La privación del acta de diputado arrebata el derecho de representación parlamentaria a los 64.613 trabajadores  y trabajadoras que lo votaron.

Lo de Alberto Rodríguez tiene tintes de mala tragicomedia llena de  personajes oscuros y silenciosos que se esconden, se adornan con  mordazas para no ver, no saber y no opinar o sí, pero sólo a través de  twitter. 

Alberto Rodríguez es el representante, uno de ellos/as, de lo que se  suponía era la «nueva política» -signifique eso lo que signifique-; es por  derecho propio, eso sí, el representante electo de 64.613 trabajadores y  trabajadoras canarios, el 14,04% de la población de la provincia de Santa  Cruz de Tenerife 

No conozco personalmente a Alberto Rodríguez pero sí que tengo, por  algún conocido en Tenerife, referencia de su actividad política, sobre  todo de su implicación en luchas y movilizaciones, en protestas, en  defensa de derechos y en la denuncia de leyes clasistas e injustas, como  la Ley Wert. 

Ha sido precisamente, en una movilización, la manifestación contra la  Ley Wert, donde una supuesta patada a un  agente del orden público -no hay imágenes ni testimonios que lo  corroboren, únicamente la palabra del supuesto agredido-, le ha valido por el Tribunal Supremo condena y multa, con aplicación de la presunción de veracidad en favor de las fuerzas policiales establecida en la Ley Mordaza aún no derogada.

En este pastel, la guinda la pone la Presidenta del Congreso de los  diputados/as, Meritxell Batet (PSOE), cuando decide que la sentencia  lleva aparejada la pérdida de la condición de diputado. 

Decisión que toma ignorando conscientemente precedentes de  situaciones similares. En este sentido, el Tribunal Constitucional avala en una decisión de hace 30 años la petición de  Alberto Rodríguez de regresar a su escaño, a la que se une opiniones de juristas de  reconocido prestigio como la de José Antonio Martín Pallín.

No sorprende, aunque repugna, que la Presidenta del Congreso, insisto del  PSOE, se decante por laminar a un diputado de izquierdas que, además  de por su estética y procedencia social, rompe con los estándares que  fija y establece el parlamentarismo burgués.  

«Si yo no me apellidara Rodríguez y no fuera de familia obrera, ¿me habrían quitado el escaño? ¿Qué  hubiera pasado si tuviera un apellido compuesto?», afirma el diputado canario.

Lo que sí sorprende es que la decisión de la Presidenta del Congreso no  haya ocasionado,  como cabría esperar, una rebelión en masa de los  diputados/as de Unidas Podemos encabezados por los ministros y  ministras de UP y los Secretarios Generales y/o Coordinadores del PCE, IU y Podemos. Yo tengo la sensación, expone Alberto Rodríguez, «de que se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y  canarias perdieran su representación y su voz en el Congreso».

Por tal motivo me he visto en la obligación de dirigir una misiva a Jaume Asens Llodrà y a la totalidad de los diputados de Unidas Podemos en el Congreso, trasladándoles el siguiente texto: «Es tal la salvajada cometida con Alberto Rodríguez que resulta incomprensible e inadmisible la actitud tibia y timorata de tu grupo parlamentario y de cada uno/a de sus componentes. Están/estás a tiempo de enmendar el error y la injusticia, mostrando a tus votantes, afiliados y simpatizantes que Unidas Podemos defiende a sus diputados/as y a los trabajadores y trabajadoras que los votaron. Si Batet y Marchena expulsan a uno nos expulsan a todas; no cambies la dignidad por un sillón. Huelga de diputados/as hasta la restitución de Alberto.»

Es de todo punto evidente que la privación del acta de diputado trasciende  ampliamente al diputado, lesiona el derecho de representación de los 64.613 trabajadores  y trabajadoras que lo votaron. Es a estos trabajadores y trabajadoras a  quienes se desampara y se priva de representación parlamentaria. 

Resulta inadmisible e incomprensible que el Coordinador General de IU,  Alberto Garzón, o el Secretario General del PCE, Enrique Santiago, no  abanderasen la defensa de esos 64.613 trabajadores y trabajadoras, votantes del diputado injustamente sancionado por la Presidenta del  Congreso. 

Indigna que con unos cuantos tweets el Secretario General del PCE dé el  asunto por zanjado y se remita a la decisión futura del Tribunal de Europeo  de DDHH, cuando afirma que: «En unos años el Tribunal Europeo de DDHH resolverá que se han vulnerado todos los derechos de Alberto  Rodríguez y de quienes lo eligieron por sufragio directo. Ese día el Supremo dirá que el reproche es al Poder  Legislativo, porque ellos nunca escribieron que se quitara el escaño». O que en otros insista en lo arbitrario de la decisión tomada por no figurar  en la sentencia «… nunca se ha escrito que haya que retirarle el escaño» o «… solo impide presentarse a elecciones durante 45 días»  o, finalmente,  «… injerencia en las competencias del Poder Legislativo, el único elegido directamente por los ciudadanos». 

¿Es que 64.613 trabajadores y trabajadoras privadas de representación  parlamentaria no merecen sino unos cuantos tweets? 

¿Dónde queda lo aprobado en el XX Congreso del PCE acerca de que «el PCE que concebimos es un Partido volcado en el conflicto, en la intervención externa, que hegemonice las posiciones políticas de los distintos espacios de lucha en los que participamos y que las oriente hacia la  consecución de sus objetivos políticos, en definitiva, un Partido de Vanguardia»?

No se puede aspirar a ser un Partido de Vanguardia cuando se renuncia  a la intervención, cuando se rehúye el conflicto y se fía todo al ámbito  institucional o al twitter. 

El que no sea la movilización popular, alentada por UP y el PCE,  acompañada de la presión parlamentaria, quien devuelva el acta al  diputado Alberto Rodríguez y restaure los derechos de los 64.613 trabajadores y  trabajadoras que le votaron, es una muestra más de una estrategia política que  desprecia la organización y la movilización de la clase trabajadora y aleja al PCE de ese objetivo de Partido de Vanguardia.

Se pregunta uno, dando como casi por imposible alterar la deriva  reformista y en exclusiva institucionalista de la actual dirección del PCE,  qué tendría que pasar para que, después de tragar con la expulsión del  diputado canario, la NO derogación de la Reforma Laboral del PP y la  NO derogación de la Ley Mordaza, se alterara la pachorra, indolencia y  apatía en la que parecen estar sumidos. 

* Gracias a José Molina Ramírez, a HOJAS DE DEBATE y a la colaboración de Arturo Borges Álamo

https://hojasdebate.es/opinion/el-diputado-canario/