Los mitos de la Transición española a la democracia - por Agustín Millares Cantero, historiador *

Los estudios sobre las transiciones llevan ya varios lustros convertidos en una moda académica, y fueron precisamente las reflexiones relativas al caso español (ante todo durante el paréntesis 1975-1982), las que propiciaron en especial la eclosión de ese boom bibliográfico. La proliferación de monografías diversas entre politólogos y científicos sociales en general alcanza hoy tales cotas, que irónicamente alguien ha dicho que podría hablarse de especialistas en “transitología” o “transitólogos”. Desde una perspectiva genérica, la transición supone una variedad de cambio político muy diferente de la revolución, entrañando el curso desde un sistema autoritario a otro representativo por vías generalmente no violentas.

El modelo de la española, como nos recuerda el profesor Linz, carecía de antecedentes en su contexto histórico. Una reforma pactada que devino en ruptura por transacción desde arriba, sin un golpe castrense como en Portugal o sin derrota militar contigua como en Grecia, era por entonces algo enteramente novedoso. Desde el momento en que la aceptación de las reglas del juego democrático no alteró la estructura económica de la sociedad, y por lo tanto aseguró la reproducción del capital y reforzó el alineamiento en la política de bloques, la receta de España pudo ser extrapolable a otras latitudes de Occidente e inspirar incluso las disímiles transformaciones a que condujo la caída del “socialismo real”.

El catálogo de expresiones laudatorias destinado a la restauración de la democracia en España después de Franco es amplísimo. Fusi, por ejemplo, define a nuestra transición como “una operación modélica, un gran éxito histórico” o “un logro político extraordinario”. Entre los múltiples factores que contribuyeron decisivamente a ella, suelen consignarse en primera instancia las innovaciones sociales y económicas que desde finales de los sesenta forjaron las condiciones para un eventual “despegue democrático”.

Existía, en segundo lugar, una conciencia bastante amplia de que la evolución hacia formas democráticas resultaba inevitable, mayormente cuando la dictadura franquista se volvió un inaceptable anacronismo europeo tras el derrumbe de las homónimas griega y portuguesa en 1974. El desplazamiento hacia el “centro ideológico” de la mayor parte de la población, alterando la extrema polarización clasista e ideológica de cuarenta años atrás, venía siendo sistemáticamente resaltado por sucesivas encuestas a partir de 1976, mientras descendía de forma notoria el apoyo expreso al franquismo; al despuntar los setenta, menos de un 15 por 100 de los encuestados continuaba suscribiendo que “el mejor régimen deseable” era el suyo. La entronización de una nueva cultura política resultaba evidente.

Según esta visión convencional, el tercer ingrediente de la transición española radicó en la Corona, revestida con los atributos de “motor del cambio” al metamorfosearse desde una legitimidad de orden tradicional (en la legalidad franquista) e incorporar funciones moderadoras y arbitrales. Ocupando el centro del poder a la muerte de Franco, la voluntad regia constituirá “el eje de la transición” y el aglutinante de la dinámica política, con el concurso de un personal estratégicamente situado que redujo la herencia del franquismo a una pura fachada.

La institucionalización de la Monarquía bajo la forma de un régimen de integración nacional y refrendada democráticamente, permitió que el rey asumiera un rol esencial en la neutralización del Ejército. Al no producirse siquiera una depuración de los aparatos del Estado y persistir las instituciones básicas del autoritarismo (fuerzas armadas y de seguridad), las atribuciones constitucionales del monarca hicieron posible al fin la retirada paulatina de la omnipresencia de los militares y su admisión de la supremacía civil, particularmente desde 1981 en adelante.

El rey, asimismo, intervino decididamente a la hora de normalizar y prestigiar el cartel internacional de España, con mayor énfasis de cara a Europa Occidental y Latinoamérica. Flanqueando su figura aparecen en los primeros instantes del posfranquismo las imágenes de Adolfo Suárez y Torcuato Fernández Miranda, hasta componer la trinidad de los arquitectos del cambio mediante su inteligente estrategia de la ley a la ley. La legitimación del nuevo sistema arrancó al aprobar los procuradores en Cortes la Reforma Política (un harakiri minuciosamente preparado) y ser ratificada por referéndum en diciembre de 1976.     

El cuarto y último asiento en este ranking corresponde al pragmatismo de la oposición democrática. Las formulaciones maximalistas y doctrinarias se aparcaron en aras del compromiso y la negociación, frutos del convencimiento de su incapacidad para imponer la “ruptura” que aireaba. Nada respondió, pues, a los cálculos nominalmente previstos por los opositores durante cuarenta años (gobierno provisional, Cortes constituyentes y plebiscito sobre Monarquía o República), teniendo que partirse de la instauración monárquica según las previsiones sucesorias de Franco. Estuvieron así expeditos los conductos para toda suerte de consensos, otro de los requisitos fundamentales que se indican para los países en transición.

La reconciliación respecto del pasado, impidiendo ajustes de cuenta, no sólo trajo consigo la absoluta impunidad de los gobernantes anteriores; impuso también la regla de un silencio casi general a propósito de las responsabilidades inherentes a la dictadura y de sus complicidades con ella, acallando o desfigurando de paso las referencias al antifranquismo.   

Las tópicas visiones sobre la transición en España abundan en escamoteos y embelecos, hasta configurarse una especie de historia oficial desde “la academia” o los resortes mediáticos. Predominan las interpretaciones donde sólo se exalta la labor de sus artífices cumbreros, en una especie de reedición ampliada de la historiografía positivista más añeja. Los “grandes héroes” acaparan la escena y el pueblo es si acaso un espectador mudo, cuya supuesta pasividad se reviste con los aditamentos encomiables de la madurez. La intervención popular, expresada a través de amplias vanguardias que en ocasiones puntuales animaron un movimiento de masas singular, tiene apenas unas pocas frases en el guión y a menudo está circunscrita al ejercicio del simple decorado.

A su vez, las determinaciones oriundas del entramado internacional en el que España está inmersa, no son mentadas siquiera u ofrecen un rango muy inferior al que objetivamente tuvieron. Resulta imposible aprehender todos los vericuetos de la transición limitándose a considerar los agentes endógenos, como si las planificaciones estratégicas elaboradas por la Coalición de la Guerra Fría (1945-1992) jamás nos hubiesen alcanzado. Sin recurrir a Washington o a Bonn no cabe, desde luego, una comprensión cabal de lo sucedido entre nosotros.

Agustín Millares Cantero

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Agustín Millares Cantero