La libertad de prensa y la censura encubierta - por Nicolás Guerra Aguiar
La libertad de prensa y la censura encubierta - por Nicolás Guerra Aguiar
Cuando las Cortes franquistas aprueban la Ley de Prensa e Imprenta (“Ley Fraga”, marzo de 1966) sobre el derecho a la información, la Dictadura levitó en su propia misión divina: “El Gobierno ha cumplido escrupulosamente su papel de fiel intérprete del sentir y del pensar del país”, pregonó. Muchas empresas reaccionaron inmediatamente y mostraron su satisfacción: tal como explicita el Capítulo I (“De la libertad de prensa e imprenta”), artículo primero, se reconocía “la libertad de expresión por medios impresos”.
Pero algunos profesionales, extasiados, no leyeron el artículo segundo (“Extensión del derecho”), martillo de herejes. Se refiere a las limitaciones que imponen las esencias patrias (principios del Movimiento Nacional, Leyes Fundamentales, seguridad del Estado, mantenimiento del orden público, debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa…), menudencias imprescindibles para la salvaguarda de España, vigía de Occidente y espada victoriosa contra el comunismo.
Ese mismo año 1966, a partir de abril, la Ley que reconoce la libertad de prensa secuestra seis revistas, dos libros (uno, sobre la figura de Mao Tse Tung); abre expediente a tres directores de periódicos; procesa a un cuarto; expulsa a Ruiz Jiménez -exministro- como director de Cuadernos para el diálogo y lleva a consejo de guerra al redactor-jefe y director en funciones de Diario de Las Palmas (Juan Hernández Rodríguez) y al menor de edad Salvador Sagaseta de Ilurdoz Parada, quien había reproducido en su página “luz verde a la juventud” el poema “Consejo de paz” de Pedro Lezcano. (¿Qué esperaban del señor Fraga? La represión en los ocho meses de 1966 fue infinitamente superior a la llevada a cabo durante el trienio precedente, forzado silencio de cementerio.)
Adelantemos cincuenta y cuatro años. Hoy, democratizados, periódicos y noticieros vienen insistiendo sobre hipotéticas restricciones en torno al derecho a la información. Tal es así que desde 2015 Reporteros sin Fronteras emite su Informe Anual en forma digital para llegar, precisamente, a la mayor cantidad posible de lectores. El último (2019) recuerda que los periodistas son asesinados (941 en diez años), amenazados, reprimidos, apaleados y encarcelados incluso en países europeos. (Amnistía Internacional insiste en lo mismo.)
Pero una forma más sofisticada y cada vez más presente entre los países occidentales es la llamada censura encubierta, ardid al que recurren algunos partidos para impedir la apertura de investigaciones políticas... precisamente en el corazón del sistema democrático, es decir, las instituciones cuya razón de ser estriba en controlar la acción de los Gobiernos... aunque, a veces, al servicio de intereses partidistas y, otras, al borde de principios ideológicos o integridades morales.
Si el Diccionario de la Academia (ediciones de 1970 y 1992) necesita dos columnas para agrupar las palabras relacionadas con supresiones o dictámenes ‘que se hacen o dan acerca de una obra o escrito’, alguna causa habrá llevado a los propietarios de la lengua española -los hablantes- al uso de un amplio campo semántico. Así, aparece registrada la forma verbal censurar (‘ejercer su función el censor imponiendo supresiones o cambios’) en prolífica compaña: censor, censora, censorino, censorina, censorio, censura, censurable, censurador, censuradora, censurista.
¿Razones? La fundamental, me parece, es que tal listado oferta el necesario abanico (“Todo lo que es tiene su razón de ser”, afirma un principio evidente) porque responde a las necesidades para la más completa comunicación. La precisión lingüística es, pues, garantía. Así son de sabias lenguas como la nuestra, descendiente de la latina y, por tanto, casi perfecta en su estructura.
Y si encubrir es ‘Impedir que llegue a saberse algo’, la combinación “censura encubierta” responde con fidelidad a la acción de quienes abortan -o pretenden frustrar- la sed de noticias de los ciudadanos. O, en este caso, de una comunidad de cuarenta y seis millones de pobladores, perplejos muchos de ellos ante la imposibilidad de conocer los intríngulis de ciertos partidos políticos capaces de pactar con quien sea con tal de impedir sanas y constitucionales investigaciones.
Por tanto, ¿puede entenderse como censura encubierta en España, estimado lector, la imposibilidad de crear analíticas comisiones -con luz y taquígrafos- en el mismísimo Congreso de los Diputados por las negativas de algunos partidos... interesados en el encubrimiento de sospechas, presunciones?
¿Atenta contra el derecho ciudadano a la información el pacto PSOE – Podemos para tumbar la propuesta del PP (que se inquiera al segundo sobre hipotéticas irregularidades, financiación ilegal)? El señor Iglesias defendió la inocencia de Podemos -no la pongo en duda- días atrás en un programa de televisión: “Podemos está a disposición de las autoridades judiciales para facilitarles la documentación que consideren”, afirmó. Entonces, ¿por qué no ante sus señorías de otros partidos, representantes legales de sectores ciudadanos?
Y el entendimiento PSOE – PP – VOX, radicalmente opuesto a “que el Congreso investigue a González y a los GAL” (cope.es, 23 junio 2020), ¿no les impide a los españoles el acceso a la información veraz, tan imprescindible en un Estado de derecho, sobre asesinatos supuestamente instigados desde altas instancias del Gobierno presidido por aquel?
España, según Reporteros sin Fronteras, ocupa el puesto veintinueve de países civilizados en los cuales se respeta la libertad de prensa. Y naciones como Rusia, China, Turquía, Egipto… se encuentran a años luz de la nuestra en el respeto estatal – gubernamental a ese derecho consustancial a cualquier país elementalmente respetuoso con los derechos humanos.
Por tanto, y a la vez, veintiocho estados superan a España, veintiocho. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda encabezan la clasificación de la libertad de prensa en el mundo, lo cual no sorprende: son países civilizados, de tradición y exquisito respeto. Pero es que, además, en Europa (sin contar a estos cinco países) otros doce (en total, diecisiete) se colocan por delante de España: Suiza, Bélgica, Islandia, Austria, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Eslovaquia, Portugal, la República Checa y Letonia.
Si Europa cuenta con cincuenta estados, España hace el número dieciocho: adelanta a Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Armenia, Reino Unido, Ucrania, Francia… Y a países africanos y asiáticos, claro.
* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar
