Ética, renunciamiento y eficacia política - por Emilio Cafassi, profesor de la UBA *

El Congreso del FA dejó a sus precandidatos munidos de un programa de gobierno y orientados a la campaña. Pero este próximo sábado, el Plenario Nacional, máxima autoridad entre congresos, tiene entre sus manos una responsabilidad que no resultará ajena a tal campaña, ni al futuro de la fuerza política. Deberá valorar los dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP) y adoptar medidas, ya que desde el ´96 éste sólo evalúa sin formular recomendación. No todos los casos tendrán esa incidencia. Varios de ellos se refieren a la disciplina partidaria de legisladores, otro resulta significativo aunque “externo” como la violación flagrante de principios en el caso del Secretario General de la OEA y los hay por fracturas varias. No le quito relevancia a lo que esta instancia concluya en todos ellos, pero los leños que arderán en el Plenario, cuyo rescoldo permanecerá mucho más allá de la coyuntura electoral, serán los que -para usar los términos exactos del TCP- “comprometen seriamente la responsabilidad ética y política” de dos compañeros.

Sobre uno de ellos tuve ocasión de escribir con detenimiento, pero más medularmente sobre la falla del FA en el monitoreo del accionar de sus militantes con responsabilidades funcionales y manejo de recursos, lo que entonces llamé el “scaner de honestidad”. El caso del renunciante vicepresidente Sendic, aunque por monto irrelevante, desnudó la desatención del FA al respecto obligando al TCP a actuar de oficio una vez que la prensa de derecha se encarnizó con él. A ello se agrega el  caso del senador De León, ahora por suma nada irrisoria, nuevamente a través del uso de la tarjeta corporativa. Ambos tuvieron la oportunidad de probar la falsedad de las acusaciones, eludiendo la ocasión mediante negaciones genéricas, balbuceos, deserciones y hasta acusaciones conspirativas que tan sólo otorgan verosimilitud a las sospechas originales, realimentando la lapidación mediática. ¿Cuánto más va a esperar preventivamente el FA para evaluar todos los casos de uso de tarjetas corporativas, no tan solo el de estos dos compañeros y cuánto más para proponer la eliminación de ese instrumento?

La (anti)ética indolente frente las exigencias de austeridad, formalidades y  justificaciones jamás puede fundarse en el trascendentalismo de los fines como tampoco la legitimación de las transgresiones desde la pretendida asepsia burocrática. ¿No hay acaso un deslizamiento ideológicamente pueril en el desprecio por la infracción que desagua en la indistinción práctica entre lo público y lo privado? El divorcio entre ética y política sólo conduce al herrumbre de las izquierdas. Teórica y empíricamente.

Obviamente las faltas mencionadas resultan risibles en magnitud respecto a las maniobras de corrupción de las gestiones pasadas y presentes de los partidos tradicionales. Esas sí fueron corrupciones ocultas, coimas secretas a diferencia de tarjetas corporativas que dejan su huella digital expuesta. Tomemos al azar tan sólo algunos ejemplos contemporáneos del Partido Nacional. El intendente Bascou carece de prurito para venderle combustible a la intendencia a través de su propia cadena de gasolineras. La intendenta Peña no sólo contrata a su pareja como jerarca, sino que lo hace en dos cargos, pagándole por tanto doble salario. Claro que como contraejemplos tanto de los casos dictaminados por el TCP y los de estos dirigentes blancos aludidos encontramos desde la austeridad del ex presidente Mujica, la auto limitación del salario de intendente sucesor de Antía, De los Santos, para donar la mitad de su salario dejando aproximadamente 220 mil dólares a la Udelar, la existencia del Fondo Sendic para el apalancamiento de proyectos solidarios y colaborativos, entre muchos más.

Pero hay un caso que merece una atención más detenida que la que el propio FA le ha otorgado (para no hablar de casi toda la prensa) que derivó  en el procesamiento de quien desnudara un acto de corrupción antigua y actual de la gestión del intendente Antía. Carlos Etcheverry, quien acompañó en parte las gestiones de De los Santos al frente de Maldonado, expuso en Facebook (mediante una serie de interrogaciones) una pretendida maniobra inmobiliaria de carácter millonario en beneficio de amigos, ocurrida dos días antes de la asunción del FA en 2005. Quedó al descubierto de la mano del renacido Antía desde el año pasado. Con asombrosa celeridad emitió entonces una resolución de permiso de obras en tierras de la franja costera en una zona valiosísima, cerca de las mansiones de la farándula argentina, con la firma final del actual Director de Hacienda y entonces Intendente blanco en ejercicio, Sr. Luis Pereira. El propietario, Sr. Costa, las vende inmediatamente a un tal Sr. Rey. Expresamente resoluciones de los años ´90 de la IDM y sentencias del TCA impidieron la venta del espacio público a menos de 150 mts de la rompiente del mar por lo que el gobierno del FA impidió esta apropiación, mientras Rey iniciaba juicio, para volver en 2017 a reclamar la titularidad ante la reaparición en funciones de los antiguos falsarios. Para ello urdieron una veloz y secreta maniobra, ya que la resolución no fue publicada en la web, ni informada a la junta, ni a la fiscalía letrada. Se trata de un caso de “corrupción puente” entre gestiones. Etcheverry, quien la descubre, es imputado judicialmente por difamación e injurias por el Sr. Pereira, autor principal aunque no exclusivo del latrocinio del espacio público. Aunque sobreseído, pesa una apelación en segunda instancia que podría haber dejado prescribir, pero éticamente prefirió retomar.

La solidez del FA no sólo se nutrirá de la firmeza con la que condene a los propios, eludiendo todo encubrimiento, sino también defendiendo a quienes, como Etcheverry, son objeto de hostigamiento por los esbirros de la corrupción y el amiguismo.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Emilio Cafassi