínculos con España.

   Concretos partidos saben –astucia, habilidad, probada inteligencia- jugar esta complicadísima partida de ajedrez, por más que en algunos primen los intereses privados sobre los generales. Así, por ejemplo, el caso de la anterior Convergencia y Unión (CiU), el conglomerado urdido por el exhonorable señor Pujol para -hipotéticamente- llenar de millones de euros las arcas piratas puestas al servicio del partido... y de la familia. Comportamiento este, dicho sea de paso, nada original pero miserable desde el punto de vista ético y delictivo en lo penal.  Así, por solo citar un ejemplo, recuerdo el caso Filesa en dos variantes (AVE y SEAT): fue, pura y llanamente, ilícito enriquecimiento del PSOE (1988 – 1890). Del PP, estimado lector, ya usted lo sabe casi todo.

   Y de la misma manera que el señor González -expresidente psocialista- pidió la condición de mártires por la Patria para sus cargos gubernamentales condenados a penas de cárcel por apropiaciones indebidas, el Gobierno de la hipotética República catalana amnistiaría a los suyos, es decir, los perdonaría con la consiguiente extinción de sus responsabilidades (recordemos el famoso 3%). Y es que -por el momento- desde el exhonorable señor Mas hasta el señor Homs, las condenas suponen la inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional y celebrar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Además, sobre la presidenta del Parlamento catalán -señora Forcadell- y cuatro miembros de la Mesa pesa el presunto delito de prevaricación y desobediencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. (De pasada, algo le tocaría a la familia Pujol Ferrusola.)

   Obviamente, y como se trata de un tema reservado para especialistas en derecho, nada opino sobre las actuaciones de ambas partes en torno a la legalidad o no de las mismas. Sabios juristas hay, por suerte, cuyos comentarios (no siempre coincidentes) van dando ideas más rigurosas de la situación. Así, por ejemplo, por qué la democrática decisión de la mayoría parlamentaria puede ir en contra –supuestamente- del propio sistema democrático. O por qué Reino Unido aceptó sin amenazas, recursos o demostraciones de fuerza la hipotética independencia de los escoceses. ¿Fue, acaso, la pureza política? ¿Nada significaban trescientos y tantos años de identificación nacional?

   España carece de su tradición democrática.  Pero sí se encuentra hoy en una profunda desestabilización ética y de básicos principios de honorabilidad política. La lista –larga lista- de casos marcados por supuestos sobresueldos, corrupciones, financiaciones ilegales… del PP le ha significado un parcial castigo en las urnas. Por tanto, le interesan al Gobierno tres actuaciones contundentes: una, negarse al diálogo con el Gobierno catalán, incluso a entendimientos elementales. Dos: mientras se magnifique el tema catalán no se habla de corruptelas. Y tres, debe mostrar autoridad y rigor en sus actuaciones al amparo de las leyes para impedir el referéndum de octubre. Así amplios sectores ciudadanos, amantes de la sumisión incondicional a la autoridad, volverán a confiar en el PP.

   Pero un referéndum con todas las de la ley, sin duda, tendrá que celebrarse algún día. Y cuanto más se retrase, a peor. Las actuaciones judiciales, a fin de cuentas, no son soluciones políticas.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

NICOLÁS GUERRA AGUIAR RESEÑA