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07:05h. Sábado, 16 de Diciembre de 2017

El negocio de las cárceles privadas - por Nicolás Guerra Aguiar

 

FRASE AGUIAR

El negocio de las cárceles privadas - por Nicolás Guerra Aguiar *

NEGRO REJAS AGUIAR

Como en la antigua Atenas, la calle Triana de Las Palmas se ha convertido en espacio público para charlas y serenas discusiones entre variados grupos de personas, fundamentalmente jubilados. A veces la conversación se acalora y alguien manifiesta discutibles posicionamientos. Tal sucedió días atrás, cuando varios tertulianos hablaban sobre la reclusión de los exconsejeros catalanes “en cárceles que parecen hoteles”. Uno de ellos criticó la improductividad de todos los encarcelados y el altísimo coste que significan: “Esto se soluciona privatizando las prisiones y salen mucho más baratas”.

   Su comentario me impactó, pues ya se oye con preocupante frecuencia. Es más: también he leído en algún periódico opiniones de fugaces colaboradores a favor de su privatización. Así, por ejemplo, esta: “Yo creo que si se privatiza el servicio, nos costaría menos dinero, y creo que todo marcharía mejor. Y como en muchos sitios, menos personal y trabajen los reclusos en vez de estar dándose la buena vida”.

   Si con perspectiva temporal echamos un vistazo a nuestro alrededor, tal vez no nos sorprenderíamos: la política económica de los Gobiernos españoles pretende, por tradición, ceder las empresas estatales productivas al control privado. Al Estado le corresponde cargar con las deficitarias: es el lado social y solidario de la política española, tan fiel a la Comunidad Europea y al liberalismo más ortodoxo dominante en sus instituciones. Por tanto, la liberalización (o a medias) de las cárceles quizás se considerará normal con la experiencia acumulada desde la privatización de Iberia, cajas de ahorro, un elevado porcentaje de AENA… hasta las concertaciones actuales en sanidad, enseñanza y otros servicios.

   Mientras el señor ministro del Interior pregonaba las excelencias de la prisión de Estremera -en ella ingresarían los señores Puigdemont y exconsejeros si Bélgica concede la extradición-, 460 inmigrantes fueron llevados a la aún no inaugurada de Archidona (Málaga). Construcción tan moderna, por cierto, que incluso ha revolucionado lingüísticamente: la Administración la llama Centro de Archidona, como si fuera de acogida. Pero en el BOE figura como Centro Penitenciario de Archidona. Y las celdas se metamorfosean en “habitaciones”, engañosa transformación.

   Si la prisión de Estremera tiene polideportivo, piscina, biblioteca, aulas, salas audiovisuales, salón de actos e, incluso, la posibilidad de “aposento” individual (¿a quiénes esperan?), el penal de Archidona (en este municipio se desarrolla La insólita y gloriosa hazaña del cipote de Archidona, novela corta de Cela) no contaba con agua corriente potable cuando se realizaron los ingresos, según denuncia del sindicato mayoritario entre funcionarios de prisiones.

   ¿Podría, por tanto, privatizarse la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior? Lo veo posible (a fin de cuentas hay muchas sentencias pendientes), pero no será mañana. Nada me extrañaría que el Gobierno, al golpito, comenzara por concertaciones como en sanidad y enseñanza. El Estado ya invirtió millones en edificios; abonaría, pues, una cantidad estipulada por preso y cubriría, eso sí, las atenciones espirituales y psicológicas (licenciados en prácticas). Las empresas privadas se encargarían del personal (armado). Y para que el empresario ahorre costes la administración básica, cocina e intendencia general (limpieza y abrillantamiento de las rejas) las harían los reclusos: a fin de cuentas no se puede fomentar la holgazanería, principio de todos los males (“La sangre se hereda y el vicio se apega”, dice la sabiduría popular).

   El Estado y la firma privada ahorrarían y ganarían, respectivamente, mucho dinero: el sueldo de funcionario es superior a la media de quienes trabajan para empresas. Además, no se le puede echar sin procedimiento administrativo, pero una elemental indemnización permite prescindir de un contratado; el funcionario cumple su horario (el de la privada es mucho más flexible); el funcionario gana la plaza por oposición y el empleado depende de quien paga…

   Además, el Gobierno de turno se libraría de un impertinente apartado constitucional, el 25.2. (la Constitución no es solo el artículo 155): “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social […]”. Consecuencia directa, por tanto: ni psicólogos, ni maestros, ni orientadores sociales.

   Si nos basamos en la experiencia de EE. UU., por ejemplo, la cosa está clara: las empresas privadas ganan más cuantos más presos haya. Por tanto, el endurecimiento de las leyes, los sobornos a sus señorías (el juez envía a la cárcel incluso a jóvenes que se pelearon en un micro escolar, ¡tamaño delito!) y la inhumana rigidez contra inmigrantes sin papeles les han permitido a dos compañías el control de 131 cárceles y 150 000 presos: sus ganancias rondan los tres mil trescientos millones de dólares. A cambio las mismas empresas colaboran en campañas políticas, ya sean de republicanos o demócratas, pues para que el negocio rente es preciso un noventa por ciento de ocupación. Y lo consiguen, claro… con tan poderosos colaboradores.

   Según la organización Human Rights Watch, los inmigrantes (latinos y africanos) sufren “serios costos en términos de salud y dignidad humana”. Duermen en pasillos o minúsculas celdas compartidas; carecen de elementales atenciones médicas; sufren la represión de los vigilantes seleccionados entre xenófobos contrarios a los derechos humanos…  

   Hablo de EE. UU, no de Madagascar, donde Pana Zorope se pudre en miserable cárcel por robar una gallina. Y Abiba Agostinho, encubridora de un robo... Todos se acuestan en el suelo, de lado. Cada dos horas dan un giro de 180º para desentumecer los músculos. Por el forzado contacto físico y presencia de ratas se contagian enfermedades ya desconocidas en Europa. (Para los corrompidos guardianes, cuya obligación es velar por la seguridad de los detenidos, todos son “escoria”.)

   Pero tampoco se trata del centro de reclusión de Bastøy, isla noruega. Lo llaman “prisión ecológica”: los presos cultivan la huerta, viven en pequeñas casas, pescan, corren e, incluso, esquían. Cinco guardias pernoctan en la isla habitada por 115 reclusos. Ochenta y cinco de cada cien se reintegran definitivamente en la sociedad una vez cumplen su condena. (Por cierto: Noruega no es país de la Unión Europea.)

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar

NICOLÁS GUERRA AGUIAR RESEÑA

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