No, no, no: no son maneras - por Nicolás Guerra Aguiar

   El presidente del PP en Canarias, señor Soria López, acaba de denunciar que sedes de su partido en Lanzarote y Fuerteventura llegaron a las del alba del domingo pasado –el mismo día de manifestaciones contrarias a las prospecciones- con cristales de ventanas rotos y “pintadas amenazantes”. Y aunque no he podido acceder a un reportaje fotográfico amplio, sirva como muestra la imagen que ilustra este artículo de opinión.

   Por otra parte, como en algún medio se informa de “agresiones a las sedes del PP”, permítaseme una matización lingüística: de la misma manera que en español una persona puede ser atropellada o arrollada por un vehículo casualmente, la agresión se circunscribe a acciones contra personas con el fin de matarlas, herirlas o hacerles daño. Más: también un coche puede agredir (figuradamente). Pero aunque el medio de transporte  es el sujeto de la acción, sin embargo tiene a una persona en el control de sus mandos. Por tanto, estimado lector, discúlpeme la digresión que rompe la continuidad del discurso iniciado en el primer párrafo, rodeo que obedece a la impronta profesional del aula.

   De ahí pues, sin más preámbulos, debo mostrar mi absoluto rechazo a tales procederes. Soy absolutamente consciente de que entre sectores de la sociedad canaria y el ministerio de Industria, Energías y Turismo hay planteados opuestos y a veces radicales puntos de vista en torno a las prospecciones a 65 kilómetros de Fuerteventura y Lanzarote por la autorizada compañía Repsol (RePPsol en carteles de estos días, doble P tal como desde hace años me vengo refiriendo sin malévola intención a una musa inspiradora o a los PPopulares, de la misma manera que escribo psocialistas cuando reseño a dirigentes del PSOE actual o coÁTIcos si son cargos de Coalición Canaria). Y como se trata de una situación delicada en cuanto que otras partes de la sociedad canaria –créame, estimado lector, hablo con la gente- son partidarias de los tales sondeos o perforaciones (sospechan que positivos resultados beneficiarían económicamente a Canarias), la rigurosa esencia democrática exige el máximo respeto para ambas proposiciones, por más que obviamente una gran parte de los canarios tengamos muy claro nuestro posicionamiento, diáfano.

   Sin embargo, la convivencia en un sistema de traza democrática obliga a eso, precisamente, al máximo respeto a las ideas. Incluso ante planteamientos antagónicos siempre que sean a través de palabras nobles y elementales, por más que en momentos algunos sectores se dejen llevar por arrebatos y obstinaciones. Pero cuando una de las dos partes de cualquier litigio –no exclusivamente el de “prospecciones sí o no”- emplea la violencia para defender planes, ideas o esbozos, inmediatamente deja de estar cerca de la razón o de ser la razón misma porque intenta imponerse con actos rechazables entre gente civilizada.

   Y cuando digo “imponerse” me refiero tanto a quienes desde el ministerio del Interior envían a la policía fuertemente pertrechada -con supuestos agentes provocadores a veces- como a quienes revientan pacíficas manifestaciones de ciudadanos. Porque estos reclaman igualdad y respeto a las elementalidades democráticas, justicia social, derechos humanos, y exigen drásticas acciones contra delincuentes que roban, estafan y delinquen con prevaricaciones, cohechos, tráfico de influencias, falsedad documental, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, presuntas financiaciones irregulares, sobresueldos, inmorales tarjeras negras, falsedad documental… Las imágenes de actuaciones policiales contra todo y contra todos (incluso contra quienes tenían en sus manos solo el color blanco de la paz) no reflejan, precisamente, la creencia de altos cargos políticos en la civilizada actuación de gentes nobles y sencillas, enemigas acérrimas de violencias, agresiones, ferocidades y ensañamientos. Muy al contrario, hacen suponer a veces –digo “suponer”- aquello de “la calle es mía”, sentido de la propiedad que definió épocas dictatoriales y represivas.

   Pero, de la misma manera, ciudadanos en solitario o quizás agrupados en banderías irracionales dejan de tener –si alguna vez fueron suyas- razones, fundamentos y entendimientos en cuanto que arremeten con violencias contra instituciones que representan voluntades ciudadanas las cuales, en este caso, le dieron al Partido Popular la mayoría absoluta para que gobernara durante cuatro años. Mayoría absoluta que no contó con mi voto, pero que debe ser respetada en cuanto que fue decisión libre y voluntaria de aquellos millones de votantes, los cuales confiaron en el PP. Y si nos limitamos a Canarias, sobre 906.000 votos válidos les concedieron 190.000 a los psocialistas, 224.000 a CoATIción Canaria y 290.000 a los peperos, palabra esta que es una de las 9.000 entradas novísimas de la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE), más conocido por DRAE.

   Son fuertes, contundentes y muy graves las acusaciones del señor Soria cuando señala a "personas del Gobierno de Canarias" como supuestos incitadoras de tales actos. Más: de que “haya escuchado durante los últimos tiempos a personas del Gobierno de Canarias amenazar con este tipo de actos". Porque, de ser así (y el señor Soria es un hombre inteligente), no solo nos encontraríamos (no escribo “encontramos”. Uso el antiguo potencial o condicional) con la injustificada violencia de unas personas no solo incapaces de refrenar con la razón ímpetus emocionales sino que, y es lo más preocupante, desde las instituciones se incitaría al atropello. Por tanto, ha sido muy oportuna la intervención pública del señor Barragán (secretario general de CoATIción Canaria) con su condena a las acciones denunciadas. Pero, a la vez, resultó incompleta o imprecisa en cuanto que no sabemos si fue una declaración institucional o privada. El Gobierno canario está en la obligación de intervenir.

   No, no, no: no son roturas de cristales y pintadas en sedes de partidos los elementos para combatir ideas. Para eso están las palabras y los votos, insisto, únicas armas que la democracia pone en manos de la ciudadanía. Porque tampoco porras, gases y escudos son racionalizaciones. Pero ninguna de las dos variantes fortalece la esencia democrática. Muy al contrario, la desguarnece.