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jueves, 18 de abril de 2024 22:39h.

Inocente, pero queda la sospecha… - por Nicolás Guerra Aguiar

 

FRASE AGUIAR

Inocente, pero queda la sospecha… - por Nicolás Guerra Aguiar *

Tras investigaciones de los Mossos d’Esquadra, un joven de veintiséis años fue detenido en la madrugada del pasado domingo. Posteriormente pasó a disposición del juzgado.  Unas horas antes, el médico del ambulatorio de Torroella de Montgrí, Girona, certificó la muerte de una niña (diez meses) cuyo cuerpo había sido llevado por la madre. Como presentaba diversas heridas en los genitales y estas parecieron indicios de violencia sexual, el caso fue denunciado a la policía autonómica, sección División de Investigación Criminal.   

  Aproximadamente diez horas median entre el ingreso del cadáver en el ambulatorio y la detención del joven, sospechoso autor de la barbarie sexual sobre la criatura y su muerte. Le persigue ante todos la terrible sospecha no solo de un infanticidio sino –peor incluso, si fuera posible- la posibilidad de que antes la agrediera sexualmente. Así pues, hemos de imaginar cómo pudo haber sido su detención, el traslado a las dependencias policiales y la estancia en calabozos y sala de interrogatorio. A fin de cuentas, en una camilla del Instituto Anatómico Forense yace el cuerpo muerto de una niña aparentemente violada y asesinada. 

  La información dada por algunos periódicos digitales desde la del alba dominguera no difiere en lo más mínimo, a fin de cuentas una agencia distribuyó la información. Por tanto, acaso el periodista de la agencia se basó en alguna nota oficial, semioficial o en pesquisas directas a través de sus contactos en organismos oficiales toda vez que es bastante precisa. Así, se trata de un joven de 26 años, ecuatoriano, vecino de Torroella y empleado de un supermercado.

  Del detenido no se dan a conocer ni el nombre ni los apellidos. Ni tan siquiera las iniciales, bien es cierto; pero los montgrinos o torroelleses no necesitan las células grises de Hércules Poirot para ponerle rostro en un pueblo donde todos se conocen, pues el censo oficial de población es de 11 500 habitantes. Sin embargo, poco después también fue del dominio público que compartía piso con la madre de la víctima (21 años, suramericana), una segunda hija y la dueña de la vivienda.

  Pero a las cuarenta y ochos horas el caso da un giro inesperado: el joven ecuatoriano es puesto en libertad.  Las “diversas heridas en los genitales” de la niña quizás fueron producidas por una extraña infección ajena, absolutamente, a cualquier agresión sexual. Y la sangre en el cadáver acaso es consecuencia de los intentos de reanimación practicados durante una hora en el mismo ambulatorio. Por tanto, si los análisis pendientes no dicen nada nuevo, se concluirá que las heridas y la muerte se debieron a causas naturales.

  Hasta aquí, estimado lector, la lineal relación de los hechos según, claro, los periódicos que abrieron portada el domingo y lunes pasados con ambas noticias: la niña llega muerta al ambulatorio y, después, la detención y posterior puesta en libertad del supuesto, hipotético, presunto e incluso conjeturado autor de los hechos. Es decir, el mismo joven que no vio la amanecida del domingo y permaneció en los infiernos durante cuarenta y ocho horas mientras en su conciencia de ser humano impactaban las palabras acusadoras: violador y asesino.

  Que la policía investigara en los círculos próximos al ambiente familiar es lo obvio; que tras un riguroso interrogatorio acaso el nerviosismo del joven levantara sospechas puede admitirse como posible; e incluso entiendo el traslado a comisaría si a lo largo de las pesquisas entra en manifiestas contradicciones o hay absoluta convicción profesional de su responsabilidad. Pues los años de servicio, la experiencia y el sexto sentido inherente a la condición policial permiten mantener una idea aunque, por el momento, no se pueda materializar. Intuición policial esta, claro, válida como punto de partida a la búsqueda de lo fundamental e imprescindible: las pruebas irrefutables de su autoría. Pero mientras, se trata solo de un sospechoso. Y un sospechoso tiene derechos inviolables constitucionalmente reconocidos como, por ejemplo, la garantía del “derecho al honor […] y a la propia imagen” (artículo 18.1.). Y el 24 (2.) garantiza el derecho a la presunción de inocencia.

  Por tanto, la cuestión debe plantearse con exquisita obediencia a las normas de la Constitución: ¿respetaron los organismos oficiales los derechos arriba expuestos, en este caso relacionados con el joven ecuatoriano? ¿Atentaron en algún momento contra la propia imagen del detenido? La precisión de los datos sobre su persona (veintiséis años, ecuatoriano, vecino de Torroella de Montgrí, trabajador de un supermercado…), ¿se debe a la imaginación del periodista o acaso este la consiguió en algún organismo relacionado con pesquisas, indagaciones o tramitaciones? Es de cajón que los 11 500 habitantes del municipio supieron inmediatamente de quién se trataba, dónde vive, quiénes son sus vecinos e, incluso, en qué cafetería se toma el cortado de media mañana.

  Así, ante una acusación tan grave por la dureza de los hechos y la miseria y podredumbre moral de su hipotético autor (teóricamente sospechoso, pero ya condenado por la masa), el derecho a la presunción de inocencia fue dinamitado desde la publicación de los datos personales. Su imagen no solo fue pisoteada y vilipendiada: corre el riesgo físico, una vez en libertad, de acciones violentas realizadas por enardecidas e irracionales mentes. Y como mal menor, la pérdida de su empleo.

  Este joven no podrá vivir en Torroella pues, además, el Ayuntamiento en pleno quiso ser acusación particular. Cuando día a día tropiece con miradas de paisanos cruzará por su mente la convicción de que algunos acaso mantienen recelos, sospechas, y no están convencidos de su inocencia. Incluso por la mente de otros cruzará la idea de un crimen perfecto.

  Por tanto la persona, el colectivo o el organismo que informó a la agencia -no de los hechos, sino de datos personales identificadores- actuó con grandísima imprudencia. Al igual que la propia agencia. El derecho a la información nunca puede prevalecer sobre el derecho a la presunción de inocencia y a la propia imagen.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

NICOLÁS GUERRA AGUIAR RESEÑA