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08:48h. Domingo, 17 de noviembre de 2019

Huelgas en la enseñanza - por Nicolás Guerra Aguiar

Bien es cierto que las Administraciones siempre reducen –a veces con insultante desfachatez- los tantos por cierto de quienes secundan una huelga, sobre todo si los protagonistas son sus propios empleados. (Comportamiento este el de los políticos que, por otra parte, no llego a racionalizar en cuanto que existen muchos “conflictos sociales” –eufemismo franquista- porque tienen su razón de ser precisamente en atentados a la justicia social.)

Huelgas en la enseñanza - por Nicolás Guerra Aguiar

Bien es cierto que las Administraciones siempre reducen –a veces con insultante desfachatez- los tantos por cierto de quienes secundan una huelga, sobre todo si los protagonistas son sus propios empleados. (Comportamiento este el de los políticos que, por otra parte, no llego a racionalizar en cuanto que existen muchos “conflictos sociales” –eufemismo franquista- porque tienen su razón de ser precisamente en atentados a la justicia social.)

  Así, por ejemplo, recuerdo que participé en varias como profesor no numerario (PNN) en los albores de aquel sueño frustrado que fueron los años setenta y ochenta, y también como funcionario. Las reivindicaciones eran justas en cuanto que se reclamaban no solo mejoras salariales sino urgentes oposiciones, calidad, disminución de la ratio, racionalización en los programas, formación del profesorado, autogestión democrática de los centros. Y así, entre nuestra casi revolucionaria juventud y los logros que conseguíamos paso a paso, alcanzamos cimas de calidad jamás logradas que echaron por tierra la tradición de que la enseñanza privada superaba con creces  a la pública, aunque es cierto que todo estaba por hacer, que se arrastraban trasnochadas tradiciones  de una enseñanza puramente memorística, irracional, en la que el discente era solo un repetidor de las indiscutibles aseveraciones del profesor, mitificado casi hasta la divinidad, sobre todo los catedráticos.

  Pues bien: a pesar de los contenidos de nuestras serias exigencias que nos llevaban a parar la actividad académica, nunca nuestros datos y los de la Administración coincidían. Así, por ejemplo, sabíamos por informaciones directas de los profesores que el ochenta por ciento de los claustros estaba en huelga. Al día siguiente leíamos que, según datos del Ministerio, fue exactamente lo contrario: solo había parado el veinte por cierto del profesorado.

  Viene a cuento lo anterior porque el viernes de la semana pasada un sindicato canario de la enseñanza llamó al profesorado a la huelga para “expresar su rotundo rechazo a la convocatoria de oposiciones docentes” (ciento veintiocho plazas de maestros) que el Gobierno de Canarias tiene la intención de realizar este verano. Si se celebran, argumentan, “se pondrá en peligro el puesto de trabajo de cientos de interinos con años de experiencia al servicio de la escuela pública”, planteamiento que, por supuesto, respeto íntegramente, no faltaba más, pues se trata de una opinión en un aparente estado de derecho.

  Pasó el día de la huelga –viernes, 19- y la Administración cifró en un 1,29 por ciento la ausencia de docentes en las aulas, cantidad elementalmente simbólica. Sin embargo, el sindicato convocante no aporta datos frente a los números de la Administración, solo una secuencia lingüística: que la huelga fue secundada “amplia y significativamente”, sin más. Lo cual, por sí mismo, no me permite contrastar conclusiones en cuanto que solo manejo una información cuantitativa, la que corresponde a una de las partes. No obstante, tengo la impresión de que hay en aquella vaguedad (“amplia y significativamente”) un absoluto enigma que me anonada en cuanto que las fuentes informativas (precisas) en otras huelgas han funcionado casi a la perfección.

  Nadie duda de que la realización de las oposiciones podría significar la entrada de ciento veintiocho personas que actualmente están en paro. Pero, a la vez, repercutiría en otras ciento veintiocho que ocupan plazas como profesores en cualquiera de sus variantes, excepto la de funcionarios. Esto, claro, en el más radical de los casos, lo que desecho nada más apuntarlo en cuanto que de los aprobados tendrá que haber un alto porcentaje de profesores interinos con años de servicio –experiencia docente-, pues llevan la ventaja de la práctica en el aula frente a quienes jamás han impartido clases y, por tanto, se mantienen en planteamientos puramente teóricos. (Aunque también es cierto –me avala la experiencia en tribunales- que muchos de los nuevos no solo muestran amplios conocimientos sino que –lo más importante- saben cómo llevarlos al alumnado sin echar mano a la tan difuminada y repetitiva “lluvia de ideas” de la que algunos opositores hablaban.)  

  Sí, en efecto. La convocatoria de oposiciones altera la posición establecida hasta el momento y, por acción directa, su realización práctica puede desestabilizar a unos cuantos profesores –o a muchos-, víctimas propiciatorias de un sistema que hace agua de proa a popa y conduce al desmantelamiento de la enseñanza pública, aquella que brilló con luces de prestigio y máxima calidad durante los últimos veinte años del siglo pasado. Porque todos sabemos que no sobran maestros, en absoluto, más en una Comunidad que se caracteriza por estar casi siempre a la cola en resultados sobre educación (e, incluso, enseñanza). Y de perplejantes aprobados (aunque legales, eso sí, gracias al PSOE de 1995) sé bastante; créame, estimado lector: abandoné el aula por sentido ético.

  Pero también es cierto que los nuevos titulados y quienes llevan años en el paro tienen derecho a luchar por las ciento veintiocho plazas en cuanto que no las convoca una empresa privada, sino una institución pública. Y mientras no se demuestre lo contrario, el menos incorrecto de los sistemas de acceso al funcionariado es la oposición, con todos sus defectos, claro, pero a la que tienen derecho también –en igualdad de condiciones- quienes jamás han pisado el aula. Hubo un año, recuerdo, en que interinos y licenciados sin experiencia alguna (hablo de Enseñanzas Medias) eran exactamente iguales en las pruebas hasta que aprobaban, aunque el lugar en la lista definitiva variaba considerablemente cuando los interinos aportaban los documentos de su currículum, trienios sobre todo.

  Por tanto, con mi máximo respeto, pero con la experiencia acumulada, sigo pensando que todos los titulados deben enfrentarse en igualdad de condiciones, tengan años de servicio o no. Ya ante el tribunal –a pesar,  insisto, de las humanas incorrecciones- defenderán su preparación, habilidad y capacidad comunicativa.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=298927

http://www.teldeactualidad.com/articulo/opinion/2013/04/25/8551.html

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/21937-huelgas-en-la-ensenanza