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15:58h. lunes, 12 de abril de 2021

La ley de vivienda es uno de los platos fuertes legislativos previstos para la primera mitad de 2021

Ley de Vivienda un avance más para las personas más vulnerables - por Ángel Rivera, EL SOLIDARIO

 

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Ley de Vivienda un avance más para las personas más vulnerables - por Ángel Rivera, EL SOLIDARIO

Aunque los medios de comunicación tradicionales están destacando las diferencias entre los socios del Gobierno, lo verdaderamente noticiable es el avance que para las personas que más necesidades tienen va a suponer la nueva Ley de Vivienda, tenga el texto que tenga.

Si bien es cierto que los ministros de Unidos Podemos representan las posturas más avanzadas para defender a las personas que requieren de un derecho constitucional como lo es el de la vivienda.

La ley de vivienda es uno de los platos fuertes legislativos previstos para la primera mitad de 2021. La materia es clave tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Así consta en el acuerdo del Gobierno de coalición firmado a finales de 2019, donde se recoge que será uno de los puntales en la estrategia para «reducir la desigualdad y mejorar la cohesión social en todo el territorio nacional». 

Esta semana  se reunirán los equipos de  la Vicepresidencia Segunda que dirige Pablo Iglesias y  el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de José Luis Ábalos. Ambos departamentos son coproponentes de la ley, tal y como se acordó en octubre pasado. La idea es que Iglesias y Ábalos la presenten juntos.

Ahora mismo son cuatro las materias que separan a las dos partes: las aportaciones de los grandes propietarios a la vivienda social; la prohibición permanente de los desahucios a personas vulnerables; la salida de vivienda vacía al mercado del alquiler; y la regulación de este mismo mercado, con la posibilidad de que los ayuntamientos limiten los precios.

Desde Unidas Podemos  explican las diferencias que, a día de hoy, hacen imposible el acuerdo. Quiere este partido que la ley «corresponsabilice al sector privado», algo que recoge el acuerdo de coalición, pero que el PSOE no quiere aceptar. El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias habla de «estudiar obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda» a la hora de ofrecer alternativas habitacionales a personas desahuciadas, así como establecer un «marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables».

Se pretende que los grandes propietarios de inmuebles en España destinen el 30% de sus viviendas al alquiler social lo que, según sus cálculos, permitiría «aumentar en muy pocos meses el parque público en unos 140.000 o 150.000 inmuebles». 

Blackstone, que en 2019 controlaba más de 30.000 viviendas en España, asegura que el alquiler social es «responsabilidad 100% de la Administración pública” y rechazan esta propuesta que está planteando Unidas Podemos.

Sin embargo, en la Constitución se señala claramente que toda la riqueza del país está subordinada al interés general (Art.128) y que los poderes públicos deben hacer efectivo el derecho a la vivienda protegiendo el interés general y evitando la especulación (Art.47)».

* En La casa de mi tía por cortesía de EL SOLIDARIO

ÁNGEL RIVERA RESEÑA

EL SOLIDARIO MANCHETA 9