Entre engaños y ninguneos - por Román Rodríguez, diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias

Las relaciones entre Canarias y el Estado atraviesan un momento muy delicado. Desde los dos gobiernos se ha buscado, en el último período, la confrontación permanente. Y sus consecuencias se están trasladando a la vida de la gente. La responsabilidad principal de los dos ejecutivos es buscar soluciones a los problemas de las Islas, y ello exige cooperación decidida para superar la situación de debilidad económica, el elevado desempleo y la creciente pobreza, así como el preocupante deterioro de los servicios públicos.   

Cierto es que el Gobierno central ha puesto mucho más de su parte en esa confrontación. Son numerosos los episodios de ninguneo y desprecio a las instituciones canarias vividos desde el comienzo de la legislatura. Fraguados en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2012, 2013 y 2014, pero también en decisiones que afectan al desarrollo de las energías renovables, carreteras, planes de empleo o a la humillante imposición del certificado de residencia.

Las prospecciones petrolíferas son otro ejemplo diáfano. La actitud prepotente del Gobierno del PP y, particularmente, del Ministerio que dirige Soria, ha desoído a las instituciones de Canarias y a la opinión de la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas, como señalan distintos estudios sociológicos y como ratificaron las manifestaciones masivas del 7 de junio. Un ninguneo que sólo podrá resolver una consulta popular.

Pero también es un ejemplo de la confrontación el trato al subsector del tomate. Al borde de la desaparición por la deuda que mantienen con sus productores los dos gobiernos: 26 millones de euros el estatal  y 14, el canario. Ambos se acusan de no pagar y no hacen nada para arreglar la situación. Es decir, condenan a muerte a uno de nuestros principales productos agrícolas de exportación y al paro a cerca de 20.000 personas.

Antecedentes

De todos modos no se puede atribuir a este Gobierno del PP la exclusiva en el tratamiento injusto hacia la comunidad canaria, así como en los engaños e incumplimientos flagrantes. Hay numerosos antecedentes con los distintos gobiernos españoles. Varios de ellos en la historia más reciente.

Como el de la financiación autonómica, aprobada en 2009, que nos colocó 800 millones de euros anuales por debajo de la media de las comunidades autónomas de régimen común. O el del Plan Canarias, aquel de los 25.000 millones de euros adicionales en una década, convertido en un verdadero fiasco, como en su momento denunciamos desde Nueva Canarias.

En estos dos casos, la financiación autonómica y el Plan Canarias, los timadores fueron ejecutivos de Zapatero y los timados, con un elevado grado de complicidad, el Gobierno Rivero-Soria. Eso sí, las consecuencias las estamos pagando todos los habitantes de las Islas en desempleo, pobreza o listas de espera.

La ley de aguas fue otro gran engaño. El Gobierno de CC anunció como un gran éxito el acuerdo con Madrid que otorgaba la titularidad canaria sobre las aguas del Archipiélago. Pero la realidad lo desmintió. Ni dio a Canarias la titularidad sobre sus aguas interiores ni eliminó el vigente carácter de aguas internacionales en una buena franja entre Tenerife y Gran Canaria y entre Gran Canaria y Fuerteventura (la situada después de las 12 millas). Ni supuso una competencia más. Ni aumentó ni un solo centímetro la superficie de la Comunidad Canaria. Ni añadió un solo euro en financiación autonómica.

Privatización AENA

El último episodio de esa política de engaños y agresiones lo tenemos en la privatización de la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). La venta de los aeropuertos canarios compromete el futuro de la comunidad. Colocar en manos privadas el 49% de la empresa pública AENA supone un elevado riesgo para la economía, el turismo y el futuro de Canarias.

El tráfico aéreo constituye en el Archipiélago nuestras carreteras y trenes entre los territorios insulares, permitiendo la comunicación entre los canarios; y, asimismo, nos comunica con el resto del mundo y posibilita la llegada de millones de visitantes anuales en lo que es nuestra principal industria: el turismo.

La privatización de los aeropuertos puede llevar a la desaparición de aquellos que no son rentables económicamente -como los de El Hierro, La Gomera y La Palma-, aunque sí lo sean socialmente; pero también a la subida de las tasas, la reducción de la conexiones, el encarecimiento de los billetes de avión y la pérdida de inversión en infraestructuras aeroportuarias.

Entiendo que, en este caso, existen suficientes argumentos jurídicos para invocar el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía que señala que a Canarias le corresponde la competencia de ejecución de aeropuertos con calificación de interés general “cuando el Estado no se reserve su gestión directa”. Y poner el 49% de las acciones de AENA en manos privadas supone que el Estado deja de gestionar directamente estas infraestructuras, al pasar AENA a ser una sociedad mixta o participada.

Canarias debe enfrentarse a esta grave decisión estatal con la misma fuerza demostrada en el tema de las prospecciones; y con mayor grado aún de unidad social, política e institucional.

Los responsables de la reiteración de engaños, ninguneos y actuaciones realizadas en contra de la opinión de la ciudadanía y de las instituciones canarias, decisiones que nos alejan de las condiciones de vida del continente europeo, deberían ser conscientes de que éstas terminarán teniendo consecuencias; y que, más temprano que tarde, vendrán las inútiles lamentaciones por parte de los que, por sus decisiones arbitrarias, injustas e insensatas, están provocando una grave desafección.

Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.