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viernes, 29 de marzo de 2024 06:40h.

Se imponen las mayorías - por Nicolás Guerra Aguiar

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Se imponen las mayorías - por Nicolás Guerra Aguiar *

 

metro guagua LPGC

El interés general debe prevalecer frente al correspondiente de algún sector social privado. Así lo considera el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo número 1 de Las Palmas: desestima la denuncia contra las obras que el Ayuntamiento de Las Palmas realiza para la puesta en funcionamiento de la Metroguagua.

metro guagua ciudad jardínEn este caso se trata de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, entidad que reclamó al consistorio la paralización de las mismas (reajustes viarios, incremento de aceras, peatonalizaciones…). Pero son estimadas como bien de interés general por su señoría, pues la Metroguagua afectará positivamente a los ciudadanos: Guaguas Municipales transportó a treintaicinco millones de personas en 2017, de los cuales un elevado porcentaje fue atendido por líneas de la zona baja (1, 2, 12...). La eficacia del nuevo servicio aumentará considerablemente el número de usuarios.

guaguasEn su constitucional derecho a denunciar ante hipotéticos perjuicios para sí o la comunidad, la asociación citada pidió medidas cautelares contra el Ayuntamiento capitalino, propietario de Guaguas Municipales y empresa explotadora del innovador sistema de transporte. (Años atrás la sociedad había recibido los nombres de Asociación Patronal de Jardineras Guaguas -aunque el estatuto de 1935 habla de Patronal de Propietarios de Autobuses / Guaguas- y, posteriormente, Jardineras Guaguas según los rigurosos trabajos publicados por los señores Mauricio y Tristán en la revista Sansofé. Por tanto, no siempre fue empresa de propiedad pública.)

El fallo judicial conocido esta misma semana cierra -si no hay recurso ante instancias superiores, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias- el ciclo iniciado con denuncias ante el Ayuntamiento “hasta que haya un proyecto claro”. Denuncias, dice la asociación de vecinos, sin respuesta.

Sus fundamentos, sucintamente, se refieren a obras “costosas e innecesarias”, actuación ilegal y silencio administrativo, lo cual forzó a su presentación en los juzgados. A tales argumentos añadió los hipotéticos “daños económicos que está ocasionando a vecinos, empresarios minoristas y taxistas”. En otro escrito de alegaciones expone que el proyecto carece de la evaluación ambiental y, a la par, podría producirse la “alteración del entorno urbano”. Reclama, pues, un plan de trabajo readaptado tras concienzudos estudios. Por tanto –e insisto en el ejercicio de su derecho-, un minoritario sector de la población afectada por los ajustes denuncia la supuesta irregularidad de las obras.

La situación ha llevado también a otros sectores sociales a tomar partido. Así, por ejemplo, un miembro del comité de empresa de Guaguas Municipales defiende la implantación de la Metroguagua (La Provincia) pues no solo supondrá la mejora del servicio público: "Garantizará la propiedad pública de Guaguas durante los próximos 20 años". Desde la alcaldía y la concejalía de Movilidad las cosas están claras: es imprescindible “un modelo de movilidad sostenible”, servicio de transporte público que sustituya con muy alta calidad el uso de vehículos particulares. Tampoco se puede volver, defienden, al “transporte privado de los años ochenta”.

Obviamente no puedo entrar en las cuestiones técnicas o medioambientales: especialistas y rigurosos inspectores de la cosa pública habrán intervenido por la profunda remodelación que la obra significa. A fin de cuentas no se trata solo de la ampliación de una acera: ha trastocado el normal desarrollo de la circulación, sin duda alguna. Pero tal desajuste no es la excepción cuando algún cambio se acomete: sucede también, por ejemplo, en la calle Primero de Mayo, cerrada al tráfico y con perspectivas de continuidad durante unos meses más.

Lo cual no solo afecta al coche privado sino, y en proporciones agigantadas, a quienes utilizaban las guaguas (líneas 2, 25, 32, 33…) que por allí circulaban. Y como usuarios del transporte público debemos trasladarnos a las nuevas paradas… muy lejos de las iniciales. Pero es imprescindible por la remodelación del aparcamiento de San Bernardo.

Las reformas crean problemas, claro. Y los conductores se encochinan cuando se ven encerrados en mil atascos o bloqueos. Pero son imponderables por circunstancias conocidas: la mayor parte de las ciudades ha mimado al vehículo privado en detrimento del servicio público. Sucede aquí y en cualquier ciudad no acondicionada racionalmente.

metro granadaAsí, en septiembre de 2017 fue inaugurado el Metro de Granada, propiedad de la Junta de Andalucía. Su adaptación había comenzado justo diez años antes, aunque debía inaugurarse en 2010. Los comercios de una arteria comercial importante (el Camino de Ronda) se vieron muy afectados por la dilación en el tiempo debida, también, a enfrentamientos entre dos administraciones: la autonómica -gobernada por el PSOE- y la municipal, en manos del PP.

Tras ocho meses de funcionamiento se estima que el Metro (el 85% en superficie) transportará a doce millones de viajeros al año pues rapidez, frecuencia y diecisiete horas diarias de servicio evitarán la circulación de miles de coches particulares, muchos de ellos provenientes de dos pueblos casi absorbidos por la ciudad, Armilla (24 000 habitantes) y Albolote (19 000). Y eso se nota en una urbe medieval de calles estrechas, cortas y enrevesadas. (¿No suma el Cono Sur de Las Palmas muchísima más población?)

Fue, pues, una obra costosa. Como lo será la de nuestro municipio, razón tiene la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Pero no acierta -con todos mis respetos- cuando a su coste añade que es “innecesaria”: como muy frecuente usuario de la guagua me parece, guagua genteincluso, de urgencia. La comunicación entre el Teatro y la Plaza Manuel Becerra (líneas 1 y 2) resulta, las más de las veces, desesperante y agotadora: cuarenta o cuarenta y cinco minutos para seis kilómetros de distancia son el contundente ejemplo del caos reinante en nuestras calles, absolutamente inmovilizadas por el intenso tráfico a cualquier hora del día. Eso sí es desestabilización ambiental, contaminación y podredumbre. (Añadamos desasosiegos olfativos e hiperactividad de las glándulas sudoríparas cuando se producen hacinamientos.)

Sí, me parece absolutamente riguroso el dictamen judicial. Reconozco y acepto la parte de razón –ruidos, polvo, atascos…- que acompaña a la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Añado, además, ciertas entorpecedoras improvisaciones. Pero el beneficio futuro de la Metroguagua debe primar: es el interés general.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

NICOLÁS GUERRA AGUIAR RESEÑA

 

 

 

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