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23:46h. sábado, 26 de septiembre de 2020

España, diez mil; Gran Bretaña y EE UU, cero - por Nicolás Guerra Aguiar

El mes pasado dimitió la señora Martínez, parlamentaria que compatibilizaba el cargo de señoría en las Cortes Valencianas (primera nómina oficial) con el de alcaldesa de un pueblo de Alicante (segunda nómina oficial)...

España, diez mil; Gran Bretaña y EE UU, cero - por Nicolás Guerra Aguiar

El mes pasado dimitió la señora Martínez, parlamentaria que compatibilizaba el cargo de señoría en las Cortes Valencianas (primera nómina oficial) con el de alcaldesa de un pueblo de Alicante (segunda nómina oficial). Tal cese ha trastocado, otra vez, alguna variante del caso Gürtel directamente relacionada con supuesta corrupción administrativa por oscuros contratos en ferias de turismo (FITUR). Y lo ha perturbado en cuanto que, como persona aforada por su condición de parlamentaria, debía ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pero al cesar desaparece su especial condición de sujeto intocable por cualquier juzgado al uso. Lo cual significa que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ya había iniciado la causa, ha de devolverla a un juzgado normalito alicantino. Este traslado, a su vez, implica que el nuevo juzgado debe reiniciarlo todo y, por tanto, el juicio se retrasará sine die.

La señora Castedo, también alcaldesa (de Alicante; nómina oficial) y diputada autonómica en las Cortes Valencianas (nómina oficial), presenta su dimisión en el segundo cargo aunque, como la señora Martínez, mantiene el primero, pues de algo hay que vivir. Está incluida en una variante del caso Brugal, hipotéticas irregularidades en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, supuestos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Como en el caso anterior, la renuncia a su condición de parlamentaria –y, por tanto, al privilegiado aforamiento- significa también que el Tribunal Superior de Valencia debe inhibirse del caso y trasladárselo a un juzgado de Alicante. Y, asimismo, implica su replanteamiento por el nuevo juzgado, con lo cual el juicio también se pospondrá bastante tiempo.

Pero como los tiempos de las elecciones autonómicas y generales están al caer, y la Justicia camina con lentitud porque sus medios son escasos (faltan muchos jueces, por ejemplo), hete aquí que las exseñorías y actuales alcaldesas podrán figurar en puestos preferentes de las listas para las elecciones de 2015. Y si reciben el apoyo moral de los mandamases puede suceder que ambas dos salgan elegidas para el Senado, por ejemplo. Con lo cual todo lo visto por el Tribunal Superior mientras estuvieron aforadas y, después, por los juzgados de a pie no tendrá valor alguno en cuanto que ellas, como posibles senadoras, solo podrán ser juzgadas por los Tribunales Superiores de Justicia, pues recuperan la condición divina. Y estos, por tanto, deberán reabrir nuevos expedientes para, después, solicitar la anuencia del Senado, positiva o no.  Y como se trata de supuestos delitos sin mayor trascendencia porque, a fin de cuentas, solo es dinero y aparente beneficio mientras se ejerce cargo público, la cosa irá de largo. Porque otra cosa más delictiva es asaltar la vivienda del señor Bárcenas, por ejemplo (el caso se cerró en seis meses), o reencarcelar a un supuesto delincuente (lo hizo el señor Silva, magistrado procesado en cinco meses) que asaltó las arcas de Cajamadrid.  Nimiedades.

Así, ¿qué son los aforados? Pues, sencillamente, aquellas personas que gozan de fuero, es decir, de privilegios, dispensas o prerrogativas. ¿Y quiénes gozan en España de tales dignidades y distinciones que los diferencian del común de los mortales? El rey, no: su figura es inviolable, no puede ser ni tan siquiera procesado. (¿Y si atropellara con alto índice de carga alcohólica a un ciudadano?) Pues bien: desde su mujer, hijo y nuera, pasando por el Gobierno al completo, diputados del Congreso y senadores, diputados autonómicos, jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional y del de Cuentas, vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal togado del Ejército, miembros del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos, los defensores autonómicos (en Canarias, Diputado del Común), los tres adjuntos al correspondiente andaluz… En total, otra menudencia: ¿qué son diez mil protegidos de los dioses sobre cuarenta y tantos millones de mortales?

¿Y en Europa? Allí, lo de siempre: subdesarrollo. En Alemania solo el presidente del Parlamento y sus miembros, pero ni tan siquiera la todopoderosa señora Merkel. En Italia y Gran Bretaña –como en EE UU- tal privilegio no existe, no cabe en limitadas cabezas que en países de comportamiento democrático pueda insinuarse la no igualdad de sus ciudadanos ante la Ley.  O lo que es lo mismo: en España, si usted no es aforado, no es nadie. Sin embargo, diez mil divinizadas personas que dependen de los presupuestos del Estado pueden decirle a un policía aquello de “¡Osado mortal, ¿sabes con quién estás hablando!?”.

Alegan sus señorías que necesitan sentirse protegidas, por ejemplo, en sus intervenciones parlamentarias. Y tendrían razón, claro, si fueran parlamentarios en la España de Fernando VII tras la Restauración absolutista que deroga, por ejemplo, la Constitución de las  Cortes de Cádiz de 1812. O si estuvieran en el caso de nuestro paisano gomero Antonio José Ruiz de Padrón quien, después de defender en las Cortes la eliminación de la Inquisición, debió emprender viaje por Francia e Italia para escapar de la ira jesuítica y de sectores ultraconservadores. Pero en los momentos actuales, ¿quién coarta la libertad de expresión de sus señorías?  Como no sean las órdenes que les llegan de arriba…

Tienen alegatos, sí, pero no razones para que tal privilegio se mantenga. Porque, a la vista está, las acusaciones –ingentes, sobrecogedoras- contra señorías protegidas por el aforamiento no lo son, precisamente, por el uso de la palabra en parlamentos y senados. Muy al contrario, tienen que ver con corrupciones, corruptelas, cohechos, prevaricaciones, sobornos… presuntos, claro. Y por eso se aprovechan de vacíos legales, de obsoletas prebendas ajenas totalmente al democrático funcionamiento de un país anclado en el ayer y cuya clase privilegiada pretende mantener frente al principio fundamental de que todos somos iguales ante la Ley.

No, España no será un país de estructura democrática mientras diez mil personas gocen de tales prerrogativas. Y todos los partidos, todos –excepto Upyd- hacen silencios ante tal desfachatez.